En el camino que lleva a Horco Molle había ayer, a la siesta, una escena fuera de lo común: policías en bicicleta, motos, autos y camionetas; guardaparques; funcionarios universitarios; un abogado; una familia; vecinos y curiosos. La reunión era un coro a voces, aunque no -precisamente- amigables. El episodio se produjo a la altura del ingreso a la senda de los funiculares. Y la gresca se debió a que representantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) intentaron impedir que los propietarios de una vivienda les cobren un cánon por estacionar, cerca de esa propiedad, a las personas que ingresan al Parque Sierra de San Javier.
La discusión alcanzó su punto más álgido cuando el abogado Omar Reynoso le enrostró a José Luis Castillo, director de los operativos de seguridad de esa casa de altos estudios, que sus representados (la familia Medina) no eran usurpadores. Minutos después, los ánimos se aquietaron con la llegada de José Hugo Saab, el secretario General de la UNT. Charló con los involucrados y los persuadió de que regresaran a su casa. No obstante, no hubo acuerdo con respecto al cobro del estacionamiento. Las partes acordaron volver a conversar en la semana.
El año pasado, en estas páginas se publicó una serie de artículos con respecto a esta propiedad, pues fue edificada adentro del parque Sierra de San Javier, junto al CAPS y a metros del camino que conduce a la escuela de Agricultura. Sus propietarios alegan que la tierra les pertenece, pues allí vivían sus abuelos antes de la creación de esa área protegida, en 1974.
En aquella ocasión, Juan Pablo Juliá, el director de la Reserva Experimental de Horco Molle, un espacio de investigación que forma parte del parque, declaró que las usurpaciones eran “el pan de cada día”. “Los intentos son constantes. Muchas veces, para sacarlos hemos tenido que actuar al filo de la ley. Hemos llegado a desmontar, nosotros mismos, las casillas. Es un problema serio; grave. Un tema sumamente preocupante”, había dicho.
Unos metros río adentro del lugar, donde se produjo la discusión, se encuentra la casa de Jesús, como lo conocen los bikers, corredores y caminantes. Desde hace años, el hombre y sus parientes cobran “la voluntad” por el cuidado de los autos. Los Martínez sostienen que no es justo que a él sí se le permita realizar esa actividad lucrativa, y a ellos no. “Estas personas viven desde hace 150 años ahí. Son la cuarta generación. Se trata de toda una comunidad en problemas”, sopesa Reynoso.
A partir del incidente de ayer, el secretario General de la UNT reconoció que la institución y la familia “están en litigio por la tierra, que es propiedad de la Universidad”. “No sólo lo ocuparon, sino que también agrandaron los márgenes del terreno y armaron un estacionamiento; le cobran a la gente que va a hacer gimnasia y caminatas en Horco Molle (…) También vendían bebidas, sobre todo los viernes, cuando iban los jóvenes por las noches. Esto último ya no ocurre porque pusimos custodia”, expresó.
Saab remarcó que la UNT ha afirmado “una política de defensa del patrimonio y de los lugares” que pertenecen a la entidad. En esa línea, puso como ejemplo los conflictos en Villa Nougués y Las Pirámides.
