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Mariano Campero desafía al Concejo Deliberante

El intendente vetó el nuevo intento de los ediles por recibir más dineros del municipio.

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Mariano Campero - Concejo Deliberante de Yerba Buena

Si es que quedaba algún hilo sano en la deshilachada relación que mantienen la Municipalidad de Yerba Buena y el Concejo Deliberante, posiblemente esta semana se cortó. ¿Acaso el mandatario municipal apunta a gobernar sin que tenga participación alguna el parlamento local? El intendente Mariano Campero interpuso un veto total a la nueva ordenanza que aprobaron los ediles.

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La misma apuntaba a que en el Pacto Fiscal 2022 se incluya un artículo que permita al cuerpo legislativo recibir, de modo automático, un porcentaje de los fondos que gira mensualmente la Provincia (por Ley 7.974), menos los gastos de personal. El municipio consideró que falta especificación de la afectación de los fondos solicitados, por lo tanto, carece de legalidad y amerita el veto.

Este fue el segundo intento fallido de los concejales por acceder a un mayor caudal de dinero. En la ordenanza que autoriza el Pacto Fiscal 2022 (N° 2.363) habían agregado un artículo para exigir el 5%, el cual fue vetado por el Ejecutivo municipal. En la nueva oportunidad, los ediles primeramente rechazaron el veto a dicho artículo y, en otra sesión celebrada horas después, impulsaron una modificación a la norma.

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Ordenaban que se incluya un nuevo artículo, en el cual reclamaban el 3% de los fondos “a los efectos de garantizar el correcto funcionamiento de la institución legislativa municipal”. El Ejecutivo municipal, sin embargo, se mantuvo firme en la determinación por falta de especificaciones. El Decreto N°280, del 12 de abril, consta de cinco páginas y lleva las firmas de Campero; de su jefe de Gabinete, Manuel Courel; y del secretario de Hacienda, Hernán Ganen.

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En el documento se pone especial énfasis en que ni al solicitar el 5% ni en la modificación para exigir el 3% se hace explícito “qué gastos deben afrontarse, la necesidad de los mismos, la insuficiencia de los fondos que se remiten al Concejo Deliberante, ni tampoco el destino de tales fondos”.

“Esta exigencia es aún mayor cuando se advierte que se trata de fondos de los contribuyentes del municipio cuyo uso DEBE (sic) ser justificado, de acuerdo a la normativa financiera pública vigente”, argumentó la Municipalidad en el decreto que ingresó al Concejo en las últimas horas del último día hábil de la semana.

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