La legisladora provincial Nadima Pecci elevó un proyecto para modificar la ley 8.293, de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de reforzar las acciones para la detección temprana de la violencia infantil. En ese marco, la dirigente expresó que “los niños no cortan calles, ni escrachan, ni se adueñan de medios, ministerios o presupuestos”.
En esa línea, agregó que “por eso, la violencia hacia ellos está prácticamente invisibilizada por ideologías de grupos que se autodefinen siempre vulnerables como una herramienta de empoderamiento político y social. Los pocos casos que salen a la luz muestran el horror en donde los niños sufren la violencia sistemática -a veces hasta la muerte-, por parte de quiénes los ven como objetos de su derecho a decidir, como una mascota, como un arma en contra del otro progenitor y a veces como una molestia”.
En esa línea, sostuvo que la intención es “corregir la insuficiente y tardía protección del Estado para evitar la muerte y la violencia en contra de los más vulnerables”. Los cambios sugeridos buscan que los organismos administrativos responsables de velar por la protección de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes actúen “con más celeridad en la elaboración de diagnósticos y la disposición de medidas de protección en los casos de vulnerabilidad registrados”.
Así como “establecer sanciones en caso de incumplimiento o negligencia en estos casos”, detalló la legisladora. También propone reforzar la capacitación al personal de los tres poderes del Estado junto con el personal sanitario, docente y no docente público y privado “para detectar, prevenir y denunciar situaciones en las que se vulnere la integridad de niños, niñas y adolescentes”.
Explicó que la necesidad de modificar la ley proviene de las fallas detectadas en el actual sistema. “Tenemos que evitar que vuelvan a repetirse casos como el de Rocío Rojas, que conmovió profundamente a la provincia por las terribles vejaciones que sufrió por parte de quienes debían cuidarla; o el caso de Lucio Dupuy a nivel nacional. La ineficacia y la pérdida de tiempo en situaciones de vulneración de niños, niñas y adolescentes puede costarles la vida”, planteó.
