En horas difíciles para la clase trabajadora en la Argentina, el saber que el Gobierno nacional decidió realizar un aumento retroactivo en torno al monotributo tan inoportuno como ilegal, resulta más que llamativo el hecho de que el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas no haya dicho nada ni se haya pronunciado siquiera. ¿Acaso esta no era una oportunidad como para ponerse del lado del trabajador?
En otros distritos ya se han presentado varias denuncias, entre ellas, la más resonante es la de la Fundación Apolo Bases para el Cambio que radicó este lunes una denuncia contra la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, por haber presuntamente violado la propiedad privada de los contribuyentes debido a que no comunicó a los contribuyentes que sus pagos de monotributo serían tomados a cuenta dentro de la nueva actualización.
Y es que demás está decir que es obligación del organismo estatal comunicarles a sus contribuyentes qué va a suceder durante el año para que estos sepan cuánto tienen que pagar. Es por ello que, al no hacerlo, llevó a que los contribuyentes pagaran lo que AFIP decía que había que pagar. Cabe mencionar que, como los pagos realizados entre enero de 2021 y mayo de 2021 tienen carácter liberatorio, no correspondería aplicar de manera retroactiva esta norma.
Y es que la misma perjudica al contribuyente al exigir un saldo sobre períodos ya pagos. La AFIP nunca advirtió que los pagos correspondientes a los meses devengados con carácter previo a la sanción de la nueva ley serían tomados a cuenta de una actualización posterior. Hasta desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados instaron a las autoridades tributarias del país a que revisen la normativa para evitar las afectaciones que provocará en los contribuyentes.
La polémica decisión del Gobierno nacional de implementar un cobro retroactivo en la categorización del monotributo puso en alerta a un peso pesado del ambiente legal del país. sin embargo, la contracara es Tucumán, donde los contribuyentes se encuentran desamparados y a la deriva ya que nadie defiende su posición ni remarca el objeto de ajuste que terminan siendo sus ingresos.
En ese sentido, cabe preguntarse entonces, ¿Por qué desde la oposición tucumana tampoco se dijo nada al respecto? La demora de la administración de publicar las nuevas escalas en ningún caso puede vulnerar el derecho de propiedad de los contribuyentes, la igualdad ante la ley, el debido proceso, ni otras garantías establecidas en la Constitución. ¿Por qué nadie desde la oposición local remarcó esto?
Ninguna institución tucumana ni dirigente político de la oposición se refirió al ajuste salvaje sobre la clase trabajadora que paga mes a mes el monotributo. Nadie se ha manifestado ante esta grave situación, ni mucho menos ha instado a las autoridades tributarias a realizar una revisión de lo que decidió el Gobierno nacional. Evidentemente, a nadie le preocupa las afectaciones de los monotributistas, ni siquiera a las entidades y dirigentes a los que debería.
