El Tribunal Oral Federal 2 rechazó hoy las objeciones que las defensas hicieron para suspender en el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública, entre ellas las cinco que planteó la ex presidenta y candidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andés Basso rechazaron los 51 planteos que hicieron las defensas en las “cuestiones previas” del juicio y el próximo lunes comenzarán las indagatorias de los 13 acusados.
Para las indagatorias, el tribunal le pidió a las defensas que en 24 horas le informen quiénes tienen previsto declarar para así armar el cronograma. Para esas audiencias deben estar presentes todos los acusados exceptos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas Públicas José López y otros dos ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz que por mayoría fueron autorizados a no estar presentes en esa etapa excepto cuando sean sus indagatorias.
La audiencia de hoy duró una hora y veinte minutos en las que el juez Giménez Uriburu leyó la resolución en las que el tribunal rechazó los 51 planteos de las defensas, entre ellas cinco de la ex presidenta Cristina Kirchner.
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El abogado Carlos Beraldi había pedido la suspensión del juicio por distintos motivos. Uno fue que la ex mandataria tiene varias causas por asociación ilícita -Hotesur, Los Sauces y cuadernos de la corrupción, entre otros- y que todas deben juzgarse en un único juicio porque se trata del mismo delito+. También objetó que no se juzgue el caso completo ya que hay otras partes del expediente investigándose y que no llegaron a juicio, que hay recursos pendientes sin que se hayan resuelto y que no esté terminada la instrucción suplementaria del caso.
Los jueces rechazaron todo. Dieron las explicaciones por cada uno de los planteos y en varios dijeron que eran cuestiones que ya se habían tratado.
“La postergación genera un retardo de justicia injustificado. Generaría una demora colosal y violaría garantías como la de ser juzgado en un plazo razonable”, dijeron los jueces sobre el pedido de postergar el proceso.
El tribunal también rechazó planteos de las defensas de Báez y De Vido. Entre ellos, la nulidad total de la causa, un pedido de cosa juzgada y el apartamiento como querellante de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El fiscal del juicio, Diego Luciani, y las querellas de la UIF y la Oficina Anticorrupción (OA) habían pedido que se rechacen los planteos. Las defensas tienen la posibilidad de apelar y llevar sus reclamos a la Cámara Federal de Casación Penal.
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Así, con el rechazo de las objeciones el juicio pasará a la próxima etapa: las declaraciones indagatorias de los acusados. Será a partir del próximo lunes. Los jueces le pidieron a las defensas que le informen en un plazo de 24 horas qué acusados declararan y quiénes no, lo que es su derecho. Con esa información, los jueces armarán el cronograma de las indagatorias.
Los jueces también, por mayoría, autorizaron a De Vido, López, Báez y otros dos acusados a no estar presentes en las indagatorias excepto cuando sean las suyas. Todos los demás deberán concurrir a los tribunales de Comodoro Py, entre ellos Cristina Kirchner, quien se encuentra en Cuba autorizada por el tribunal para visitar a su hija Florencia quien se encuentra en ese país bajo tratamiento médico. Debe regresar este viernes.
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según la acusación, los contratos fueron otorgados de Báez cuando aún cuando en muchas obras no tenía ni los antecedentes ni la capacidad operativa para hacerlas. De las 51 obras solo dos se terminaron en el plazo previsto y de las restantes 49, 25 no fueron finalizadas. En tanto, las que si se culminaron tuvieron ampliaciones de plazos y costos. Los delitos que se investigan son los de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.
