El Senado rechazó esta tarde por amplia mayoría el decreto de necesidad y urgencia 70/23 de desregulación de la economía y no sólo le asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei, sino que también agravó la crisis entre el jefe del Estado y Victoria Villarruel como consecuencia de la decisión de la vicepresidenta de haber permitido que el DNU se discutiera en el recinto de la Cámara alta.
El decreto fue rechazado por 42 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones. Además del kirchnerismo, que sentó a la totalidad de sus 33 senadores, votaron en contra los radicales Martín Lousteau (Capital), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Edith Terenzi, que responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres (Pro). También lo hicieron los provinciales Mónica Silva (Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz), y Lucila Crexell (Neuquén); y los peronistas del bloque Unidad Federal Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos).
El polémico decreto dividió aguas en los dos grandes conglomerados que integraron Juntos por el Cambio. En el caso de la UCR, sus senadores se repartieron entre las tres opciones posibles (a favor, en contra y abstención). El Pro, cerró filas y votó a favor.
Más allá del duro impacto político a la administración Milei que implica el pronunciamiento del Senado, el DNU se mantiene vigente. Tal como lo establece la ley de Trámite Legislativo que regula el control parlamentario de estos instrumentos, para derogar un decreto de necesidad y urgencia se necesita del rechazo de ambas cámaras legislativas.
Así, ahora toda la presión se trasladará a la Cámara de Diputados, que preside el libertario Martín Menem (La Rioja), que tendrá la última palabra para definir la vigencia del DNU, un instrumento de 366 artículos que se encuentra impugnada ante la Justicia y que fue la primera gran medida de gobierno tomada por Javier Milei, el 21 de diciembre último.
El amplio rechazo que cosechaba el DNU en el Senado no era ningún secreto. De hecho, fue Villarruel y su política de negociación con la oposición dialoguista lo que permitió demorar el tratamiento en el recinto por más de un mes y medio.
El primero de tres pedidos de sesión especial para rechazarlo lo presentó el kirchnerismo en la última semana de enero. Todos fueron ignorados por Villarruel. Dos semanas atrás, un grupo heterogéneo de nueve senadores de diferentes bloques sumó presión al también reclamar su debate en el recinto. Fue la señal que le indicó a la vicepresidenta que no tenía margen para más dilaciones. Ya eran 42 los legisladores que exigían discutir el DNU.
El tratamiento del DNU está ultimo en el orden del día, por lo que se espera que las negociaciones del oficialismo para postergar el debate del decreto se extenderán hasta último minuto. La sesión comenzó con una serie de homenajes a la exsenadora por Tucumán Olijela del Valle Rivas, al exgobernador de Santa Fe José María Vernet y a la exdiputada y senadora Diana Conti quienes fallecieron en las últimas semanas.
El temario de la sesión incluye, además, el proyecto de ley que introduce modificaciones en el Código Penal y en la normativa legal vigente para endurecer la persecución y represión del lavado de dinero provenientes de delitos.
En el inicio de la sesión el oficialismo intentó una última jugada para evitarle el traspié al Poder Ejecutivo. El jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche (Jujuy), propuso postergar “por 20 días” el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia en el inicio del debate en el Senado del DNU de desregulación de la economía en un intento por evitar el golpe político al Gobierno que implicaría el rechazo.
La propuesta fue sometida a votación y rechazada por una amplia mayoría de 41 votos en contra y sólo 30 a a favor. A los 33 senadores del kirchnerismo sumaron su apoyo para que continúe el debate esta misma tarde el radical Martín Lousteau (Capital) y la chubutense Edith Terenzi, quien responde al gobernador Ignacio Torres (Pro). También se negaron a aplazar el debate Carambia, Gadano, Silva, Espínola, Kueider y Crexell.
La sesión arrancó a las 11.11 con senadores de todos los bloques sentados en sus bancas y con una vicepresidenta de buen semblante a pesar de la crisis de Gobierno que generó su decisión de aceptar el pedido de sesión especial impulsado por la oposición para discutir el DNU a sabiendas de que estarían los votos necesarios para rechazar el instrumento.
La iniciativa interesa al Gobierno nacional para evitar que la Argentina caiga en la calificación de países que integran la denominada “zona gris” de naciones con legislación permisiva al lavado de activos por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Una delegación de la organización se encuentra en el país haciendo una evaluación de la normativa nacional en la materia, de ahí el apuro del Poder Ejecutivo por tener sancionada la ley.
El proyecto fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y aprobado por la Cámara de Diputados en abril del año pasado a pedido del entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Sin embargo, el texto quedó congelada en el Senado por decisión de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. En enero, con el cambio de gobierno y la llegada de Victoria Villarruel a la presidencia de la Cámara alta, el tema se reactivó y obtuvo dictamen.