Miguel “Miguelón” Figueroa fue formalmente procesado este jueves por amenazar al gobernador Osvaldo Jaldo y a cuatro funcionarios del Poder Judicial de Tucumán. En una audiencia cargada de tensión, el juez Guillermo Di Lella dictó prisión preventiva por tres meses tanto para Figueroa como para su pareja, Marcela Díaz, a quien también le revocó el arresto domiciliario.
La causa se disparó por un mensaje de audio intimidatorio enviado a la periodista Mariana Romero. Según la acusación del fiscal Carlos Picón, Figueroa habría ordenado la grabación con el objetivo de presionar a la Justicia para que le permitieran visitar la tumba de su hijo fallecido. El mensaje incluía amenazas directas no solo al gobernador Jaldo, sino también al juez Gonzalo Ortega y a los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo.
Durante la audiencia, Figueroa rompió en llanto y negó haber involucrado a Díaz en la maniobra. “Me arrodillo ante todos para pedir perdón. Al gobernador, al juez y a los fiscales”, gritó. Afirmó que fue su hija de 10 años quien grabó el audio a pedido suyo. “Mi mujer no tiene nada que ver. Ella es inocente”, insistió. Sin embargo, el juez consideró que los elementos de la causa eran suficientes para imputar también a Díaz por el delito de amenazas coactivas.
El fiscal Picón, asistido por el auxiliar Benjamín Zavalía, sostuvo que el mensaje fue enviado el mismo día en que el entonces abogado de Figueroa comenzaba los trámites para gestionar un traslado. “No creo en coincidencias. Esta amenaza atroz buscaba generar presión. Fue un ataque al sistema democrático y a la paz social”, afirmó.
Por su parte, José María Molina, representante de la Fiscalía de Estado, adhirió al pedido de prisión preventiva. El defensor oficial Hernán Molina, que asumió la representación de Figueroa tras la renuncia de su abogado particular, solicitó que se tomen en cuenta las condiciones del acusado en el penal de Ezeiza, donde cumple prisión desde hace 18 días. Pidió atención psicológica y denunció maltrato. “Estoy rodeado de cien terroristas, hago huelga de hambre. ¿Quieren que me mate?”, exclamó el imputado, conmovido.
La defensa de Díaz, a cargo de Víctor Padilla, rechazó la imputación agravada y la revocación del arresto domiciliario, ya que la mujer tiene a cargo a cuatro menores de edad, incluyendo a la niña de 10 años involucrada en el caso. La defensora de Niñez, Norma Aparicio, respaldó su posición.
Luego de más de cinco horas de audiencia —que sufrió demoras por un apagón y cambios en la defensa— el magistrado Di Lella resolvió dictar prisión preventiva por tres meses para ambos imputados. Ordenó que Figueroa permanezca en Ezeiza con atención médica y que Díaz sea trasladada a la alcaldía de Delfín Gallo.
“El mensaje intimidatorio representa un atentado a las instituciones y no puede ser tolerado en un Estado de Derecho”, concluyó el juez. En caso de ser condenados, Figueroa y Díaz podrían recibir penas de entre cinco y diez años de prisión.
