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Mi pasado me condena: Miguel Terraf arrastra una historia plagada de irregularidades

Hace casi dos décadas, la AFIP estuvo cerca de abrir una investigación sobre el patrimonio del presidente del Honorable Tribunal de Cuentas.

Miguel Terraf Tribunal de cuentas 1
Presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Terraf
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Durante el transcurso del pasado 17 de agosto, el presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Terraf, recibió un salvavidas político cuando se enfrentaba a un pedido de juicio político por múltiples irregularidades tras décadas de estar al frente del organismo contralor.

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Aquel día, los integrantes de la Comisión de Juicio Político rechazaron tratar las pruebas donde se denunciaba a Terraf por la presunta comisión del delito de “mal cumplimiento de deberes de funcionario público”. Sin embargo, pese a haber esquivado una posible sanción disciplinaria, su nombre cobró vuelo mediático en las últimas horas.

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Esto se debe al hecho de que salieron a relucir escandalosas maniobras de un pasado que lo condena. En ese sentido, si para muestra basta un botón, cabe señalar que, en su momento, hace casi dos décadas, la AFIP estuvo cerca de abrir una investigación sobre el patrimonio del presidente del Honorable Tribunal de Cuentas.

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En ese sentido, cabe recordar que fuentes del organismo fiscalizador quisieron establecer si Miguel Terraf declaró la compra de un terreno ubicado en la avenida Mate de Luna 4.449, cuya valuación fiscal no se condice con los valores de mercado de ese momento, al menos de acuerdo con lo publicado por un medio escrito provincial hace casi 20 años.

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Mismo medio que dio cuenta acerca de que la operación, como lo señala el informe del Registro Inmobiliario Provincial, se concretó el 11 de diciembre de 2006. Asimismo, es menester dar cuenta acerca de que no habría registro del pago de IVA que demanda toda operación de compra/venta inmobiliaria.

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Al respecto, el medio periodístico local señaló en aquella oportunidad que los investigadores presumieron por entonces que se trataría de una compra “no declarada” y trascendió que, según ese diario, Terraf habría desembolsado unos $450.000 por un terreno de 850 metros cuadrados sub valuado por la Dirección General de Rentas en $111.000.

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De esta manera, la AFIP debió haber buscado determinar qué otra actividad realizaba el presidente del Tribunal de Cuentas para poder financiar este tipo de operaciones inmobiliarias que demandan una serie de ingresos muy por encima de sus honorarios como funcionario público.

Según consta en la boleta de sueldos de Terraf a la que tuvo acceso aquél medio, hasta mediados de 2007, percibía un salario de $13.474 y tal como los jueces, está impedido de ejercer otra actividad comercial. Al respecto, el medio en cuestión hizo hincapié en algo importante en torno al matrimonio Terraf.

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Y es que esto significa que, según el medio, que la sub valuación fiscal de los inmuebles a nombre de Terraf y su esposa no serviría de mucho a la hora de calcular la deuda impositiva del matrimonio y por lo tanto el recálculo de oficio que debería haber hecho en su momento la AFIP ascendería de forma exponencial.

Otro de las líneas de investigación apuntó a los movimientos bancarios que realizó la pareja en los últimos años y la compra y venta de vehículos, presuntamente para uso familiar, de acuerdo con lo publicado por aquél diario. En el primero de los casos, podrían remitirse al análisis de una operación bancaria por un monto de $ 850.000 realizada en 1999.

Se trató del año en el que Terraf ingresó al Tribunal de Cuentas, además de otros montos menores. En definitiva, la AFIP ya tendría una pormenorizada radiografía de la vida financiera de estos dos funcionarios claves en la red del poder alperovichista en los buenos tiempos del ex gobernador, de acuerdo a la publicación de antaño.

Lo cierto es que se trata de un Tribunal de Cuentas con el ojo parchado ya que los olvidos de los controladores a la hora de analizar las cuentas públicas pusieron un manto de sospecha sobre el trabajo, al menos en su momento, siempre de acuerdo a lo publicado por un medio escrito de Tucumán allá por comienzos del siglo XXI.

Y es que el organismo integrado por Miguel Terrat, presidente y los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, prestaron un servicio vital a la red del poder alperovichista, de acuerdo a las conclusiones a las que arribó este medio local señalado anteriormente, el cual alertó acerca de una cuestión elemental.

