La vuelta a la fase 1 de la cuarentena estricta parece inexorable y sólo sería cuestión de tiempo para que se la decretara de forma oficial. En ese marco, desde Tucumán Despierta hemos insistido al respecto y adelantamos la vuelta atrás respecto de las libertades que todavía tenía la provincia. En esa línea, debemos decir que las restricciones se profundizarían todavía más ante el temor que causa a las autoridades la posibilidad de que colapse el sistema sanitario.
Pero, no obstante, esta no es la única razón. En este contexto, sería clave el papel que desarrollan sindicatos, cuyos pedidos llegan de forma muy rápida a los oídos del gobierno local, con Manzur a la cabeza. Y es que la solicitud de los sectores gremialistas pasa por lograr que el Comité Operativo de Emergencia (COE), retorne a la fase 1 del aislamiento social, tal y como fue en el mes de marzo, cuando la decretó el Gobierno nacional.
Esto significaría que los pocos emprendimientos que aún siguen en pie y que podrían dejar de funcionar son los establecimientos comerciales, es decir, el corazón de la actividad económica de Tucumán. Sin embargo, no parece que llegue a ser tan fácil para el oficialismo tucumano poder implementar nuevamente una restricción estricta como pretenderían. Y es que los tucumanos parecerían no estar dispuestos a perder lo poco que les queda.
Y es que, además del sector comercial, los profesionales liberales, tal es el caso de abogados, contadores, psicólogos, etc, también ven amenazadas sus fuentes laborales en caso de volver a la fase 1 de la cuarentena estricta. En definitiva, la totalidad de los trabajadores se ven amenazados por un Estado provincial que no tiene reparos a la hora de intentar ir por más en nombre de cercenar las libertades de su población en el marco de la pandemia.
Y es que desde el Gobierno de Manzur pretenden que sea la propia gente la que cargue con el deficiente resultado de las acciones sanitarias que evidentemente resultaron equivocadas considerando la dolorosa coyuntura que nos toca atravesar en medio de crecientes cifras de contagios por coronavirus. Hubo un desmanejo de la pandemia y durante más de 150 días de cuarentena la tarea de prevención dejó mucho que desear a la luz de las evidencias.
Pero los funcionarios no solo fallaron en la cuestión sanitaria, cuyo único plan fue la de prohibir y encerrar a la población durante medio año. Su ineficiencia ya le costó a la provincia que más del 30% de los comercios hayan cerrado sus puertas para siempre, lo que, a su vez, desembocó en la pérdida de innumerables empleos y, por ende, de la fuente de ingresos de cientos de familias tucumanas, que difícilmente puedan ser recuperados.
Tanto a nivel nacional como provincial, quedó en claro el fracaso de ambas gestiones, cuya factura la clase política se la pasa a la sociedad y a la economía. Pasaron de ser considerados por la población en el comienzo de la pandemia a ser vilipendiados en sus propias casas cuando la ciudadanía les reclama el desgobierno en materia de salud y economía. El saldo sanitario y económico es realmente luctuoso en estos momentos.
Los numerosos casos de contagios registrados a diario, junto con cientos de comercios quebrados, además de Pymes quebradas con centenares de despidos, no son más que postales del desatino que una vez más la administración política elude. Y es que la responsabilidad completa de esta situación le cabe al Gobierno provincial, que deberá responder por su desmanejo y hacerse cargo de una buena vez.
Cuando más la población necesitó a sus gobernantes, los funcionarios se borraron abandonando a su suerte a la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, ésta no está dispuesta a tolerar más gobiernos que no sean dignos representantes del pueblo, ya que han formado una casta corporativa que solo atina a la autopreservación al momento en que la ciudadanía les reclama respuestas por medio de manifestaciones a las que denominan escraches desde la política.
En ese marco, los ciudadanos decidieron comenzar a hacer sentir su voz al grito de un “basta” contundente y continuado en una serie de protestas que no pareciera que vayan a detenerse. Esto pone en serio aprieto al Gobierno de Manzur porque le achica el margen de maniobra holgado que siempre tuvo el peronismo en Tucumán. Y es que el desenlace de los efectos de la pandemia junto con su incompetencia podría detonar un desenlace incierto. Y es que se podría precipitar el final menos esperado por la clase política, como lo fue el “que se vayan todos” del 2001, un cántico que se escuchó en la protesta del pasado viernes cuando tuvo lugar la caravana de automóviles. Los políticos titubean frente a una sociedad que está decidida a impedir que la expriman junto con las instituciones de la República. Si el Gobierno no reacciona a tiempo, el final puede estar a la vuelta de la esquina.
