No fue el día de los inocentes, fue el día de los culpables. En una Argentina con graves urgencias, la clase política cierra el año dedicada a su autopreservación y a saquear a los ciudadanos creando más impuestos. Sin mediar casi debate, con la prisa de los que delinquen, la legislatura bonaerense habilitó a 90 intendentes para volver a presentarse en 2023. Aquí no hubo grieta. Ojalá tuvieran el mismo afán de acuerdo para resolver la inseguridad, o los problemas económicos.
Debe ser que no los apasiona tanto como aferrarse a sus sillones. Con qué autoridad hablarán la próxima vez de la república o contra Gildo Insfrán los dirigentes de Juntos que posibilitaron esta involución. Debilitar la alternancia sólo los acerca al feudo formoseño. Aunque intenten excusas y argumentos rebuscados. A última hora de un año durísimo, ellos se aseguran motivos para brindar por preservar sus privilegios mientras los argentinos intentan coser sus bolsillos para que el estado deje de robarles la billetera.
El gobierno de Alberto Fernández ya había creado o aumentado 19 impuestos antes de las elecciones. Luego de la derrota electoral el único plan certero es salvar a Cristina de la cárcel y aumentar impuestos a la clase media que detestan. Las actualizaciones por inflación que deberían haber hecho justicia, terminaron convirtiéndose en atajos para subir o crear impuestos tanto en Bienes Personales como en el monotributo.
Se consolida una estructura impositiva que de por sí es la prueba de que prefieren mantener pobres a los pobres y por supuesto, dependientes del Estado. Porque cuando el país necesita generar las condiciones para producir más riqueza y más ingreso de dólares, ellos sólo desalientan cualquier chance de inversión al tiempo que castigan con impuestos a un país empobrecido. Extraen más de lo poco que hay. Y nada más. ¿Quién va a poner un peso en este contexto?
No estamos ante una dinámica tributaria para estimular la actividad sino para vampirizar la que existe. El Estado es vampiro del esfuerzo de los honestos y parásito voraz de los que producen. Ya no sólo se trata de un Estado que no ofrece soluciones a los problemas de la gente sino de un Estado que se ha convertido en el problema. No tienen una concepción recaudatoria moderna donde existe el sujeto pagador de impuestos y su consiguiente ciudadanía fiscal, con igualdad ante la ley y cargas razonables.
Existe la idea medieval de confiscación para el señor, de atropello absolutista, como si el ciudadano fuera un siervo de la gleba que les pertenece como el territorio que dominan y del que si pueden no tienen la menor intención de irse. Mientras reina el impuesto más cínico de todos que es la inflación, un impuesto indirecto que se mezcla con el precio de las cosas entonces no es percibido como tal.
Ahora ya no se puede ni morir tranquilo alguien que piensa en dejarles a sus hijos el fruto de su esfuerzo. Piensan poblar el país del impuesto a la herencia. Es curioso el llamado Consenso Fiscal, porque en lo único que se ponen de acuerdo es en cómo meterle a la gente la mano en el bolsillo. Más vale que los gobernadores opositores cumplan con su compromiso de no aumentar impuestos, en línea con la ciudad de Buenos Aires.
¿Es posible que estemos hablando de esto luego de un año durísimo? En pocas cosas somos líderes en el mundo, en el podio de carga tributaria nos pavoneamos. Trabajamos hasta el mes de junio sólo para pagar impuestos, mientras el estado se convierte en socio y cómplice de los que evaden. Y como si fuera poco con los impuestos que pagamos conscientes de que lo son, se va entre un 15 y un 25% en los que se camuflan en servicios públicos, ingresos brutos, tasas municipales o el maldito IVA. Más de 160 impuestos y ninguna flor.
Dice el artículo 16 de la Constitución: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza”. Pero la política actúa como si fuera una casta superior. Sigue la Constitución: “Todos los habitantes son iguales ante la ley”. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
¿Qué esperan los jueces para poner un límite al saqueo tributario de un gobierno de ladrones públicos?
