Dime con quién andas y te diré quién eres es una famosa frase que tiene un gran asidero en el caso del concejal Marcelo Albaca. Esto se debe al hecho de que el candidato a intendente de Yerba Buena no tuvo mejor idea que apoyarse en personajes nefastos, cuestionados, polémicos y que, más que una trayectoria, lo que llevan consigo es algo más parecido a un prontuario que a una carrera política.
En ese marco, cabe señalar que Marcelo Albaca pretende arrebatarle la intendencia a Juntos por el Cambio rodeándose de dirigentes rancios como Daniel Toledo y Sisto Terán, quienes serían los que apoyan su candidatura y que juntos conforman un trío nefasto que pretenden llevar adelante su misión de enquistar en Yerba Buena a la vieja política alperovichista que nada dejó a los yerbabuenenses excepto disgustos por doquier.
En ese sentido, cabe señalar al “lugarteniente” de Marcelo Albaca, Daniel Toledo, como una figura rechazada y degastada en la política de Yerba Buena. Y es que, si para muestra basta un botón, cabe recordar que, antes de irse, Daniel Toledo, incorporó a la planta permanente de esa Municipalidad a unas 492 personas. Con el recambio de gobernantes, esos nombramientos comenzaron a causar revuelo.
Tal es así que su sucesor, el radical Mariano Campero, pidió que se revisen las designaciones, y en ese entonces, un concejal macrista presentó un proyecto de ordenanza para que se forme una comisión investigadora. “Debido al incremento económico que esto le ocasiona al municipio, es nuestro deber fiscalizar cada uno de los legajos de quienes fueron titularizados a través de la ordenanza 2.009”, consideraba el concejal.
El colmo de la desvergüenza se dio al trascender que, entre los designados por Toledo, había algunos funcionarios suyos. Los ex directores de Asuntos Jurídicos, Carlos Alvarez; de Saneamiento Ambiental, Guillermo Yanicelli; y de Deportes, Patricio Mesón, entre otros, fueron nombrados con categoría 19. Estas incorporaciones fueron observadas por el departamento de Recursos Humanos del municipio cuando su directora, Alcira Cativa, abrió una serie de expedientes.
Y se los envió al ex secretario de Hacienda, Roberto Biscardi. En esos documentos, se invocó el estatuto para la administración pública de Tucumán (Ley 5.473), que en su artículo 41 establece que el personal de gabinete debe cesar sus funciones, de modo automático, cuando acaba la gestión de quien los ha contratado. Por esa razón, entre otras, Cativa consideró que no correspondía efectuar las incorporaciones.
“El agente citado no reviste como personal con contrato administrativo …. Por lo tanto, su gestión debe finalizar el 31 de octubre de este año”, se lee en las notas, que fueron fechadas el 26 de junio. Dos meses antes de las impugnaciones, el 30 de abril, Alvarez, Yanicelli y Mesón habían sido incorporados a la planta permanente, a través de decretos que llevan las firmas de Toledo y de Biscardi.
En esos dictámenes -en cambio- se consigna que los funcionarios sí estaban incluidos dentro de un anexo único del personal contratado. Pero en la revisión de esos listados que hizo Recursos Humanos, no se observan los apellidos de los mencionados. Cabe recordar que la composición anterior del Concejo, había aprobado -en marzo del 2015 y con los votos de los ediles afines a Toledo- un proyecto para titularizar al personal contratado de la Municipalidad y de la Secretaría del cuerpo deliberante.
“Aquellos agentes que se encuentran en carácter de personal contratado … quedarán titularizados en la planta permanente”, dice la ordenanza. Así las cosas, para que Toledo pudiera nombrar a una persona -según lo reglado-, esta debía haber sido antes empleada municipal, entre otros requisitos. Entre los expedientes, sobresale uno referido a Angelina del Valle Vicinguerra, la madre de Marianela Mirra, la tucumana que ganó, en 2007, el reality “Gran Hermano”.
En una nota enviada al departamento de liquidación, la directora de Recursos Humanos solicita que se “proceda a la baja de las planillas de haberes”, y que se le informe al sistema de cómputos de la Casa de Gobierno. ¿Por qué Cativa pidió que no le paguen más a Vicinguerra? Pues bien, en ese documento, consignó que viene informando, desde hace meses, que no posee ninguna planilla de asistencia de la empleada, y que tampoco tiene un contrato u otro documento legal.
Según trascendió, en una ocasión Biscardi se llevó el legajo de Vicinguerra. “Estos papeles les fueron requeridos de manera verbal al ex secretario de Hacienda. Aunque nunca los restituyó, se le continuó liquidando”, se lee en la nota de Cativa. El número de código de Vicinguerra es 1844. En agosto y en septiembre últimos, el total de haberes fue de unos $ 14.000, en cada oportunidad.
Pero eso no es todo. Y es que, el ex concejal del (PRO) ya había presentado un par de años antes ante la Fiscalía de Instrucción de Turno del Centro Judicial de la Capital, para ingresar una denuncia penal por los posibles delitos de “asociación ilícita, defraudación y abuso de autoridad contra los socios gerentes de la empresa Marm Group, a cargo del negocio de los cepos por mal estacionamiento en Yerba Buena”.
