El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de los Magistrados, Diego García Sayán, envió una nota formal a la Argentina para pedirle informes sobre la situación de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que por un fallo de la Corte, a instancias del kirchnerismo, deberán dejar sus cargos en la Cámara Federal porteña.
El requerimiento, recibido por la Cancillería el 16 de noviembre, incluye un pliego de preguntas que el Estado Argentino tiene 60 días para responder.
En julio de 2020, el Gobierno promovió que se revisaran los traslados de los jueces federales dispuestos durante el macrismo con el argumento de que eran inconstitucionales. La oposición sostuvo que en realidad se trataba de una excusa para correr de la Cámara Federal a los jueces Bruglia y Bertuzzi, que habían confirmado los procesamientos de Cristina Kirchner en casos de corrupción, y contra Germán Castelli, juez designado para juzgar a la vicepresidenta en el caso de los cuadernos de las coimas. Y, de paso, poner en su lugar jueces más permeables al oficialismo.
El asunto llegó a la Corte Suprema de Justicia, que efectivamente dispuso que Bruglia y Bertuzzi debían dejar sus cargos en la Cámara Federal una vez que concluyera el concurso para elegir a sus reemplazantes (cosa que no sucedió aún) y ordenó llamar a concurso en el caso de todos los jueces trasladados. Pero en junio pasado, LA NACION informó que siete meses después del fallo de la Corte, el Consejo de la Magistratura solo había llamado a nuevos concursos para cubrir los lugares que hoy ocupan jueces trasladados en los casos de Bruglia y Bertuzzi, y en el del juzgado federal con competencia electoral de Jujuy, donde el Frente de Todos buscaba poner un candidato propio que desembarcara en la provincia gobernada por el opositor Gerardo Morales.
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Esta situación hizo que Bruglia y Bertuzzi ampliaran su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En paralelo, recurrieron también a la ONU, a través de la relatoría de García Sayán, para señalar que el Gobierno solo buscaba removerlos a ellos para vengarse, y no para sanear un problema constitucional.
