Seis meses antes de la elección del 14 de mayo de 1989, en la que el doctor Carlos Menem resultó electo Presidente, pronuncié un discurso en la Cámara de Diputados. En esa oportunidad describí lo que podía llegar a ocurrir en la transición política que se iba a dar al año siguiente. Quienes quieran leerlo, lo encontrarán en las páginas 86 a 89 de mi libro “Economía en tiempos de crisis”. También sugiero leer el prólogo de ese libro.
Lamentablemente, como explico en el artículo titulado “Por qué me atacan Brodersohn y Jesús Rodríguez”, publicado en Clarín el 21 de marzo de 1989 y reproducido en las páginas 91 a 95 del mismo libro, algunos miembros del gobierno del Dr. Alfonsín inventaron que yo había pedido al Banco Mundial que suspendiera el envío de fondos y era responsable de la corrida cambiaria que se desató a partir de marzo de ese año. Lamentablemente ese invento está siendo utilizado estos días, por muchos comunicadores sociales, para argumentar que Alberto Fernández y sus colaboradores, están haciendo lo mismo que yo habría hecho antes de las elecciones del 14 de mayo de 1989.
Obviamente, quienes hacen esta comparación, desconocen totalmente las circunstancias que se vivían en aquella época, muy diferentes a las que se están viviendo ahora y, sobre todo, desconocen cuál era mi discurso de entonces, completamente opuesto al que Alberto Fernández y sus colaboradores vienen haciendo desde su nominación como candidato del Frente de Todos.
Pero para no hacer de este post un simple racconto histórico, me permito reiterar el pronóstico que hice el 31 de julio pasado sobre lo que podría ocurrir si resulta elegido el binomio Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Como sostengo en el título de este post, espero que mi pronóstico resulte equivocado.
¿Y si gana la fórmula Fernández-Kirchner?
Un futuro gobierno kichnerista, si accede al poder, impulsará un gran cambio en materia de política exterior y de política comercial externa. En política exterior, reemplazará la relación privilegiada con los Estados Unidos, Europa y la América Latina no bolivariana, por la búsqueda de apoyo político, comercial y financiero en Rusia y en China.
Consecuente con esta política exterior, en materia de política comercial externa se abandonará la idea de abrir la economía e integrarla a la economía global. Esto es lo que pregonan los denominados “economistas mercado internistas” y los industriales que siempre demandan proteccionismo frente a la competencia de las importaciones (de los que Ignacio de Mendiguren es el mejor símbolo),
Aumentos diferenciados en los aranceles de importación, mayores restricciones cuantitativas a las importaciones, aumento de las retenciones agropecuarias, mineras y energéticas e, incluso, restricciones cuantitativas a las exportaciones, pasarán a ser instrumentos de política económica habituales y muy importantes. Junto a los controles de precios y de cambios y los congelamientos de tarifas, las restricciones al comercio pretenderán controlar a la vez el aumento de los precios y la balanza comercial externa, dos frentes en los que las políticas enderezadas a promover el aumento del consumo interno, seguramente van a encontrar severas complicaciones.
En segundo lugar, se abandonaría la política de estabilización del programa negociado con el FMI que se basa en la restricción monetaria y el ajuste fiscal, para impulsar el consumo interno mediante una recomposición de los ingresos de los trabajadores y de los jubilados. En esta materia se notan grandes coincidencias con las propuestas de Roberto Lavagna.
Dado que el solo anuncio de esta política provocará una fuerte corrida cambiaria, las declaraciones más recientes de Alberto Fernández apuntan a que la corrida se produzca entre las PASO y la primera vuelta de octubre, de tal forma que el gobierno de Macri termine con una fuerte devaluación y el consecuente deterioro adicional de los salarios reales y las jubilaciones. Si no fuera así, no se entendería que hable a la vez de aumentos adicionales de salarios y jubilaciones y de fuerte devaluación. Cualquier iniciado en economía sabe que es imposible conseguir ambos efectos simultáneamente: las fuertes devaluaciones siempre provocan caídas de los ingresos reales de los trabajadores y jubilados.
Los kirchneristas querrían que al momento del cambio de gobierno el precio del dólar sea mucho más alto que el actual y que la caída de los salarios, de las jubilaciones y del consumo, en términos reales, sea bastante mayor a la que ya se ha producido como consecuencia de las fuertes devaluaciones ocurridas desde mayo de 2018 hasta abril de 2019. Sólo así, podrían luego decir que lograrán una recuperación del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, echando mano, sin complejos, a los controles de cambio para evitar que las devaluaciones continúen.
