Manuel García-Mansilla, en su defensa en el Senado de su candidatura a la Corte Suprema. (Foto: X @SenadoArgentina)
Su decisión se precipitó tras el rechazo del Senado a su pliego y la resistencia del resto de los magistrados del máximo tribunal a avalar su permanencia. Había sido nombrado por decreto por el presidente Javier Milei.
Tras el rechazo del Senado y las presiones para que deje el cargo, Manuel García-Mansilla renunció este lunes como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una carta dirigida al presidente Javier Milei.
Tras 39 días en el cargo, el juez nombrado por decreto por el Presidente había asumido el 27 de febrero pasado en un acto en el Palacio de Tribunales y, a pesar que el Gobierno intentó sostenerlo en el puesto hasta que termine el año legislativo, García-Mansilla le presentó al Ejecutivo su renuncia.
Su pliego se trató en el Senado y cosechó 51 votos en contra y 20 a favor. Tras conocerse el resultado de la votación, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó un fallo donde le prohibió, por el término de tres meses, intervenir en las causas que ya están en trámite en el máximo tribunal o tomar cualquier decisión administrativa.
Para Ramos Padilla, con la decisión del Senado, se encuentra cuestionada la legitimidad de García-Mansilla y cualquier acto al que suscriba “podrían ser considerados ilegítimos, nulos o incluso inexistentes, dañando la seguridad jurídica. En definitiva, el dictado de sentencias que luego podrían ser declaradas inválidas podría resquebrajar el sistema judicial”.
García-Mansilla decidió no apelar el fallo de Ramos Padilla pero si lo hizo el gobierno, como parte demandada, al presentar un salto de instancia para que la decisión del juez sea revisada directamente por la Corte Suprema.
Desde el viernes crecieron las presiones para que el académico presente la renuncia y evite un conflicto institucional. Así lo expresó en un comunicado el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Para el organismo que preside Ricardo Gil Lavedra, la decisión del Senado de rechazar los pliegos “ha concluido el debate sobre estas nominaciones y debe ser acatada”.
También un importante sector académico se pronunció. Profesores, docentes y abogados de todo el país solicitaron “el cese inmediato” de García-Mansilla como juez de la Corte. “Su propuesta de designación fue rechazada por el Senado de la Nación con 51 votos, que representan las dos terceras partes del cuerpo. En ese marco, resulta insostenible su continuidad en el máximo tribunal, en directa violación del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional”, destacaron los juristas.
A pesar de la última maniobra del gobierno para mantener al juez en el cargo, fuentes del oficialismo habían adelantado a TN que existía la posibilidad de que el catedrático deje su puesto: “No creemos que siga”.
De esta manera, la Corte seguirá funcionando con Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes deberán solicitar la participación de conjueces si no logran reunir la mayoría en los distintos fallos que tienen en su poder.
Las frases más destacadas de la renuncia de Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema
“Acepté ese nombramiento con la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente. Se habían generado dos vacantes en la Corte Suprema, que quedó reducida a solo tres miembros desde el 29 de diciembre de 2024. Sin embargo, una de las vacantes existentes a esa fecha tenía ya más de tres años”.
“Existen quienes creen de manera errónea que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces. Esto es, lisa y llanamente, un espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal”.
“La integración de la Corte Suprema no admite más demoras. Es de carácter urgente. Al momento de aceptar el nombramiento en comisión, consideré que debía asumir la responsabilidad de colaborar con la inmediata solución a ese grave problema”.
“No puede perderse de vista que si alguno de los tres integrantes actuales tuviera algún impedimento, fuera temporario o permanente, la Corte Suprema se vería imposibilitada de funcionar. Es irrazonable, e innecesario, correr ese riesgo”.
“Podría haber adoptado una posición cómoda y no asumir la responsabilidad que la situación demandaba. Habría sido, sin dudas, el camino más fácil. Sin embargo, entendí que lo correcto era eso, pese a las críticas injustas e interesadas que recibí de aquellos que eligen cuestionar en lugar de involucrarse”.
