La semana pasada, la Justicia de la provincia de Misiones inició una investigación luego de una serie de publicaciones en las que se acusó a Carlos Rovira, presidente de la Legislatura de Misiones, de no cumplir la cuarentena tras realizar un viaje por Asia y Europa.
La repercusión originó una serie de noticias en el sitio realpolitik.com, en el cual se confirmó que Rovira había contraído el coronavirus y que éste había contagiado a su madre, quien falleció algunos días después del regreso de su viaje.
El juez Marcelo Cardozo comprobó, según relataron fuentes judiciales, que las noticias eran falsas: Rovira nunca tuvo coronavirus y su madre tampoco murió por el COVID-19, sino por causas naturales.
Tras esta confirmación, la investigación se centró en constatar -en primer término- quién había difundido esta información. La Dirección de Cibercrimen de Misiones realizó un “patrullaje virtual” y le entregó la información al magistrado, quien le envió un exhorto a su colega Horacio Alarcón, quien autorizó dos allanamientos.
El primero en el domicilio de la Fundación Papa Francisco, ubicada en Oberá. Luego, otra casa en la misma localidad, a 95 kilómetros de Posadas, capital provincial. Allí encontraron a Alicia Raquel Arruda, miembro y líder de la fundación en su filial provincial, denunciada por los vecinos de la zona por incumplir la cuarentena desde el 20 de marzo.
Cuando la policía llegó al domicilio de la mujer, los agentes se encontrron con Sergio Lanziani, secretario de energía de la Nacion, quien dormía tranquilamente. Según fuentes judiciales, fue el propio funcionario quien intentó impedir el allanamiento diciéndole a los efectivos que mientras un secretario de estado estuviera ahí no podían ingresar.
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La policía secuestró dos notebooks, una computadora y cuatro celulares, entre ellos el de Lanziani. La mujer quedó imputada por el artículo 211 del Código Penal de la Nación, el cual prevé que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
El secretario, por su parte, no tenía registrado ese domicilio, por lo que le se le dio aviso a la Justicia federal para determinar si incurrió en algún delito referido a la violación de la cuarentena obligatoria. Ninguno de los dos fue detenido.
Cardozo recibió la denuncia de los vecinos y también investigará si Arruda efectivamente no cumplió con el aislamiento social decretado el 20 de marzo.
“Conforme a tareas de Patrullaje Virtual se observa en la red social Facebook un perfil identificado como Alicia Arruda, quien comparte una convocatoria para participar de un cacerolazo, atento a ello en forma inmediata se dio aviso al Juzgado en turno, quien dispuso la ubicación de la persona y posteriormente se ejecuto allanamiento conforme a un exhorto Nro. 46/20 del Juzgado de Oberá”, indicó la Dirección de Cibercrimen de Misiones en un comunicado oficial.
Desde el entorno de Lanziani le confirmaron a este medio que el secretario no violó la cuarentena. “Previo al 20 de marzo llegó a Posadas y vía terrestre se dirigió hacia Oberá. Él estaba cumpliendo el aislamiento en el lugar en el que estaba aquel día, como dice la ley”.
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Lanziani, exceptuado por ser funcionario público, había salido una mañana a Posadas para cumplir con un trámite que involucraba a uno de sus hijos. Y si bien las personas más cercanas al secretario lo niegan, fuentes judiciales tendrían comprobado que Lanziani incumplió en más de una ocasión la cuarentena para llevar a cabo trámites privados.
En la información sobre Rovira se expresaba que Gladys María Díaz, su madre, fallecida el 24 de marzo, le había reprochado a su hijo también haber contagiado a decenas de personas luego de mantener reuniones laborales con ellos. Sin embargo, la Justicia ratificó que el análisis por COVID-19 le dio negativo.
“Su domicilio es en Posadas, también es el que tiene en el DNI. Pero a él la cuarentena lo agarró en Oberá y se quedó ahí. Trabaja desde allá con expedientes vía remota, teleconferencias con su equipo y reuniones virtuales con funcionarios”, agregaron desde su círculo más cercano.
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Cardozo deberá determinar, durante las próximas horas, si el funcionario no respetó el aislamiento. Desde su juzgado admitieron que también buscará saber quién o quiénes son los dueños del sitio en el que se publicaron las noticias, con el objetivo de constatar o desestimar un vínculo entre estos y Arruda o Lanziani.
