Quedó más que claro que, tal y como viene señalando Tucumán Despierta desde hace tiempo, el Tribunal de Cuentas, con su titular Miguel Chaibén Terraf, se encuentra al frente de una serie de hechos presumiblemente delictivos en materia de mal desempeño como funcionario público, lo cual desembocó en la presentación de un juicio político contra él en la Legislatura de Tucumán.
Lo cierto es que, en ese marco, se destaca el hecho de que el propio Tribunal de Cuentas, de acuerdo a la presentación de Marcos Aníbal Rougés, favoreció al consuegro del presidente del organismo, o sea, Terraf, para que proceda con la venta de servicios y bienes a distintas dependencias del Estado desde 2022 hasta 2024. A través de acuerdos, Terraf aprobó estas transacciones, a pesar de tener un vínculo cercano con el vendedor.
Quien se vio favorecido con estos negocios es Luis Eduardo González, padre de Esteban González. Este último, además de enfrentar una denuncia por manejar de forma irregular fondos de la Caja Popular de Ahorros, fue empleado del Tribunal de Cuentas y es yerno del presidente Terraf. Es decir, Luis y Terraf son consuegros. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que el presidente firme un total de 25 acuerdos que involucran a su familiar.
Sobre ello, cabe señalar que Luis González vendió distintos bienes al Gobierno de Tucumán, principalmente al Ministerio de Desarrollo Social. Las transacciones se realizaron entre 2022 y 2024 y comprenden la venta de chapas galvanizadas, tirantes de maderas, frutas y verduras, pollo, botellas de agua, bidones, dispensers frío/caliente y otros alimentos y mercaderías a granel.
En total, las ventas que figuran en los acuerdos del Tribunal de Cuentas (disponibles para su búsqueda en la propia página web del organismo) ascienden a un monto de $552.281.564 a precios de hoy. Aunque en algunos casos el organismo realizó algunas indicaciones específicas sobre las transacciones, la mayoría de ellas fueron aprobadas “sin observación”. Al final de cada acuerdo figura la firma del presidente: CPN MIGUEL CHAIBEN TERRAF.
Por ejemplo, en la semana que se fue para nuca regresar, Tucumán Despierta dio cuenta de los últimos acuerdos que aprobó el Tribunal de Cuentas en el último mes, es el número 3128 del 31 de julio de 2024. En este caso, se autoriza el pago de $17.777.381,00 para la provisión de carne vacuna destinados a niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que ingresan a los distintos Dispositivos de Cuidado Institucional (DCI) en un alto grado de vulnerabilidad, por lo que deben ser atendidos y alimentados. Se aprueban a pesar de su vínculo con Luis González que mantiene el presidente de l tribunal. Así como ese, hay otros 24 acuerdos similares.
Estos negocios irregulares son solo un capítulo más de los escándalos que golpean al Tribunal de Cuentas en el marco de un oscuro entramado de negocios en el organismo. Las irregularidades denunciadas habrían acorralado tanto a Terraf como a Sergio Díaz Ricci, primer vocal del Tribunal. Según adelantó el periodista Roque Galeano en Tucma TV, ambos estarían analizando avanzar con la jubilación anticipada.
“Estarían evaluando pedir la jubilación anticipada para no correr la misma suerte que el juez destituido Pisa, que terminó enjuiciado y sin tener la jubilación de privilegio”, contó el periodista. Al respecto, cabe mencionar la importancia del pedido de juicio político en contra del titular del TC ya que pueden destacarse a grandes rasgos algunos puntos sobresalientes que permiten dar cuenta del descalabro del accionar de este organismo de contralor que no controla nada.
Primer punto: Un club de rugby involucrado. El planteo de Rougés incluye que, en el plantel de primera del Club de Rugby Natación y Gimnasia, del cual Terraf y su familia son y fueron históricos miembros y dirigentes, 11 de los 15 jugadores titulares son empleados del Tribunal de Cuentas.
Segundo punto: Negocios familiares. Rougés denunció que, en al menos 24 acuerdos, denominados así los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas, Terraf firmó sin formular observaciones la contratación de bienes o servicios de una firma propiedad de un pariente político suyo. Esta acción configuraría un presunto incumplimiento de deberes de funcionario, ya que Terraf debió excusarse voluntariamente del negocio.
Tercer punto: Lomas de Tafí. La primera tanda de 3.000 viviendas en Lomas de Tafí fue aprobada en julio de 2005, con diez acuerdos consecutivos que presentaban dos aspectos en común. Primero, los técnicos del tribunal indicaban “sobrecostos” en los considerandos, sin tener en cuenta la economía de escala, cotizando las viviendas a un precio mayor que el metro cuadrado terminado, y entregándolas incompletas. Segundo, los acuerdos ordenaban “no formular observación”.
Cuarto punto: Cuenta de inversión. Otro punto de la denuncia de Rougés: un acuerdo del año 2008 sobre la cuenta de inversión. Este informe anual del Tribunal de Cuentas debía evaluar la contabilidad estatal de la administración pública centralizada, pero en la acordada de 2008 no se dictaminó la razonabilidad de dicha contabilidad. Ahora bien, el lector de Tucumán Despierta se preguntará cómo sigue el proceso.
Lo cierto es que la Comisión de Juicio Político tiene dos opciones: rechazar la presentación y desestimarla, o aceptarla y abrir un período de defensa para Miguel Ángel Terraf, quien deberá presentar su descargo en 15 días hábiles. Si se admite la denuncia, la comisión decidirá si el descargo es aceptado o no. En caso de inconsistencias, el tribunal de la legislatura evaluará la situación.
La Comisión de Juicio Político está compuesta por 18 miembros, y el jurado legislativo, por 31, necesitando una mayoría de dos tercios para declarar culpable a Terraf. En definitiva, queda claro que existe gran impunidad, al tiempo que también un gran poder que ostenta Terraf ya que, evidentemente, muchos le deberían favores, por lo que así es que sigue en su cargo cuando aparentemente se habrían cometido un sinfín de ilegalidades tal cual lo describió Tucumán Despierta en la semana que se fue para jamás volver.
