Después de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Milagro Sala a trece años de prisión por los delitos de asociación ilícita -en carácter de jefa-, fraude al Estado por $ 60 millones y extorsión, el fiscal de Ejecución Penal de Jujuy, Gustavo Araya, solicitó que se unifiquen las dos condenas firmes con un cómputo de 14 años y que la misma se cumpla en una cárcel común.
Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, había solicitado que vaya a prisión y deje la domiciliaria.
La líder de la Tupac Amaru se defendió señalando que es víctima del lawfare y pidió continuar cumpliendo arresto domiciliario en su propiedad. Busca seguir dando cumplimiento a su detención en su casa a la condena por corrupción que quedó firme este jueves después de que la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios.
Según la justicia, Milagro Sala dejó sin construir 1.200 viviendas. Defraudó a cuatro municipios de jujeños a través de la estructura de cooperativas que para los investigadores eran “meras pantallas para desviar fondos”. Una de las viviendas que sí terminó es aquella en la que cumple desde 2018 el arresto domiciliario.
La casa fue en febrero de este año epicentro de una concurrida fiesta en la que Sala festejó su cumpleaños número 69 con una banda de cumbia, entre una treintena de invitados, entre ellos el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
Allí pidió continuar cumpliendo la condena a trece años de prisión dictada en la causa conocida como “Pibes Villeros”, donde se la acusó de desviar 60 millones de pesos que debían aplicarse a la construcción de viviendas sociales.
El habeas corpus que presentó Milagro Sala aduce a la teoría de Cristina Kirchner sobre el lawfare, es decir, las causas penales que afronta son solo producto de una persecución política. Además, reiteró que aún está vigente la medida cautelar firmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó en 2018 su traslado a la propiedad donde cumple el arresto domiciliario.
Así contrarrestó el pedido del fiscal de Ejecución Penal, Gustavo Araya, quien solicitó ante el juez Carlos Cattan que se comience a ejecutar la pena de Milagro Sala y regrese a una cárcel común.
“Se tuvo por probado que Sala, en conjunto con otras de las personas que fueron llevadas a juicio, conformó y lideró una asociación dedicada a cometer delitos que tuvo actividad entre los años 2013 y 2015”, recordó el fiscal en el escrito al que accedió Clarín.
En ese sentido pidió que se realice el cómputo de la pena “con el fin de que se fije la fecha de cumplimiento de esta y las obligaciones adicionales impuestas a su modo de cumplimiento”.
La determinación de la fecha exacta y precisa busca conocer cuándo finalizará Milagro Sala la condena, “no solo como certeza para el interno, sino como un modo de saber el grado de avance” y cuándo podrá “acceder a los beneficios que implique un egreso transitorio o definitivo, de conformidad con la ley de ejecución penal”.
Bajo el principio de que Sala cumpla una pena única, ya que tiene dos sentencias confirmadas por la Corte, el Ministerio Público de la Acusación sugirió “una pena privativa de libertad de catorce años para ser cumplida en un establecimiento penitenciario”.
En este sentido pidió que se deje sin efecto el arresto domiciliario otorgado a la líder de la Tupac Amaru. El fiscal entendió que es dentro del ámbito carcelario en donde “se podrá ponderar su evolución personal de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social”.
Los argumentos del fiscal
En la actual situación de privación de libertad de Sala -continuó explicando el fiscal- “no podrá recibir el tratamiento legalmente establecido para la resocialización ni mucho menos se podrá ‘ponderar’ su conducta para verificar si efectivamente ha incorporado el respeto por las normas”.
Pero además, la fiscalía de Ejecución puso como argumento preponderante la situación judicial de Milagro Sala quien “se encuentra privada de libertad bajo la modalidad de prisión domiciliara, a pesar de que hoy cuenta con dos sentencias condenatorias firmes y está imputada en más once causas penales abiertas”.
Entre esos expedientes penales hay dos que “son de gravedad institucional al estar imputada en una por el delito de administración fraudulenta y en la otra, mientras cumplía prisión domiciliaria, por el delito de instigación“, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.
Entre otros argumentos el fiscal indicó que el arresto domiciliario “evidencia un privilegio del que no poseen otros reclusos con delitos que, por cierto, son de mucha menor entidad”.
El arresto domiciliario se convirtió, explicó el fiscal, en “un privilegio que se tornó, inclusive, hasta escandaloso”, al referirse al festejo de cumpleaños.
Por último el fiscal de Ejecución penal resaltó dos cuestiones. La primera de ellas es que la situación procesal de Sala “ha cambiado de condición, no es una imputada sometida a prisión domiciliaria, sino todo lo contrario, esta tiene la condición de condenada”.
En segundo término, consignó que los informes médicos y psicológicos practicados a Milagro Sala “refieren que la misma se encontraría en condiciones de cumplir la pena en un establecimiento penitenciario común”.
NE