Si la corrida no se produce antes de las elecciones y el gobierno logra mantener el tipo de cambio entre 45 y 50 pesos, la probabilidad de un triunfo de la fórmula Alberto Fernández – Cristina Kirchner disminuye, pero si llegaran a ganar la elección, no tendrían otra alternativa que enfrentar la corrida como primer paso de su gobierno y echarle la culpa de la fuerte devaluación inicial a la herencia del gobierno anterior. Por supuesto, en ese caso iniciarían el gobierno provocando una caída adicional del salario real, de las jubilaciones y del consumo, tal como ocurrió con el gobierno de Eduardo Duhalde a partir de enero de 2002. Pero los kirchneristas confían que, en ese caso, podrán convencer a la gente que se trata de la consecuencia ineludible de la política del gobierno de Macri, tal como Duhalde logró asignarle la responsabilidad al gobierno de De La Rúa.
Las declaraciones de Alberto Fernández afirmando que se podrán financiar los aumentos de jubilaciones y otros beneficios sociales con los recursos que ahora el Banco Central destina a pagar los intereses de las LELIQs deben ser interpretados en el sentido de que su gobierno no piensa financiar el déficit fiscal con endeudamiento, sino que recurrirá lisa y llanamente a la emisión monetaria.
Las LELIQs, como las LECAPs y las LETES son formas alternativas que el gobierno utiliza para financiar el déficit fiscal sin emisión monetaria. En principio, si no hubiera un problema de stock, el financiamiento monetario del déficit provocaría una inflación acotada que se puede estimar en el cociente entre el déficit fiscal y la base monetaria.
Pero la existencia de un stock inicial de LELIQs, LECAPs y LETES plantea un riesgo inflacionario mucho más serio. Si no se desea seguir pagando las tasas de interés que demanden los tenedores de estos títulos para proceder a su renovación, la única alternativa será pagarlas con emisión monetaria y utilizar la explosión inflacionaria subsecuente como mecanismo “licuador” de todas las deudas en pesos tanto del sector público como del sector privado.
Para el caso de las LETES, como para el caso de los depósitos en dólares en el sistema bancario, el mecanismo “licuador” operaría previa decisión de pagar en pesos, al tipo de cambio oficial (luego de aplicar controles de cambio), las obligaciones en dólares bajo ley argentina. Por supuesto que todo este proceso se daría como respuesta a la corrida cambiaria inicial y se trataría de responsabilizar de su emergencia a las políticas de endeudamiento del gobierno de Macri.
Quienes piensan en este tipo de “solución” inicial al problema del endeudamiento público, estiman que luego de la explosión inflacionaria será posible evitar que ella se transforme en hiperinflación descontrolada. Para ello se piensa recurrir a congelamiento de tarifas, controles de cambio y controles de precios. Los controles de cambio aparecerán en forma simultánea a la decisión de pagar en pesos las LETES y depósitos en dólares y generarán, de inmediato un mercado paralelo para el dólar que inicialmente estará muy alejado de la cotización oficial.
La expectativa con la que se manejan es la del proceso de estabilización y reactivación que consiguió Lavagna a partir del segundo semestre de 2002, luego de la explosión devaluatoria e inflacionarias provocada por la pesificación compulsiva de enero de aquel año.
Esta expectativa es totalmente infundada. En 2002 la economía venía de un periodo previo de 10 años sin inflación, no existía indexación y la economía, si bien en estado de fuerte recesión, estaba muy bien capitalizada y contaba con capacidad instalada abundante en los sectores claves de la economía. El default de las deudas internas y externas eliminó por completo el déficit fiscal, porque a lo largo de los 10 años de estabilidad, el déficit primario había sido cero. El déficit primario cero que se espera lograr en 2019 es el resultado de un ajuste fiscal que el kirchnerismo promete revertir.
Además, los términos del intercambio externo se tornaron francamente favorables a partir del segundo semestre de 2002. A partir de ese momento, el dólar comenzó a perder valor frente a todas las monedas del mundo, revirtiendo una tendencia inversa iniciada en 1999 y que había sido la principal causa de la recesión del final del gobierno de Menem y de los dos años del gobierno de De la Rúa. Nada parecido es esperable ahora en relación a la economía global.
Mi pronóstico es que las políticas que pueden deducirse de las declaraciones de Alberto Fernández llevarían al país a la hiperinflación. No tengo ninguna base para predecir cuales serían las consecuencias políticas, pero no es descartable que en tales circunstancias el kirchnerismo responsabilice a Alberto Fernández del descalabro, alegando que aplicó políticas neoliberales, y promueva su renuncia para que asuma la presidencia Cristina Kirchner con un ministro de Economía de la escuela de Kicillof.
[Artículo publicado originalmente en el blog del autor]
