El contador de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Marcelo Albaca, brindó detalles de las irregularidades detectadas en los pagos realizados desde el Municipio durante la gestión de Germán Alfaro al Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos y Urbanos mientras era administrado por Héctor Argañaraz y que derivó en una denuncia por desmanejo de fondos ante la Justicia:
“El Consorcio Metropolitano fue utilizado como una verdadera unidad de negocios”, planteó Marcelo Albaca en diálogo con la prensa, donde confirmó que detectaron pagos desde la Capital cinco veces por arriba del monto establecido. “Hemos detectado y comprobado irregularidades”, ratificó, y sostuvo que “si Alfaro niega el uso discrecional del Consorcio, está mintiendo porque está comprobado”.
“Esto es lo que debe hacer cualquier funcionario público: denunciar cuando se encuentran irregularidades en una gestión y terminar con esas irregularidades. Esta denuncia fue en función a irregularidades detectadas en lo que hace a los pagos realizados en el Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos y Urbanos: es el consorcio que se encarga de la administración final y disposición final de la basura que genera toda el área metropolitana”, comenzó explicando Albaca en diálogo con la prensa.
El contador municipal detalló: “Al comienzo de la gestión, a partir de una auditoría de corte para saber cómo recibíamos el municipio, detectamos que en el 2022 se habían realizado pagos por más de $5.100 millones al Consorcio. Esto nos llama la atención porque el Consorcio se financia a través de la cuota que pagan los municipios, y el concepto de la cuota que debiéramos haber abonado en ese período ascendía a $1.100 millones, es decir cinco veces menos que lo se había pagado. Ante esto, encomendamos a través de un estudio contable privado de mucha trayectoria, una auditoría sobre qué se había hecho con ese dinero. Desde la contaduría podíamos respaldar las salidas, pero no qué se hacía”, repasó.
En ese sentido, subrayó: “Esta auditoría detecta que el 90% de esos pagos se habían destinado a obras que no tenían nada que ver con el objeto del Consorcio, que es específicamente el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos: se terciarizaban obras de distintas índoles como poda de naranjas y se contrataban con tres cooperativas que también tenían obras contratadas de forma directa por la Municipalidad. El Consorcio fue utilizado como una verdadera unidad de negocios”.
En ese marco, Albaca manifestó: “La intendenta Rossana Chahla encabeza la diferencia que venimos a marcar y que pide la sociedad, que las malas actitudes tengan su consecuencia: la intendenta hizo la correspondiente denuncia formal en la Justicia para que se investigue una vez detectadas las irregularidades para determinar quiénes son los responsables y que paguen”.
El exintendente Alfaro respondió a las acusaciones y negó en Los Primeros estar denunciado judicialmente, al punto que disparó “Eso de ‘Es verdad lo dice La Gaceta’ es mentira”. Albaca aclaró: “La denuncia no es al intendente en su nombre, quién tiene que determinar la responsabilidad es la Justicia. Somos muy prudentes, no intentamos hacer politiquería barata. Hemos detectado y comprobado irregularidades. Están comprobadas por un estudio de trayectoria y una de las Universidades más prestigiosas de Latinoamérica, que es la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se encargó de la auditoría. La Justicia determinará de quién es la responsabilidad y el grado”.
“Si Alfaro niega el uso discrecional del Consorcio, está mintiendo porque está comprobado. Si niega que se pagó cuestiones fuera del objeto del Consorcio está mintiendo porque lo puedo demostrar con el resultado de la auditoría. El nivel de responsabilidad lo tiene que definir la Justicia, que hubo irregularidades las hubo”, arremetió. Además, el funcionario municipal brindó detalles del escenario que encontraron al asumir la Intendencia y en determinadas áreas en particular:
“La Contaduría estuvo dos años acéfala y tras perder las elecciones se envió el pliego; el contador general constituye el órgano de contralor del municipio y estaba vacante. Mientras tanto había un subcontador general ejerciendo las funciones a tiro de decreto para sacarlo cuando quiera, no tiene la independencia necesaria para controlar. Encontramos dictámenes negativos y aun así se realizaban pagos”, reveló.
“Nuestra idea no es auditar la gestión, nosotros miramos para adelante, pero necesitábamos conocer en qué situación estábamos para poder caminar desde ahí hacia la ciudad que queremos. El estado en que nos encontramos la ciudad, y debemos ser sinceros y contárselo a los vecinos, que de la auditoría patrimonial surge que el 50% de los automóviles estaban fuera de funcionamiento; que había camionetas con 20.000 kilómetros fundidas; que encontramos vehículos tirados en talleres de la Ciudad a través de investigaciones y entrevistas porque no había ningún papel; motoniveladoras modelo 2022 que cuestan $50 millones totalmente deterioradas”, enumeró.
Luego, añadió: “El departamento de Recursos Humanos de San Miguel de Tucumán, donde se liquida el sueldo de 5.000 personas, cuenta con 180 personas; encontramos 2.600 designaciones en los últimos seis meses, desde el momento en que Germán Alfaro supo que perdió las elecciones, el lunes siguiente empezó a nombrar 2.600 personas en planta permanente. Este manejo de la cosa pública hay que contarlo”.
“Mucho más triste es saber que el 46% de esas personas nunca marcaron asistencia, eran ñoquis. Hay que darlo a conocer: no nos dieron Manhattan para gestionar, la intendenta tiene la dura tarea de construir la ciudad que le prometió a los vecinos a partir de un escenario desolador, con un 80% de calles rotas, una ciudad destruida donde sufrís cada bache que pasás. No es criticar, es saber desde dónde se comienza a trabajar”, enfatizó.
Finalmente, Albaca confirmó que “hoy no hay proveedores que quieran trabajar con el Municipio de San Miguel de Tucumán. Un expediente con los sistemas arcaicos para cobrar un proveedor demora entre 35 y 60 días, sin sistema de contabilidad”, y recalcó que “todas las irregularidades encontradas pasaron al despacho de fiscalía; algunas constituyen delitos. El fiscal municipal lo determina y continúa las acciones judiciales que considera pertinente: hemos iniciado 57 sumarios a partir de estos desmanejos”.
