José Luis Guerra puso punto final a su carrera como juez de Paz lego de El Manantial. El funcionario cuestionado por haber celebrado un casamiento en Salta presentó ayer la renuncia al Poder Ejecutivo. Si el gobernador Juan Manzur acepta la dimisión, caerá el proceso de destitución que solicitaron Mario Vittar, agente de la Junta Electoral Provincial, y el abogado Gustavo Morales a la comisión de Juicio Político de la Legislatura. El eventual archivo de las actuaciones permitirá a Guerra acceder a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Si fuese destituido, perdería el régimen previsional especial.
La renuncia habría sido precipitada por los comentarios que deslizaban la intención de los legisladores de dar trámite a la denuncia de Vittar y Morales. Esta presentación consigna que Guerra habría adulterado el instrumento público correspondiente al matrimonio de Santiago Seiler e Isabella Judith Silva Castejón (ciudadana venezolana), quienes se casaron el 20 de abril pasado en la localidad salteña de Cafayate. Los denunciantes adjuntaron una filmación que exhibe a Guerra mientras celebra el enlace.
El juez de Paz dimitente no concurre a su despacho desde el 13 de mayo porque está con licencia compensatoria hasta el mes próximo. Guerra había ingresado a la Justicia de Paz a comienzos de los años 80, según precisaron ayer en el Poder Judicial. Es uno de los jueces legos con mayor antigüedad en la institución, y reúne con creces la edad y los aportes para pasar al sector pasivo. En el ámbito tribunalicio especulaban que el gobernador Manzur iba a aceptar la renuncia, como este mismo año había hecho respecto de Antonio Héctor Heredia (Alderetes), quien caminaba por la senda de la destitución por la presunta venta de documentos de identidad apócrifos a extranjeros. Finalmente la Legislatura terminó archivando las actuaciones instadas por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
“Praxis perniciosa”
A la solicitud de destitución de Guerra, que nunca pudo ser ubicado por este diario, le siguió con pocos días de diferencia la interposición de otro pedido de expulsión respecto de Josefina Penna (Yerba Buena) por un motivo idéntico: la celebración de una boda en Cafayate, en este caso de Giselle Ortega y José Carbonell (h). Morales -Vittar no firmó esa presentación- llamó la atención sobre el hecho de que un empleado del Juzgado de Penna, Gonzalo Paz, se había trasladado hasta Salta para intervenir en el casamiento por la ley civil. En una entrevista con este diario, la jueza denunciada manifestó que el matrimonio había sucedido en su oficina; que Paz sólo había leído el acta, y que en esa circunstancia los contrayentes y testigos habían firmado una hoja en blanco.
“El comportamiento criminal del juez de Paz cuestionado (Guerra) no es aislado ni casual, sino que deriva de una praxis perniciosa cuyo origen estriba en la falta de control, y consecuente certeza de impunidad con la que actúan este y otros jueces de Paz -verbigracia, la titular del Juzgado de Paz de Yerba Buena, Penna, quien despliega el mismo modus operandi que Guerra-”, habían expresado Morales y Vittar, empleado afectado a la vocalía del presidente de la Corte y de la Junta, Daniel Posse.
Las posibles irregularidades detectadas pusieron en cuestión la práctica de la boda a domicilio, un servicio desregulado que cada juez de Paz presta a su criterio. Este tipo de casamientos genera un ingreso informal -sin comprobantes- y adicional al salario mensual exento del impuesto a las ganancias que asciende a alrededor de $ 140.000 en el supuesto de los legos y a $ 150.000 en el de los letrados.
Un juez de Paz puede llegar a cobrar $ 6.000 o más para ir a casar a las fiestas o a los lugares elegidos por los contrayentes. En 2017 y 2018, y mediante distintas circulares, el Registro Civil había advertido a los titulares de las oficinas que no podían sacar los libros sin autorización y que sólo debían celebrar matrimonios dentro de sus jurisdicciones. Pero en los hechos los límites territoriales no son respetados y nada impide, por ejemplo, que el titular de Gonzalo oficie un rito nupcial en Tafí Viejo. Consultada al respecto, Carolina Bidegorry, directora general del Registro Civil, dijo el jueves que la discrecionalidad sólo podía ser reducida mediante una ley y anunció que ella iba a presentar un proyecto después de las elecciones.
