El gobierno mendocino del radical Rodolfo Suarez pule la letra chica de dos demandas que presentará en la Corte Suprema contra Nación: una precautoria por la derogación del Fondo Federal Solidario (FoFeSo) que realizó Mauricio Macri por decreto en 2018 y una segunda por la liquidación de regalías de la represa de Los Nihuiles, en la que reclama por el 50% que viene compartiendo con La Pampa desde 1973.
Justamente, para este miércoles está pautada una reunión entre ambas provincias para analizar las obras a realizar en el cauce del Atuel, luego de que el máximo tribunal determinará un caudal mínimo permanente que deberá llegar a suelo pampeano.
Las demandas ante la Corte fueron confirmadas desde despachos cercanos al de Suarez a Ámbito Financiero. Luego, el Fiscal de Estado de la provincia, Fernando Simón, agregó precisiones. En lo que respecta al FoFeSo, más conocido como Fondo de la Soja, la intención es sumarse al lote de provincias llevaron adelante un rechazo judicial contra la derogación de esos recursos que se aplicaban a obras en municipios, y que se constituían con un porcentaje de las retenciones a la exportación de soja.
El decreto de Macri es de agosto de 2018, con lo cual la intención es evitar que prescriba el reclamo por haber pasado los dos años. Por ese concepto, Mendoza estima unos $75 millones, y es de esperar que se sumen al barco el resto de las provincias que no lo han hecho, sólo a los fines de estar en el lote de beneficiados si en el futuro la justicia le da la razón a las provincias. Sin embargo, el monto mayor es por las regalías de Los Nihuiles. “Los cálculos son más complejos, porque el reclamo es por el retroactivo desde 1973. Creemos que oscila ente $20.000 y $25.000 millones”, dijo el Fiscal de Estado mendocino a este medio.
En 1973 el gobierno de facto de Alejandro Lanusse determinó que las regalías por ese comeplejo hidroeléctrico que está en el distrito cuyano debía repartirse en partes iguales entre Mendoza y La Pampa, por compartir el cauce del río Atuel, donde se ubica el embalse. Pero en otras demandas de años posteriores, la Corte tomó el criterio de que las regalías correspondían a la provincia donde se ubica el salto que genera la energía eléctrica. En este caso, es Mendoza, que reclama Nación y no a La Pampa, ya que la determinación de la división de regalías fue del gobierno central.
“En la década del ochenta, la Corte le pidió a Mendoza que agote las instancias administrativas. Eso ya se hizo. En 2015 la Procuración del Tesoro tuvo un dictamen favorable a Mendoza, pero después no se emitió el decreto para empezar a recibir el 100% de esas regalías”, aseguró Fernando Simón. Ahora, tras la presentación de “pronto despacho”, el Gobierno de Suarez seguirá la cruzada en la Corte Suprema.
El reclamo judicial agrega un condimento a la pelea del agua entre Mendoza y La Pampa, que este miércoles se medirán en la reunión del comité que regula la cuenca del Atuel Inferior (CIAI) donde deberán consensuar un plan de obras para que el agua llegue a territorio pampeano.
El máximo tribunal estableció un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundos permanente para el Atuel, un punto intermedio entre los pedidos de esas provincias, en un fallo que fue celebrado de ambos lados de la frontera. En el gobierno del peronista Sergio Ziliotto, porque sana la herida histórica del cauce seco del Atuel en La Pampa.
En la administración de Suarez, porque la Corte pidió que se realicen obras de común acuerdo, un eje que impacta en el proyecto de Portezuelo del Viento, la megaobra en el Río Grande que Ziliotto frenó en otro comité, el COIRCO, que regula el Colorado. Tras haberse volcado por Mendoza en 2018, las tres provincias neutrales de ese organismo (Buenos Aires, Neuquén y Río Negro) apoyaron la postura de Zilioto hace un mes: exigen un nuevo estudio de impacto ambiental, hecho por el que Suarez pidió el laudo de Alberto Fernández.
Con ambas discusiones arriba de la mesa, la demanda por regalías es una carta que podrá jugar Mendoza, mientras espera el martes la cuarta cuota que Nación deberá depositar por Portezuelo: u$s18,6 millones, de acuerdo al cronograma de desembolsos por una deuda que en la provincia escinden de la obra. Y aclaran que es parte de un acuerdo extrajudicial de 2006 por otra demanda a Nación: los perjuicios a la provincia por la Ley de Promoción Industrial en Cuyo que, al no incluir a Mendoza, llevó a un éxodo de empresas a los distritos vecinos.
