Una vez más la economía argentina camina por una cornisa. La falta de confianza y la debilidad política están agravando la incapacidad crónica del Estado para financiar un gasto insostenible. Debido a la falta de crédito y la creciente evasión impositiva el déficit fiscal se financia con emisión monetaria creciente, que va generando una huida del peso. La demanda generada por el exceso de pesos genera la suba generalizada de precios.
La escasez de reservas del banco central, sumada a la fragilidad fiscal, alienta la huida del peso y la demanda de dólares, cuyo precio incluye expectativas devaluatorias. Los depósitos bancarios se utilizan para financiar el desorden fiscal, a través de deuda colocada en forma semi compulsiva con los bancos. Si la fragilidad del sistema bancario se acentúa el proceso termina con una salida de depósitos y una crisis financiera.
La inflación resultante pretende ser aquietada con intervenciones crecientes en los mercados cambiarios, a través de cepos cada vez más restrictivos. A medida que aumentan los controles surgen los mercados alternativos y las brechas cambiarias, alentando la especulación, el arbitraje y la pérdida de las escasas reservas del Banco Central. Entre 2012 y 2015 la economía operó con una brecha del 41% y actualmente supera el 100%.
Anticipándose, el sector privado se repliega y reduce inversiones, tanto fijas como de capital de trabajo, para preservar un capital que será necesario durante la crisis. El Gobierno retrasa el tipo de cambio oficial y las tarifas de los servicios públicos (agravando aún más la situación fiscal) y se intensifican los controles de precios. A medida que estos controles van fracasando aumentan las denuncias contra especuladores, comerciantes y supermercados.
Cuando se acaban los argumentos se empieza a denunciar a fuerzas ocultas, locales e internacionales, que buscan la devaluación con intencionalidad política para reducir los salarios reales y debilitar así al gobierno de turno. La tormenta que se está gestando no tiene precedentes. En primer lugar, porque el Estado ha crecido, agrandando el tamaño del problema.
En segundo lugar, porque se desatará sobre una Argentina muy empobrecida y castigará especialmente a la población de ingresos bajos y medios. Tal vez esa gravedad sea el comienzo de un cambio de sistema que, en nombre de los pobres, ha generado la mayor decadencia de un país en la era moderna.
