“Se tiene que terminar con el curro de la política y los planes. Es decir, se tienen que terminar los intermediarios”. El diputado nacional Mariano Campero presentó un proyecto de resolución para que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, le informe a la Cámara de Diputados quiénes eran -con nombre y apellido- los empleados estatales que cobraban el plan “Potenciar Trabajo”.
El proyecto del representante tucumano ingresó a la Cámara baja casi de manera simultánea con la decisión del Gobierno nacional de eliminar el programa. “También creemos que, con casi el 60 % de los argentinos bajo la línea de la pobreza, los planes no pueden desaparecer. Deben continuar. Pero tienen que ser un puente al trabajo estable”, agregó el referente radical.
En su proyecto, Campero solicitó la nómina de los agentes públicos involucrados, de cada una de las provincias, que percibían el programa social “Potenciar Trabajo” en forma simultánea con el cobro de sueldos estatales. En Tucumán, se detectaron alrededor de 1.000 incompatibilidades, según la Justicia nacional.
En segunda instancia, Campero solicitó el detalle de los montos y de los períodos percibidos por los beneficiarios, discriminado por provincias. Tercero, había requerido los nombres de los funcionarios que debían controlar el programa y sus mecanismos de transferencia. Y cuarto, había instado a que se investigue si existen registro de aportes previsionales por actividades privada, comercial, laboral o productiva en forma simultánea.
Según la investigación preliminar del fiscal federal Guillermo Marijuan, Tucumán es el segundo distrito con más irregularidades, sólo detrás de Buenos Aires. “Voy a dar un ejemplo de lo que hicimos en Yerba Buena, durante mi gestión como intendente. Cuando asumimos, decidimos que debíamos mejorar los espacios públicos. Entonces, capacitamos a las personas de los Potenciar Trabajo en tornería, herrería, albañilería, etcétera. Hoy, esas personas que antes cobraban un plan cuentan con recursos propios para conseguir trabajo”, recordó Campero.
Días atrás, el Gobierno nacional oficializó la suspensión del plan a más de 22.000 personas que registraron viajes al exterior. El Ministerio de Capital Humano argumentó que los movimientos de los beneficiarios no se condicen con el estado de alta vulnerabilidad social y económica requerida para tener el programa. “La crisis social que tiene hoy la Argentina exige mucha responsabilidad de quienes tenemos roles políticos”, completó Campero.