La denuncia se hizo extensiva a los funcionarios municipales a quienes, en el escrito, el edil considera como “responsables de los ilícitos que se estarían produciendo en perjuicio a vecinos de la ciudad y posiblemente al erario municipal”. “Cabe destacar que hace meses que intento obtener información de dicha empresa -con cartas documento que nunca contestaron- incluido un pedido de informe que presenté en el Concejo Deliberante de Yerba Buena y que hasta la fecha no fue tratado”, afirmó el concejal opositor .
“Es preocupante el contrato que firmó el intendente de Yerba Buena, profesor Daniel Toledo, y avaló el Concejo Deliberante de la gestión anterior (en su última sesión antes de finalizar el mandato), que beneficia exclusiva y sospechosamente a esta empresa, perjudicando al municipio, no sólo en el porcentaje que debería ingresar a las arcas municipales y que se lleva Marm Group, sino también en una peligrosísima cláusula de rescisión, en donde se le garantizó a la empresa una indemnización equivalente al total de lo facturado por la misma desde el primer día de contrato”, añadió.
En ese marco, cabe destacar que el entonces concejal opositor, a la hora de fundar los hechos motivos de la denuncia señaló que “para que se entienda: si dentro de siete años se le anula el contrato a la empresa el municipio debería abonarle $81.000.000. Si, ochenta y un millones de pesos, el equivalente casi a la mitad del presupuesto anual de Yerba Buena, lo que nos llevaría a la quiebra total” aseguró.
“Este y otros datos surgen del contrato, de 10 años de duración, más una renovación automática por otro período de tiempo similar más la incomprensible porcentualidad en el cobro, ya que del ítem ‘destrabe’ la empresa se lleva el 100% y del ítem ‘multa’ se lleva además el 50 por ciento”. “Es decir que el municipio sólo recaudaría -en el caso que ese dinero realmente ingresara lo cual hoy tengo mis serias dudas- la cuarta parte de lo cobrado instantáneamente por esta empresa en negro, ya que entregan recibos X que no serían legales”, señalaba el concejal.
En definitiva, se trata de contrataciones millonarias, adjudicaciones impugnadas y obras “defectuosas”. Estos son algunos de los elementos que rodean a un grupo de personas que trabajó en diversas obras del municipio durante la gestión del ex intendente desde el 2007 hasta el 2015. Este grupo formó parte de una serie de constructoras a través de diversos cargos: dueño, apoderado, representante técnico, etc.
En septiembre del 2017, el laboratorio de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT realizó un estudio en base a cerca de 50 muestras en cuadras pavimentadas en la gestión de Toledo. Según funcionarios de Yerba Buena, los resultados permiten afirmar que en esas obras “faltan cerca de $80.000 de materiales”. Al respecto, el entonces secretario de Obras Públicas de Yerba Buena, José Luis Ferroni, trazó un cálculo.
El cual se hizo en base al resultado promedio que se obtuvo en las 50 muestras analizadas por los representantes de la UNT. De acuerdo a ese informe, en la mayoría de los testigos (bloques de hormigón) extraídos, la altura rondaba los 12 centímetros (cuando debería tener 18). “A valores del 2017, (para pavimentar una cuadra) usted gastaría solamente en hormigón $ 250.000. El espesor que tiene (la mayoría de las muestras) es de cerca de $ 180.000”, explicó Ferroni, a propósito de la calle Frías Silva al 600.
Podría apodarse el señor de los pavimentos. Porque en sus casi ocho años de gestión, el intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, ha pavimentado unas 1.700 cuadras, según sus propios cálculos, hechos en marzo del año pasado. Sin embargo, buena parte de las calles parece salida de Vietnam. La pregunta que surge, entonces, es: ¿Quiénes hicieron las obras? ¿Quién controló los millones de pesos invertidos?
¿Por qué las arterias estaban atestadas de pozos, a pocos años de haberse inaugurado? De acuerdo a documentos de la Municipalidad, desde 2009 en adelante Toledo efectuó contrataciones directas con numerosas empresas que se encargaron de hacer conexiones cloacales, asfalto, cordones cunetas, retardadores de velocidad, desagües y redes de gas, entre otras adjudicaciones.
Y con ese antecedente, Albaca encabeza una lista en la cual como concejales se encuentran postulantes que, por ejemplo, son el hijo de Daniel Toledo (Danielito). Y qué decir de Sisto Terán debido a que no sólo, por agosto del 2002, Esteban Jerez, por entonces a cargo de la fiscalía anticorrupción de Tucumán, solicitó que se abra una investigación jurisdiccional contra Sisto Terán, vicegobernador de Julio Miranda, “por haber pagado presuntamente coimas” para que en febrero de ese año se aprobara la reforma de la Constitución provincial.
