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MANZUR PRETENDE UN PODER ÚNICO EN TUCUMÁN

El gobernador de la provincia sueña con una anarquía, dónde exista un solo poder absoluto y no lo que manda la Constitución

Juan Manzur
Descacharreo

El gobernador Juan Manzur no está dispuesto a cumplir con la orden de la Justicia que le ordenó que en un par de meses abandone la intervención de del Instituto Provincial de Seguridad Social de Tucumán (Ipsst), del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) y del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). Que estas tres instituciones tucumanas se encuentren intervenidas desde hace muchos años es lamentable.

Pero todavía más lamentable es el hecho del gobierno de Tucumán se niegue a cumplir con un fallo de la Justicia, al punto de que recusó el fallo para poder seguir teniendo control sobre estas instituciones y, sobre todo, conservar el manejo del dinero que manejan. Claramente, el Poder Ejecutivo ha abusado de su facultad de intervención y demostró no poseer la voluntad de regularizar el funcionamiento de estos entes.

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De esta manera, la administración de Manzur, pretende seguir manejándose al amparo de la arbitrariedad e ilegalidad. El colmo del cinismo es que el gobierno alega que la intervención del IPLA, del IPV y del Ipsst son potestad del Poder Ejecutivo y que planea seguir haciéndolo, al punto de que le respondió a la Justicia que no le incumbe saber los propósitos oscuros para mantener a estas instituciones bajo el control del oficialismo.

Y es que claramente las intenciones del gobierno de Manzur, pasan por manejar políticamente a estas instituciones, las cuales utilizan para brindar trabajo estatal para devolver favores a punteros políticos y para evitar que la falta de trabajo se note más de lo que ya sucede. En ese marco, no deben asombrar luego que existan hechos de corrupción como en el caso del IPV, donde la Justicia determinó que se usó para repartir casas a amigos del poder.

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Otro tanto ocurre también con la Caja Popular de Ahorros y el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), que están intervenidos por el Poder Ejecutivo. A esta altura, no es sorpresivo que el gobierno de Juan Manzur se aferre a una maniobra que genera mayor concentración de poder y arbitrariedades en el funcionamiento de estas instituciones autárquicas, pero llegó el momento de que esto llegue a su fin.

Este debe ser el marco para que de una buena vez se devuelva un poco de institucionalidad a la provincia. Por lo tanto, es necesario y urgente que el gobierno de Manzur, obedezca como corresponde el fallo judicial y disponga el saneamiento definitivo de los organismos de Tucumán. Sólo así será posible consolidar una democracia y un Estado de Derecho que demanda la existencia de instituciones autárquicas, es decir, independientes del gobierno de turno.

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Por otra parte, la administración de Manzur no debe hacerse la desentendida de este fallo judicial, debido a que toda autoridad pública está sujeta a la Constitución y al orden jurídico. De lo contrario, demostrará una vez más que la verdadera intención del oficialismo es consolidar un poder único y absoluto en la provincia para terminar de convertirla definitivamente en un feudo antidemocrático y autoritario.

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