Asegura que no se trató de un intento de usurpación, sino una sentada pacífica. Afirma que quienes fueron a manifestarse al barrio Manantial Sur hace unas semanas tienen presentados papeles ante el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV). Y explica que encabezó esa concentración cansado de los destratos y de los tiempos administrativos.
Omar Tamer, quien fue denunciando ante la Justicia por el organismo que conduce Stella Maris Córdoba como instigador de la movida, brindó a este diario su versión de los hechos ocurridos en la madrugada del 28 de febrero.
“Fuimos a sentarnos. Estuvimos sentados en la calle pública. Ni siquiera hicimos el amague de entrar a ningún barrio a usurpar nada. No hay nada más falso que eso. Había mujeres, niños y personas discapacitadas”, explicó el hombre de 45 años. Además, aseguró que la Policía actuó de manera excesiva, y que él y su esposa resultaron con lesiones severas.
Tamer contó que vive en condiciones muy precarias con su familia en una casa prefabricada en Tafí Viejo. Explicó que su esposa está muy enferma (padece lupus), sumado a que ni siquiera cuentan con un baño digno, por lo que su situación es desesperante. Y que están en situaciones similares otras personas que se llegaron aquella noche al emprendimiento de 2.500 viviendas, que tiene casi la mitad de las casas sin entregar porque aún no están terminadas. “¿Hay gente que no tiene un baño digno y vos tenés casas que están tiradas? Me cansé de que me pidan paciencia desde la comodidad que tienen muchos en su casa, con aire acondicionado”, manifestó.
“Yo voy a poner el resto”
El denunciado señaló que tiene un expediente en el IPV y se definió como un preadjudicatario de Manantial Sur, con sector identificado. Además, aseguró que en el Sistema de Gestión de Beneficiarios (Sigebe) figura que se encuentra en una situación de “extrema vulnerabilidad”. “Estamos pidiendo que se haga entrega efectiva de las viviendas. El IPV no me puede decir que hay que esperar que se termine Manantial Sur. No me interesa si faltan cosas, yo voy a poner el resto. Compro puertas, ventanas, vidrios o sanitarios. Quiero pagarla a la casa, la necesito por una cuestión de higiene”, reclamó.
La interventora del IPV, en tanto, aseguró que cuando llegó al organismo en noviembre de 2019 le informaron de que hay un grupo de postulantes a los que se le hizo sorteo de ubicación en Manantial Sur. “No sé si él está en ese grupo, pero adjudicación no hay ninguna”, aclaró en diálogo con este diario.
Respecto al pedido realizado por Tamer, de que se entreguen las viviendas “como están”, la ex legisladora remarcó que no es posible. “No tienen instalación sanitaria y no está permitido entregar una vivienda en esas condiciones. Como funcionaria pública, no estoy autorizada a entregar una casa en esas condiciones”, explicó.
Cumplir con las leyes
Córdoba contó que está en contacto asiduo con una comisión de postulantes de Manantial Sur, a la cual se les notifica las tareas en el barrio. Contó que para poder entregar esas 1.200 viviendas, de los sectores C y D, hay que superar tres instancias: que la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) haya hecho, probado y entregado las instalaciones sanitarias; que las empresas constructoras realicen en las viviendas las reparaciones que se han producido por el deterioro del paso del tiempo; y que el Sistema de Gestión de Beneficiarios les autorice la designación de postulantes.
La titular del IPV recalcó que si la entrega no se hace efectiva es porque se debe cumplir con lo que dispone la ley. “Comprendo la desesperación de la gente que desde hace años viene esperando por estas viviendas. Desde lo humano lo comprendo, y también que por ahí algunas acciones se desbordan por esa desesperación, pero soy funcionaria pública y tengo que cumplir con el ordenamiento legal”, dijo. Además, insistió en que en los últimos cuatro años no hubo buen diálogo con la Nación, y afirmó que se está revirtiendo. También sostuvo que está haciendo las gestiones para agilizar la tramitación de los beneficiarios.
Tareas pendientes
Poner nuevamente a punto a las viviendas de Manantial Sur, tras la paralización o las demoras en las obras, demandará a la Provincia un egreso extra de casi $ 105 millones, según consta en el DNU 2/3 ME, que fue convertido en ley en la sesión legislativa del 22 de noviembre.
Córdoba indicó que la obra se encuentra en un 50% y que el inicio de los arreglos de las casas aún no se llevó a cabo porque el pago a las empresas aún no se realizó. No obstante, aseguró que está próximo a hacerse efectivo.
En diciembre, desde el IPV se había recordado que los sectores A y D de Manantial Sur, con 1.160 viviendas, ya fueron entregadas a sus adjudicatarios. “Somos los primeros interesados en que las casas lleguen a manos de las familias que las necesitan”, había expresado en su momento la interventora del organismo.