Y es que precisó que, si bien los gastos auditados por el Poder Ejecutivo están bajo la lupa del HTC, en numerosos casos las exigencias políticas superan al ojo alerta de los contadores fiscales. En esa línea, aquél medio gráfico de por entonces habla acerca del polémico olvido del Tribunal de Cuentas.

Según publicó en su momento, señala que el TC omitió consignar en su informe sobre la Cuenta de Inversión 2007 el capítulo sobre el ejercicio presupuestario de la administración pública centralizada, da cuenta de ello. Fue sugerente como el TC no auditó los gastos por más de 6 millones de pesos, por ejemplo, de la Secretaría General de la Gobernación.

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Según el medio, se trata de un organismo del que partieron jugosos subsidios para fundaciones amigas del gobierno que forman parte del armado territorial del alperovichismo. La cartera estuvo presidida por Ramiro González Navarro, un funcionario con licencia justamente de su organismo de origen: el Tribunal de Cuentas.

De acuerdo al medio en cuestión, él otorgaba los subsidios a las fundaciones que aprobaba la sub directora de la Dirección de Personas Jurídicas, Marcela Manso, es decir, nada menos que la esposa de Miguel Terraf. Y estaba por entonces previsto un aumento de $30 millones para esa cartera en 2009.

Fuera del control del TC también están los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Fondo Fiduciario Provincial obras públicas, la Caja Popular y el Subsidio de Salud. Según el medio, Terraf tampoco se habría preocupado por saber qué fin tienen las participaciones accionarias del Estado provincial en la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y Televisora del Tucumán.

Pero eso no fue todo ya que la causa Mansilla fue el ícono del descontrol, según señala el diario de entonces. Se trata del ex arquero del club Deportivo Newbery de Aguilares, quien todavía elude responder a la Justicia qué pasó con los $164 millones que no cuentan con rendición alguna cuando estuvo al frente de la Secretaría de Coordinación de Municipios y Comunas.

Lo cierto es que mientras el millonario monto en cuestión sigue esfumado, el presidente subrogante de por entonces en lo que hace a la Legislatura al parecer confiaba en el escudo protector de su mentor, José Alperovich, y del dilatado accionar de los magistrados, de acuerdo a lo establecido entonces por un diario local.

Es decir, la causa que investiga la suerte de los $164 millones no mostró avances y al parecer dormirá el sueño de los justos, consignó aquél medio. Sin embargo, quienes sí deberán comenzar a explicar dónde fueron a parar los fondos para obras públicas son algunos delegados comunales de entonces, deja en claro ese medio.

Diario 3 min

Tal es el caso, de acuerdo a lo publicado entonces, de José “Gallito” Gutiérrez, sobre los que pesan pedidos de juicio de responsabilidad ordenados por el Tribunal de Cuentas). En definitiva, ¿Qué espera el poder político para de una vez por todas Miguel Terraf comience a pagar algo por lo que hizo en el pasado?

Para colmo, ayer miércoles, en pleno microcentro San Martin al 500, aparecieron afiches sobre el accionar en el Tribunal de Cuentas y su presidente Terraf. En el mismo, se habla acerca de que Terraf es el “GRAN CULPABLE” ya que “ARMÓ UN CERTIFICADO DE BUENA CONDUCTA PARA AVALAR TODA LA CORRUPCIÓN ALPEROVICHISTA DURANTE 12 AÑOS”. Pero, ¿A qué se refería?

Afiche

La publicación señala que el titular del TC sería culpable del hecho de que “Si no tenés para pagar tu vivienda, es porque (EL) autorizó sobreprecios en Lomas de Tafí. Si llegás tarde al trabajo porque se cayó un puente, es porque (ÉL) autorizó su construcción. Si sufriste un accidente por una ruta destruida por falta de mantenimiento es porque (EL) permitió las obras fraudulentas”.

“Si te estaban operando en un hospital público y se llovía el quirófano, es porque (ÉL) aprobó esa obra. Si sos beneficiario de un plan social y recibiste comida vencida, verduras podridas o agua no potable, es porque autorizó que empresas corruptas le vendan al Estado”, finalizó la publicación.

¿Estarán la Justicia y el poder político listo para dejar de mirar para otro lado?

Es tiempo de decir BASTA a la impunidad y corrupción enquistada en el Estado provincial….

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