La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó un planteo para que prescriba la causa que investiga si se pagaron sobornos a ex funcionarios para avanzar con la ampliación de dos gasoductos. Se trata de un expediente donde están imputados el ex ministro de Planificación Julio De Vido, y el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, entre otras personas. Con esta decisión, la causa tomó nuevo impulso.
El planteo de prescripción lo hizo la defensa de Marcio Faria Da Silva, un ex ejecutivo y arrepentido de la constructora brasileña Odebrecht, pero luego se sumaron otros abogados y hasta la Fiscalía.
La causa comenzó en 2007 a raíz de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli y pasó por varios juzgados. El año pasado, el juez Daniel Rafecas sobreseyó a todos los acusados: dijo que el objeto que se investiga es idéntico al que se ventila en el expediente vinculado con presuntas coimas en la adjudicación de dos plantas potabilizadoras de AySA.
El fallo fue apelado por Unidad de Información Financiera (UIF), cuando estaba a cargo de Ignacio Yacobucci. Y a fin de año, la Cámara Federal terminó revocando los sobreseimientos y le sacó la investigación a Rafecas.
“Obsérvese que según el fallo apelado, el monto de los sobornos valorados en la causa 1614/2016 sería de U$S 10.489.252,80 (conf. fs. 22). Mientras que, estando a versiones iniciales de la presente, entre 2007 y 2014 la ’División de Operaciones Estructuradas’ de Odebrecht habría pagado aproximadamente 25 millones de dólares a funcionarios argentinos por los proyectos de gasoductos (conf. fs. 785/92 del principal)”, sostuvo en ese momento el juez Martín Irurzun.
Además de De Vido y Cameron están imputados Bautista Marcheschi y Cristian Folgar, y los representantes de CAMMESA, Luis Beuret y Julio Bragulat. También se investiga a los empresarios Marcio Faría Da Silva y Armando Loson.
Los sobornos que se investigan están vinculados a la obra denominada “Ampliación Gasoductos TGS y TGN – obras 2006/2008–”. Según se investigó, se habrían llevado a cabo a través de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht entre 2007 y 2014. En total se habrían pagado aproximadamente 25 millones de dólares.
La defensa de Da Silva, que ya hizo otros planteos que llegaron hasta la Corte Suprema, ahora pidió que se cierre la causa por el paso del tiempo. Los abogados argumentaron que el posible cohecho, que tiene una pena máximo de 6 años, debería haber ocurrido entre el 16/02/2004 y el 06/12/2006 (entre 18 y 20 años atrás). La causa también estaría prescripta si se toman las transferencias que dio cuenta el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), entre el 31/12/2013 y el 05/10/2014 (hace más de 10 años).
“No está probado siquiera que hayan ingresado al país las transferencias/los fondos, o ido a parar a manos de algún funcionario público. Habiéndose extinguido la acción penal no existe tampoco la posibilidad de continuar demorando la conclusión de este sumario”, planteó la defensa de Da Silva.
Luego se sumaron todas las defensas. Y hasta la Fiscalía.
Antes de decidir, Capuchetti le pidió información a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y al Registro Nacional de Reincidencia sobre los imputados. Con esos datos, la jueza solicitó información a la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, la Cámara de Diputados de la Nación, la Universidad de Buenos Aires (UBA), y la Universidad Nacional de General San Martín.
En el caso de Folgar, la Cámara de Diputados confirmó que es empleado de planta desde 2022. Y que De Vido cobró un sueldo como diputado hasta el 9 de diciembre de 2019.
CAMMESA, por su parte, informó que Bragulat se desvinculó en 2020 y Beuret en 2017.
Con esos datos, la jueza concluyó que “se encuentra acreditado el carácter de funcionarios públicos que revistieron Bragulat (2020) y, Folgar (al día de hoy), circunstancia que permite presumir el ejercicio de una influencia susceptible de retrasar, obstaculizar o impedir la persecución penal de estos actuados”.
Capuchetti rechazó todos los planteos. En su resolución, a la que accedió Infobae, tuvo en cuenta que un tramo de la investigación ya fue elevada a juicio en 2019 por el delito de negociaciones incompatibles. También valoró que gran parte de la prueba “fue requerida a otros países”, lo que demoró la investigación. De hecho, se libraron exhortos internacionales a Estados Unidos, Andorra, Antigua y Barbuda, República de Panamá, República Oriental del Uruguay, Santa Lucía, Suiza y Portugal.
