En el día de ayer, 11 de febrero del 2021, se realizó una presentación de parte del Dr. Gustavo Morales y de la secretaria adjunta de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Alejandra Martínez, dirigida a la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán bajo el expediente N° 08-JP-21. La misma se enmarca en lo preceptuado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Las mismas hacen referencia a que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, y/o de interés particular y el de obtener pronta resolución. En el escrito, se solicita el rechazo in limine del pedido de destitución contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Dra. Claudia Sbdar y del vocal Dr. Daniel Posse.
Se refiere al pedido de destitución efectuado por Santos Eugenio Pastrana quien pretende utilizar la excepcional vía del juicio político debido a un fallo adverso dictado por el máximo tribunal provincial en el marco del juicio caratulado “Courtade Giselle Susana vs Provincia de Tucumán s/ Prescripción adquisitiva”. Cabe recordar que sobre esta maniobra dimos cuenta hace un par de días desde este medio.
Los fundamentos de los autores de esta presentación pasan por el hecho de que todavía quedan pendientes los carriles recursivos denominados técnicamente “Recurso Extraordinario Federal” y “Recurso de Hecho” o “Recurso de queja por denegación del extraordinario federal”. Y es que tal como lo señaláramos desde Tucumán Despierta, la sentencia tiene el voto coincidente de la presidenta de la Corte, del vocal Posee y también del vocal decano Antonio Estofán.
En ese sentido, los autores de la presentación señalan que, sin embargo, deliberada y maliciosamente los peticionantes de la destitución de los magistrados omiten formular el pedido de juicio político al vocal Estofán. Es por ello que señalan que pareciera tratarse de una vulgar maniobra extorsiva con la aviesa intención de obtener la renuncia de los altos magistrados cuestionados o bien el vil uso de “caciques” con el pretexto del ejercicio de derechos ancestrales.
Los cuales se utilizarían para provocar la invasión del poder político sobre el poder judicial. En esa línea, sostienen que cualquiera que sea el acierto o el error de las resoluciones objetadas, ello deberá ser establecido dentro de los cauces procedimentales y por el juego de los recursos que la ley suministra a los justiciables. En este orden de ideas, resulta impensable la potestad política que supone el juzgamiento de la conducta de los jueces que esté habilitada para inmiscuirse en la tarea jurisdiccional de éstos y formular juicios al respecto.
En este marco, informamos que el ex intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, estaría usando el poder que ostenta como legislador provincial, para vengarse de quienes dejaron firme su fallo en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Para ello, Yapura Astorga contaría con el apoyo de caciques del Pueblo Diaguita, quienes, presentaron los pedidos de juicios políticos en contra de los magistrados.
