Miedo, reclamos e internas en la escalada que paraliza Río Negro

Salvador, rionegrino, jubilado, vendedor ambulante de empanadas, se le caen las lágrimas. Está parado con su bicicleta, en la que lleva la canasta para vender en las calles céntricas de El Bolsón, frente a los escombros de lo que era el Club Andino Piltriquitrón (CAP). Y llora. “Esto no se termina acá. Esto sigue, mañana puede ser mi casa, puede ser la casa de él”, dice, en las horas posteriores al ataque incendiario que destruyó el Club, y que conmocionó a la provincia de Río Negro, donde el conflicto por el acceso a la tierra, las ocupaciones y, en paralelo, los actos vandálicos, es cada vez más agudo.

Alrededor del predio, en el que quedan los escombros y parte de la estructura que el fuego destruyó, socios históricos del CAP, directivos y vecinos de la zona están apostados, con la mirada fija sobre el Club en forma de restos. El olor a quemado se volvió un signo de los tiempos en la comarca andina. Olor a miedo. El ataque incendiario del CAP fue el tercero ocurrido durante el último mes. El primero fue contra el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón, ahora custodiado por la Policía Provincial de Río Negro, y el segundo en instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche. La gobernadora Arabela Carreras los denunció como hechos terroristas y dijo que fueron halladas inscripciones “con leyendas mapuches”, que contenían amenazas a autoridades judiciales y provinciales. El sereno del campamento de Vialidad detectó el atentado y se encontró, también, con dos personas maniatadas en una vivienda cercana. Muchas comunidades mapuches de la provincia repudiaron los hechos violentos a través de sus voceros -werkens- y buscan evitar la estigmatización. En simultáneo, se difundió un comunicado de la denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que, si bien no se atribuyó los ataques, los reivindicó.

“Si esto no se corta de alguna manera, puede ponerse muy bravo. Hoy no tengo miedo, pero es un tema muy presente. No son mapuches los que atacan, son gente que se formó en Chile y tiene el aval de los K”, dice Marisa, una vecina de los alrededores del Centro Cívico de Bariloche que camina por la calle Morales. Su mirada se acumula a tantas otras que interpretan de manera similar los hechos de violencia ocurridos en el último mes, y que sugieren que existe un aval del kirchnerismo a las tomas de tierras y a los ataques vandálicos. Tras días de tensiones a cielo abierto con las autoridades provinciales, el Gobierno ayer repudió los ataques en la cordillera.

En la carpa blanca que aloja la feria artesanal de la plaza Derechos de la Mujer, detrás del Centro Cívico, se escuchan opiniones diferentes: “Hay teorías de que el propio club de Bolsón se auto atentó para ensuciar a los mapuches y para mandar fuerzas de seguridad a reprimir”, dijo a este medio un puestero de la feria, que optó por no dar su nombre, y que dice apoyar el reclamo por la recuperación de tierras ancestrales. Esa teoría, calificada como conspirativa por funcionarios municipales de El Bolsón y por los propios directivos del Club, sonaba también en la Feria de Artesanos del Bolsón durante los días posteriores al ataque, donde varios artesanos consultados por LA NACION dicen que ”se busca demonizar al pueblo mapuche”.

Los hechos violentos se producen en un contexto particular, paralelo a la época electoral: en un mes vence la tercera prórroga de la ley 26160, que declaró en 2006 la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan ancestralmente las comunidades indígenas del país. La ley ordena, además, la suspensión de desalojos o desocupación de esas tierras, y que se realice un relevamiento técnico y jurídico catastral sobre el dominio de ellas.

Distinas comunidades mapuches piden que se extienda la emergencia, y las discusiones políticas alrededor de este tema empiezan a calentarse: el Frente de Todos se comprometió en una reunión con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a tratar el tema y votar la prórroga de la ley, mientras que varias voces de Juntos por el Cambio dijeron off the record que no debe prorrogarse. La prórroga finalizaría o se extendería con la actual composición del Congreso.

