Por tercera vez en lo que va del año, el gobernador Juan Manzur observó su obligación constitucional de nombrar jueces surgidos de los concursos públicos que organiza el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). El jefe del Poder Ejecutivo definió siete ternas que tenía a su disposición al disponer el envío de los pliegos de Ana María Mena de Bulacio para el juzgado de Primera Instancia del Trabajo; de Ezio Enrique Jogna Prat para el juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la II Nominación; de Juan Fernando Saracho Daza para Vocal de Cámara Penal Sala 2; de Claudio Hernán Aybar para Vocal de Cámara Penal Sala 1; de Julio Daniel Jorge Plaza para Defensor Oficial Penal de la I Nominación; de José Augusto Zapata para la Fiscalía de Instrucción Penal de la X Nominación; de Raúl Armando Cardozo para el Juzgado de Instrucción de Penal de la Novena Nominación (en todos los casos pertenecen a la órbita del Centro Judicial Capital).
Además Manzur envió los pliegos como subrogantes de Cristina Fátima Hurtado para el Juzgado de I Instancia en lo Civil y Comercial Común de la V Nominación y de María Soledad Monteros para el Juzgado de I Instancia en lo Civil de Documentos y Locaciones de la III Nominación (también del Centro Judicial de la Capital).
En estos casos, el mandatario se inclinó por los respectivos ganadores de los procesos de preselección sustanciados en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). El orden jurídico autoriza al gobernador a elegir a cualquiera de los integrantes del terceto. A comienzos de esta década, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán consideró incluso que el jefe de Estado podía descartar sistemáticamente a aspirantes a la magistratura sin necesidad de motivar su decisión.
El Gobierno había anunciado en mayo que cumpliría su deber de designar jueces, fiscales y defensores oficiales en propiedad -con las garantías de independencia- después de las elecciones del 9 de junio. Así lo hizo en junio, después en julio y ahora en octubre.
Los decretos tienen la firma de Manzur y del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado. Los pliegos fueron enviados a la Legislatura, que sesionaría la próxima semana para dar acuerdo a las designaciones de los magistrados.
