La Convención Nacional del radicalismo, órgano “legislativo” del centenario partido que conduce Gastón Manes, decidió suspender preventivamente las afiliaciones de cuatro de los cinco diputados que la semana pasada se reunieron con Javier Milei en la Casa Rosada y horas después ayudaron al Gobierno a ratificar el veto a la ley de movilidad jubilatoria.
La información fue confirmada a LA NACION por Manes y los legisladores castigados son Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba) y Pablo Cervi (Neuquén) que, al votar en contra de que la Cámara baja insista con la ley que había sancionado el Congreso, dejaron firme el veto de Milei. El correntino José Tournier, quinto miembro del grupo de los conversos, integra el bloque radical pero no está afiliado al partido.
La decisión fue tomada por la mesa de conducción de la Convención Nacional, encabezada por Manes y el secretario general, Hernán Rossi, que decidió elevar los casos de los legisladores al Tribunal Nacional de Ética del radicalismo, para que analice sus casos.
El paso no es menor, ya que las sanciones podrían llegar hasta la expulsión del partido. El órgano partidario tomó la determinación en virtud del artículo 53 de la carta orgánica partidaria que lo faculta para denunciar “fallas en la conducta de los afiliados y dirigentes partidarios de todos los distritos cando por su investidura lesionen la dignidad del partido”.
@mariano_campero
La mesa ejecutiva de la Convención también puso bajo análisis del tribunal disciplinario los casos de los diputados Roxana Reyes (Santa Cruz) y Gerardo Cipollini (Chaco) para ver si sus conductas encuadran también en el artículo 53 de la carta orgánica de la UCR. Reyes y Cipollini no votaron para sostener el veto de Milei, pero se ausentaron de la sesión.
El tercer punto de la resolución adoptada esta tarde insta a las autoridades del partido, a los jefes de bloque legislativos y a los gobernadores a conformar una mesa de diálogo con el objetivo de “evitar que se repitan” situaciones como la que protagonizaron los legisladores.
Según fuentes partidarias, la suspensión de la afiliación se tomó por 10 votos a favor y la oposición de los representantes de Mendoza y Misiones. En tanto, la decisión de darle curso al tribunal de ética para que analice los casos de los seis legisladores fue adoptada por 11 votos y la oposición del mendocino Andrés Lombardi, que responde al gobernador de la provincia cuyana, Alfredo Cornejo, de buena sintonía con Milei.
Los cuatro diputados cuya afiliación fue suspendida, junto al correntino José Tournier, fueron claves para que Milei pudiera sostener el veto a la ley de movilidad jubilatoria que había sancionado el Congreso por amplia mayoría en ambas cámaras legislativas.
Los cinco habían votado a favor del proyecto en junio, cuando la UCR impulsó la iniciativa, pero cambiaron de postura tras visitar, de la mano del libertario Martín Menem, presidente de la Cámara baja, el martes de la semana pasada la Casa Rosada y entrevistarse con el jefe del Estado. Al día siguiente, votaron en contra de la insistencia en la ley e impidieron que Diputados alcanzara la mayoría de dos tercios de los presentes que exige la Constitución para que el Congreso pueda torcer un veto presidencial.
Así lo destaca la resolución de la Convención que, en sus fundamentos, sostiene que los diputados “se apartaron de lo que ellos mismos habían sostenido en la primera votación y acompañaron el veto presidencial, incurriendo en una grave inconducta partidaria, y generando un grave daño a la credibilidad y honor de nuestro partido”.
“Aún más graves fueron los argumentos esgrimidos durante la sesión y en los medios de comunicación, en el sentido de que se habían equivocado en los cálculos, y que su brusco cambio de opinión se fundaba en la necesidad de garantizar el equilibrio fiscal”, agrega el documento.
Por su parte, Reyes y Cipollini se ausentaron en la sesión y también colaboraron, aunque no de manera directa, al fracaso de la jugada opositora, que pretendía insistir con la sanción de la ley que obligaba al Poder Ejecutivo a reconocerle a los jubilados el 8,1% de inflación nominal (7,2% real de impacto en sus haberes) que la administración Milei no contabilizó cuando dispuso en abril un aumento de las jubilaciones por decreto.
La conducta de los legisladores provocó una nueva crisis interna al interior del radicalismo en general, y de la bancada de diputados en particular, en donde el jefe del bloque, el cordobés Rodrigo de Loredo, mantiene un fuerte enfrentamiento con los sectores del centenario partido que pretenden una postura opositora más dura frente al Gobierno.