“Valoré también que, en mi caso, el nombramiento en comisión era constitucional ya que se ajustaba estrictamente a cada una de las condiciones de validez que exige el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional para que Usted (en relación al Presidente) pudiera ejercer esa atribución”.
“En la audiencia pública del 28 de agosto de 2024 en la Comisión de Acuerdos del Senado (…) respondí que, en la hipotética situación de haber sido uno de los jueces nombrados en comisión en 2015, no habría aceptado ese nombramiento en comisión. Aclaré inmediatamente después que la valoración que hacía era a partir de una mirada retrospectiva, esto es, a partir de información posterior que me había permitido reflexionar sobre el impacto de un hecho concreto en el pasado”.
“Cualquier persona intelectualmente honesta sabe que, por un sinfín de razones, la realidad de 2015 no es la misma que la de hoy en 2025. A pesar de ello, en las últimas semanas hubo quienes me acusaron directamente de haber pretendido engañar a los senadores presentes ese día. Es más, esa fue la inverosímil excusa que utilizaron algunos senadores para pretender fundar su rechazo a mi pliego por una supuesta falta de idoneidad moral”.
“Mediante un recorte intencionalmente tergiversado de lo que contesté en ese momento, intentaron adjudicarme el haber dicho que jamás aceptaría un nombramiento en comisión en la Corte Suprema, sin importar el contexto de ese nombramiento. Eso es falso. Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ningún punto de vista, un nombramiento en comisión como juez de la Corte”.
“Dos veces dije que no habría aceptado un nombramiento en comisión en un contexto como ese. Al final de mi respuesta, lo hice por tercera vez y utilicé el tiempo verbal condicional simple”.
“No había ningún otro trámite pendiente para que el Senado decidiera aprobar o rechazar mi pliego. A pesar de ello, no solo se dejó que terminaran las sesiones ordinarias de 2024 sin hacer nada concreto, sino que se hizo caso omiso al llamado a sesiones extraordinarias en febrero de 2025. En mi caso, no hubo pronunciamiento alguno del Senado, ni siquiera de la Comisión de Acuerdos. ¿Qué más necesitaban analizar los senadores para tomar una determinación y aprobar o rechazar el pliego? Nada. La responsabilidad institucional dictaba que debían pronunciarse de inmediato. La única razón por la que no lo hicieron fue, lamentablemente, la mera especulación política”.
“Luego del nombramiento en comisión, todos los jueces de la Corte Suprema me tomaron el juramento previsto en el artículo 112 de la Constitución Nacional. Me integré inmediatamente a los acuerdos del Tribunal y resolví junto con mis colegas numerosas causas”.
“La primera de ellas fue el rechazo al pedido de licencia presentado por el Dr. Ariel Lijo. Recién ahí, una semana después de que acompañara ese rechazo y ante de la posibilidad cierta de que interviniera en casos de trascendencia pública, es que se activó una definición en la Comisión de Acuerdos que derivó luego en la sesión del 3 de abril en la que se rechazó mi nominación”.
“Estoy convencido que mi permanencia en el cargo no ayudaría a que los responsables de integrar debidamente el Tribunal tomen consciencia de la seriedad de este problema y actúen en consecuencia”.
“Tal vez este episodio y esta renuncia sirvan de advertencia para que se den cuenta de una vez de que la integración de la Corte Suprema, y de todo el Poder Judicial federal, es urgente y que deben dejarse de lado las mezquindades que parecen haberse impuesto hace mucho tiempo”.
“El día que contemos con un Poder Judicial integrado en su totalidad con jueces rectos, honestos, capaces e independientes y apegados a la Constitución y a la ley, nuestro país tendrá una gran parte de su futuro asegurado”.
“El tiempo que me tocó cumplir las funciones que me fueron encomendadas, honré el compromiso de desempeñar mis obligaciones como juez, de forma independiente, recta e imparcial, sin distinción de persona alguna, respetando siempre la Constitución Nacional”.
