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Muchos comercios intentan abrir en el centro: en El Bajo usan “campanas” que les avisan si se acercan inspectores

Inspectores instan a cerrar los comercios

En el marco del programa “Nadie en las calles”, con el objetivo de reducir la circulación de personas como medida para prevenir el contagio del Covid-19 a través del contacto social, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal junto con fuerzas policiales, realizó en la mañana de este lunes una serie de operativos de control en la Capital y el Gran San Miguel, para detectar a los locales comerciales que no estén autorizados para la atención en esta fase de la cuarentena social dispuesta por el presidente Alberto Fernández, y que hayan transgredido las normas.

Las fuentes judiciales informaron que los equipos del Ministerio Público comenzaron las tareas de concientización durante la mañana en la zona céntrica, donde constataron que habían abierto sus puertas para la atención al público diferentes comercios de rubros no contemplados como esenciales por el DNU presidencial, por lo que debían estar cerrados.

Mientras efectuaban los recorridos, los funcionarios ingresaron a locales de telefonía y computación, de venta de ropa, peluquerías y barberías, talleres mecánicos, entre otros, que estaban trabajando en claro incumplimiento a las medidas establecidas por las autoridades para disminuir el impacto entre los tucumanos de la pandemia del coronavirus.

En estos casos, los propietarios o encargados fueron concientizados por el personal del Ministerio Público respecto a la gravedad del riesgo sanitario social que implicaba permanecer atendiendo. Luego, se los invitó a cerrar de inmediato los comercios.  
Uno de los casos que más llamó la atención se registró en El Bajo, en las primeras cuadras de calle 24 de Septiembre, donde los investigadores del MPF se detuvieron al observar que había locales comerciales de rubros no autorizados que estaban atendiendo al público.

Estos negocios contaban con un sistema de alerta para poder infringir la ley, consistente en ubicar a personas para que se instalaban en la entrada de los negocios y que se encargaban de alertar la llegada de los equipos de control. Ante la alarma, los comerciantes cerraban inmediatamente las persianas, obligando incluso a clientes a permanecer encerrados dentro de los establecimientos.