La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió hoy a “las preocupaciones críticas de derechos humanos” en Formosa desatadas en el marco del avance de la pandemia de coronavirus, y que en el país generaron fuertes denuncias por el accionar del gobierno de Gildo Insfrán.
“En Argentina, el equipo de la ONU en el país fue movilizado rápidamente para responder a las preocupaciones críticas de derechos humanos en la provincia nororiental de Formosa cuando la pandemia se apoderó de ella”, señaló Bachelet en la apertura de la 47° sesión del Consejo por los Derechos Humanos de la ONU.
“El coordinador residente de la ONU dirigió una misión de evaluación virtual con la participación de Unicef, Unfpa, OMS / OPS y Acnudh. Luego inició consultas con las autoridades sobre un posible programa estratégico conjunto de la ONU para responder a la emergencia sanitaria en la provincia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que incluye abordar una serie de problemas estructurales, con especial atención a los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables”, agregó Bachelet.
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El caso de Formosa fue parte de una presentación en la que Bachelet denunció los “mayores y más graves retrocesos” en materia de derechos humanos “que hayamos visto nunca”, en un discurso ante el máximo órgano de la ONU en la materia.
La situación de Formosa fue comentada por Bachelet junto al repaso de los reportes críticos de la ONU en Camboya, Serbia, Guinea, Ucrania, Madagascar, Líbano, Afganistán, Bielorrusia, China, Colombia, Etiopía, Haití, México, Mozambique, Rusia y Sri Lanka, entre otros países.
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”Para recuperarnos de los mayores y más graves retrocesos en materia de derechos humanos que hayamos visto nunca, debemos tener una visión que cambie la vida y una acción concertada” para ponerla en práctica, dijo Bachelet, según reprodujo la agencia EFE. ”Necesitamos (…) sociedades que, aunque diversas, compartan compromisos fundamentales para reducir la desigualdad y avanzar en todos los derechos humanos”, completó la expresidenta de Chile.
Las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en Formosa, que durante la pandemia se enfocaron principalmente en la situación de maltrato a los comunidades wichis del interior y la situación de los centros de aislamiento dispuestos por Insfrán, dejaron mal parada a la Casa Rosada, que combinó cuestionamientos aislados al gobernador peronista y la policía provincias con gestos de apoyo institucional, tanto del presidente Alberto Fernández como del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que viajó a Formosa y desconoció las denuncias.
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“No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa”, afirmó Pietragalla después de haber recorrido durante dos días la provincia gobernada por Insfrán, en enero de este año. Muy lejos de “las preocupación críticas por los derechos humanos” que movilizaron a la ONU, según informó Bachelet.
En su tradicional repaso a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, Bachelet dijo estar “profundamente preocupada” por las “graves violaciones” en la región etíope de Tigré, donde la situación humanitaria es “terrible”, con más de 350.000 personas en situación de hambruna. Coincidiendo con las elecciones nacionales que se celebran el lunes en Etiopía, Bachelet denunció los abusos contra la población civil “por todas las partes del conflicto”.
Bachelet también habló de Colombia y mostró su “grave preocupación” por la represión contra manifestantes, la misma que criticó en su momento el gobierno de Alberto Fernández. Según los datos que ofreció, del 28 de abril al 16 de junio se registraron 56 muertes (54 civiles y 2 agentes de policía), especialmente en Cali, además de 49 víctimas de violencia sexual.
Sobre la situación en México, aliado de la Argentina en la región, la Alta Comisionada se mostró alarmada por el “alto nivel de violencia política” durante la campaña de las elecciones legislativas celebradas a comienzos de mes. ”Al menos 91 políticos y miembros de partidos, entre ellos 36 candidatos electorales, fueron asesinados durante el periodo electoral que comenzó en septiembre de 2020″, dijo Bachelet, quien también denunció ataques y amenazas contra políticos y violencia sexual y de género contra mujeres.