El Club Andino Piltriquitrón fue incendiado

El trabajo de relevamiento territorial es competencia del INAI, conducido por la exdiputada nacional kirchnerista Magdalena Odarda, a quien la gobernadora Arabela Carreras cuestionó por instigar los hechos violentos. Sin la prórroga de la Ley 26.160, las partidas presupestarias del INAI serían recortadas, señalaron fuentes de la oposición a este medio.

Como parte del escenario que se vive en el Sur, también suenan comentarios sobre el reciente abordaje de la justicia chilena sobre el pedido de libertad condicional del lonko mapuche Facundo Jones Huala, preso en el país vecino por el incendio de una estancia.

Las ocupaciones de tierras

La bandera mapuche, uno de sus máximos emblemas, y una bandera blanca que dice “Territorio Mapuche Recuperado” se imponen sobre el cerco que rodea la más reciente toma de tierras. A los ataques incendiarios en el Bolsón, de los cuales numerosas comunidades mapuches se despegaron, los antecedió el ingreso de la comunidad mapuche Quemquemtreu en dos lotes del paraje Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de El Bolsón, el mes pasado.

Consultado por la reciente ocupación de estos dos lotes, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, dijo: “Lo que hacen estos grupos es adjudicarse tierras como pueblos originarios para una obtención del territorio. Está claro y demostrado por la historia misma que no hay registro de ellos, no están registrados en el INAI”.

“Los pueblos originarios que hay acá -agregó el intendente- son la Rinconada Nahuelpan, gente de paz que nunca tuvo conflicto, que es pacífica. Estos nuevos Lof, como el Quemquemtreu, no tienen registro de su origen, son autopercibidos mapuches y ejercen la violencia”.

La vocera de la lof Quemquemtreu, Soraya Maicoño, dijo que se busca instalar que sus integrantes son delincuentes y terroristas. Afirmó que pretenden “el retorno legítimo al territorio” y que están dispuestos “a dar la vida”. Miembros de esta comunidad denunciaron un accionar represivo por parte de las fuerzas provinciales que custodian la zona, mientras que los vecinos de la zona piden que los ocupantes sean desalojados.

Villa Mascardi

Por la Ruta 40 desde Bariloche hacia El Bolsón, a la derecha se ven las extensiones de tierra y bosque que llegan hasta las orillas del lago Mascardi. A la izquierda de la ruta, a la altura del kilómetro 2006, se ven tranqueras de madera con alambrados y mensajes que ruegan “No pasar”.

Con infinitas alusiones a la muerte de Rafael Nahuel, asesinado por una bala de la Prefectura Nacional en ese lugar en 2017, se ve el predio tomado por la Lof Lafken Winkul Mapu. Hay un muñeco de trapo adherido a una tranquera. Hay, también, una figura de cartón que parece un hombre encapuchado en otra de las construcciones quemadas, con el objetivo de que se mantenga la distancia con el lugar. Los troncos de los árboles en el predio de Villa Mascardi llevan pintadas las consignas “Lo mató el Estado racista” y “Fuera racistas”.

Una chapa con letras en pintura roja reclama: “respete la comunidad, no molestar”, y a pocos metros, una bandera de tela indica: “Lof Lafken Winkul Mapu, Territorio Mapuche Recuperado”. Es la postal de la ocupación del predio en Villa Mascardi perteneciente a Parques Nacionales, ocupado por la comunidad Lafken Winkul Mapu en 2017. El conflicto por esa ocupación recrudeció durante el año pasado y está judicializado. La única parte acusadora, ahora, es la fiscal Sylvia Little, dado que el directorio de Parques Nacionales se retiró como querellante luego de una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Los ataques y las tomas son el síntoma de un entramado complejo, con ribetes históricos y cosmovisiones enfrentadas sobre el conflicto por el acceso a la tierra y las ocupaciones. No sólo se enfrentan el reclamo del pueblo mapuche (que no es homogéneo) por el derecho constitucional al territorio con la perspectiva que defiende el derecho constitucional a la propiedad privada, tanto de parte de vecinos agrupados como dueños de tierras ocupadas.