El funcionario judicial le pidió al juez de instrucción, Víctor Pérez, que le requiera a la Legislatura “un juicio político a fin de lograr la destitución de Terán y así poder seguir adelante con la investigación” sumaria abierta el 12 de junio pasado. Jerez concluyó que “la presunta compra de voluntades (para que el 19 de febrero se declare mediante una ley la necesidad de reformar la Carta Magna local) se produce por la facilidad en el manejo de fondos públicos que tiene el presidente de la Legislatura”.
En base al testimonio del entonces legislador justicialista Osvaldo Cirigliaro, el fiscal sostuvo que Terán “maneja al año en forma exclusiva 5 millones de pesos, que quedan sin explicación”. De las declaraciones juradas del vicegobernador y de su esposa, Sylvana Dellarosa, de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales de los años 1999, 2000 y 2001 surge que en el segundo de esos años “tuvieron un incremento patrimonial no justificado de 70.000 pesos”.
Jerez argumentó que, desde que asumieron las autoridades de ese momento en octubre de 1999, la reforma se convirtió “casi en una obsesión”, en la que “la ley que establece la necesidad de la enmienda sólo constituyó la concreción de una larga aspiración”. También mencionó “la declaración testimonial ratificatoria de la denuncia de Alejandra Ducca (esposa del legislador ex bussita Mariano Poliche, ante la Fiscalía Anticorrupción).
En la que consta que la mujer dijo que se repartieron 2 millones de pesos para que se apruebe la reforma. Ducca, denunció el pago de coimas el 25 de junio, sin embargo, cuando el juez Pérez la citó como testigo el 30 de julio negó haber dicho lo del “reparto de dinero”. Pérez tenía plazo para decidir si archivaba la investigación sumaria abierta contra Terán o si la profundizaba, como le aconsejó Jerez.
En cuyo caso tendría que pedirle a la Legislatura que destituya al vicegobernador para poder citarlo a declarar como imputado. Sin embargo, cabe recordar que con el apoyo del representante de Voluntad Objetiva de Servir (VOS), el justicialismo consiguió los dos tercios de los votos que necesitaba para rechazar la apertura del proceso de juicio político en contra de Sisto Terán.
Como si esto fuera poco, cabe recordar su paso también por el kirchnerismo debido a que el presidente, Alberto Fernández, avanzó en julio del año pasado con el “ascenso” para un tucumano que ya venía formando parte del Gobierno nacional. Se trata de Sisto Terán Nougués, quien pasará a ejercer como secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas.
En febrero de 2020, tres meses después de la llegada del Frente de Todos (FdT) al Poder Ejecutivo Nacional, el ex vicegobernador de Tucumán había sido nombrado al frente de la Unidad Ejecutora “Belgrano-Norte Grande”. Esta estructura también depende de la cartera que conduce Gabriel Katopodis. A partir de entonces, Terán Nougués estuvo a cargo de una repartición con alcance en todo el territorio nacional, cuya misión es ejecutar “políticas para la gestión de los recursos hídricos”.
“Priorizamos las obras para el acceso al agua potable y el saneamiento de toda la población”, señala el sitio web del Gobierno nacional. En definitiva, entre 1999 y 2003, Terán Nougués fue vicegobernador de Julio Miranda. Luego, durante el alperovichismo, fue legislador provincial. Y, con la llegada de Juan Manzur a Gobierno provincial, fue designado al frente de la Unidad Ejecutora Provincial, que tenía a su cargo la gestión de obras públicas de infraestructura.
Hasta que, en 2020, finalmente, pasó a la órbita de la Nación, de la mano de Alberto Fernández. Mientras que, si de Marcelo Albaca hablamos, llama la atención que destaque en su biografía su comienzo en el plano político desempeñándose como funcionario durante la gestión del rector Juan Cerisola en la Secretaría de Bienestar Universitario y luego en la Secretaría de Extensión, donde fue Tesorero de la misma.
Tal parece que no tiene vergüenza alguna Albaca en destacar que comenzó su militancia política de la mano de Cerisola, quien se encuentra procesado en la Justicia Federal. Se le imputan los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además del embargo de $50 millones. “Es un gran amigo, un gran rector”, supo decir en su momento el entonces gobernador, José Alperovich, al referirse al rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola.
En definitiva, se trata de la vieja política, sobre todo alperovichista, a la que Yerba Buena ya había conseguido desacostumbrarse tras dejar eso atrás. Pero ahora Albaca pretende traer esta desvergüenza de vuelta. Lo cierto es que Marcelo Albaca cuenta con el apoyo de nefastos dirigentes políticos que cual zombis tratan todavía de seguir “mordiendo” a pesar de ser cadáveres políticos como si sus “trayectorias” no contaran para la opinión pública.
Sin embargo, Marcelo Albaca se ilusiona con llegar a la intendencia de Yerba Buena con el apoyo de lo que muy especialmente en la Ciudad Jardín saben que se trata de la agotada y vieja política alperovichista de la mano de Daniel Toledo y de Sisto Terán con la que pretende llevar a la “Ciudad Jardín” a volver a transformarse en el patio trasero de las viejas mañas propias del pasado nefasto que este trío representa.
