De a uno, los intendentes del interior desfilan por el despacho del ministro del Interior, Darío Monteros. El nuevo Acuerdo Fiscal Municipal es la razón de las visitas a la Casa de Gobierno. Los jefes municipales precisan de la asistencia financiera del Poder Ejecutivo para poder pagar los salarios a los empleados de cada distrito, aunque todo parece indicar que habrá una excepción a la regla: Burruyacu, hasta ahora, ha manifestado su voluntad de seguir fuera del renovado Pacto Social. El intendente Jorge Leal no cree conveniente contraer más deuda con la Provincia, porque puede sostener la administración con los fondos que recibe.
Una decena de sus pares de Unión por la Patria ya firmaron el convenio. Es probable que en los primeros días de la semana que se inicia pase el resto de los intendentes peronistas y también los tres que han sido electos de la mano de Juntos por el Cambio: Ana Quiles (Bella Vista), Pablo Macchiarola (Yerba Buena) y Alejandro Molinuevo (Concepción).
Ana Quiles, de Bella Vista la gaceta / foto de Juan Pablo Sánchez Noli
Mientras se protocolizan los convenios, el Ministerio del Interior ya preparó las liquidaciones salariales, con el fin de que los municipios cuenten con el dinero que requieren para cubrir la planilla salarial en el mismo momento en que el Poder Ejecutivo anuncie el cronograma de pagos para el resto de los estatales. Lo que sí lleva su tiempo es la formalización de la documentación en la que los municipios se allanan a cotejar con la Provincia el estado de la deuda anterior que, según los cálculos oficiales, rozaría los $ 100.000 millones entre todos las Municipalidades que han venido recibiendo dinero de la Casa de Gobierno.
“La prioridad es la planilla salarial de todos los trabajadores municipales, que está garantizada, más los distintos funcionamiento que tienen los municipios”, manifestó el ministro del Interior.
Frente a las restricciones que el Gobierno nacional ha impuesto en el gasto público, las provincias ya no cuentan con recursos discrecionales o no automáticos que habitualmente se distribuían entre los municipios con el fin de motorizar programas de trabajos públicos. El gobernador Osvaldo Jaldo, sin embargo, ha decidido sostener el esquema financiero de ayudas para que no se corte la cadena de pago de salarios en los distritos del interior. Sin embargo, el convenio de este año no estipula el financiamiento para la obra pública. La intención del Poder Ejecutivo es que los mismos intendentes hagan el esfuerzo fiscal para generar ahorros y contar con fondos propios para los trabajos que demanden los vecinos. La Provincia ha considerado que, en el próximo semestre, los intendentes que participen del nuevo pacto social deben ajustar un 20% sus erogaciones. Paralelamente, tendrán que mejorar la percepción de las tasas municipales. Con el crecimiento de la recaudación propia podrá generarse una fuente de financiamiento para obras públicas. Por esa razón, el Gobierno ha puesto a disposición de las jurisdicciones del interior los padrones de las direcciones de Rentas y de Catastro, con el fin de identificar nuevos contribuyentes y/o ampliar la base imponible.
Pablo Macchiarola (Yerba Buena) la gaceta / foto de Juan Pablo Sánchez Noli
Hacia fines de junio, el Poder Ejecutivo volverá a citar a los intendentes para reformular el Acuerdo Fiscal Municipal. Por un lado, se hará un exhaustivo análisis de cómo ha sido el comportamiento financiero tanto por el lado del gasto como de los ingresos. De esa manera, se sabrá si es que se cumplieron las metas fiscales. Por el otro, ya estará listo el plan de refinanciación de las deudas municipales, con un sistema de largo plazo.
El nuevo acuerdo fiscal fue anunciado hace 10 días por el gobernador, mientras se negociaba con la Nación la restitución de fondos coparticipables. “En el marco de crisis que vivimos y con las pautas de austeridad que hemos dado a conocer desde el primer día que asumimos, ahora le decimos a los intendentes que deben hacer un mayor esfuerzo recaudatorio y bajar los gastos para llegar a la autonomía”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo en aquella oportunidad.
Jaldo, no obstante, dispuso que las maquinarias pesadas y el personal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos sean afectadas a las obras que actualmente se están ejecutando en el marco del Plan Prelluvia y de contención contra inundaciones, independientemente de los acuerdos con los municipios y con las comunas rurales.
Las condiciones para firmar el nuevo Pacto Social
– Que los municipios brinden los servicios básicos.
– Auxilio ante déficit financiero del Municipio de acuerdo a los recursos que posea Tesorería de la Provincia.
– Firmar un convenio con la Dirección de Rentas para optimizar los sistemas recaudatorios.
– Reducción de un 20% de los gastos.
– Vigencia de seis meses del Acuerdo Fiscal.
Una cláusula para evitar los juicios
El Ministerio del Interior ha incorporado en el Acuerdo Fiscal Municipal una nueva cláusula con el fin de evitar litigios entre la Provincia y las intendencias del interior. Puntualmente, se trata de un artículo en el que el Poder Ejecutivo le solicita a las Municipalidades que desistan a iniciar cualquier acción judicial contra el Estado provincial una vez que esa jurisdicción se encuentre dentro del programa que establece asistencia financiera para pagar salarios. Según se pudo establecer se trata de un paraguas jurídicos con el fin de que los municipios endeudados con anterioridad no denuncien los anteriores convenios, mediante los cuales han asumido deudas a cambio de la cesión de los fondos de coparticipación (nacional y provincial) y del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) que garantizan los préstamos con los que los intendentes han podido cubrir, mediante el Pacto Social, el pago de las planillas salariales, además de financiar algunas obras públicas y actividades culturales en las jurisdicciones que requirieron la ayuda de la Casa de Gobierno.