También se enfrentan las distintas vertientes del pueblo mapuche. Mientras algunos grupos ejercen la violencia como forma de acción y dicen expresar el reclamo del pueblo indígena para reivindicar sus derechos, otras comunidades pacíficas buscan enfáticamente despegarse de esos actos. “No son mapuches, son delincuentes, impostores. Nosotros no somos violentos”, consideró la integrante de una comunidad mapuche con asiento en Bariloche en diálogo con LA NACION, y que pidió el resguardo de su nombre, en un intento por contener el llanto. “Esto se tiene que frenar. A nosotros nos invadieron, nos quemaron el lugar y no podemos dormir de noche porque en cualquier momento se pueden meter y tomarnos la tierra que tenemos legalmente reconocida”, agrega.

La comunidad mapuche Wiritray se asienta en un territorio sobre el lago Mascardi y repudió en varias oportunidades las usurpaciones de tierra por parte de otras comunidades. Sus integrantes buscan constituirse como querellantes en la causa penal por la usurpación de tierras de Parques Nacionales en Villa Mascardi, que tiene a siete imputados. Hay otros grupos que deslegitiman el reclamo de esta Lof por estar patrocinada por Florencia Arietto, la abogada penalista asesora de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Son mapuches macristas”, los calificó el werken de otra comunidad. La grieta también encierra al mundo mapuche.

“No se puede acusar a una comunidad y decir que son falsos mapuches. Cada una tiene su manera, sus métodos de defensa, su decisión política, deciden cuál es el grado de intervención y cómo se van a defender de la violencia institucional ejercida por el Estado” dijo, el werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche en Río Negro, Orlando Carriqueo.

“Yo repudio los incendios y pido que la justicia investigue los hechos. Es muy injusto que porque haya un panfleto el Estado acuse al pueblo mapuche”, agregó, respecto de los ataques. Sobre la ocupación en Cuesta del Ternero, Carriqueo dijo que no son ocupaciones sino “reivindicaciones territoriales”, y agregó: “Hemos frenado cinco desalojos, no solo con comunicados, sino parándonos frente a la policía”.

Al respecto de estos contrapuntos, un grupo de antropólogas patagónicas cuestionaron en una publicación de la Revista Anfibia que existe un “mapuchómetro”, y una operatoria que separa a los “buenos mapuches” de los “malos mapuches” según el carácter que cada una de las comunidades le imprima a la lucha por la reivindicación territorial o a la forma de comunicarse, por ejemplo.

Una vez más, el denominado conflicto mapuche tomó una dimensión nacional y expuso las tensiones entre el gobierno provincial, que demandó el envío de fuerzas federales por el recrudecimiento de la violencia, y el gobierno nacional, que si bien desplegó operativos de seguridad en Río Negro durante la última semana, vociferó que no se trata de hechos que hagan peligrar la seguridad interior. Hay un abanico de acusaciones, tanto hacia el Gobierno por supuestamente avalar a los grupos violentos, como al gobierno de Carreras por no poder controlar la seguridad de la provincia.

Una fuente partidaria del Frente de Todos, crítica del gobierno provincial, señaló a este medio que “hay un grupo radicalizado que ejerce la violencia igual que como hay dos Bariloches: la del turismo y la del Alto”. Y agregó que “no se puede mirar el conflicto territorial sin mirar el aumento de la pobreza en la provincia, donde los sectores marginales de la sociedad enfrentan problemas de vivienda de las que el estado provincial no se hace cargo”. LA NACION intentó comunicarse con la gobernadora Carreras en repetidas oportunidades pero no hubo respuesta alguna.

En la última semana, la llegada de fuerzas federales a la provincia de Río Negro produjo opiniones divididas: hay quienes, como el intendente del Bolsón Bruno Pogliano y la gobernadora Carreras, dicen que se debe contener la ola de violencia, a la vez que sostienen que la mayoría de la población está de acuerdo con los operativos de seguridad; mientras algunos ciudadanos, y sobre todo los miembros de las comunidades indígenas, repudian el despliegue y denuncian que se quiere militarizar la zona. Mientras tanto, un grupo de vecinos e integrantes de la mesa Consenso Bariloche convocaron a una marcha para el próximo 7 de noviembre en repudio a la violencia desatada en la zona andina, y en contra de las ocupaciones de tierras.