Mediante el fallo de los jueces Eduardo Guillermo Farah y Martín Irurzun, la Cámara Federal de Apelaciones de la capital ordenó revocar el sobreseimiento de Manuel Benítez y de todos los miembros del directorio de YMAD 2012-2016 (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) en la causa por la venta irregular de oro y la compra de cianuro de sodio entre los años 2012 y 2016. Así, la Justicia volverá a investigar a los directores por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Florencio Gilberto Aceñolaza -ya fallecido-, Faustino Siñeriz, Manuel Fernando Valdez y Juan Alberto Cerisola y volverá a investigar – además – las distribuciones extraordinarias de fondos de la empresa.
El portal El Pucará de Catamarca indicó que “en la causa CFP 18368/2016/CA12 de lavado de activos y administración fraudulenta se investiga si hubo perjuicio en contra del Estado ya que cada vez hay más sospechas de que el YMAD pagó sobreprecios por un 200% en la adquisición de cianuro mientras que vendía oro a pérdida en licitaciones privadas -y no públicas- a 9 empresas distintas, pero que sin embargo compartían directores, apoderados, escribanos y hasta los mismos domicilios“. Además, el citado portal alertó que la causa podría comprometer a miembros del Poder Judicial que intervinieron en la investigación.
Así, volvería a ser investigado por la Justicia el empresario minero Manuel Benítez, presidente de YMAD el 27 de diciembre de 2007, cuando se firmó el Acta Nº498 que falsificó la terminación de la Ciudad Universitaria de San Javier que por ley vigente 14.771 debe construirse en San Javier “conforme a los planos ya aprobados” (esa y no otra Ciudad).
Ahora, la Cámara Federal le reclama al juez de primera instancia que investigue las “distribuciones extraordinarias” de fondos que se habrían autorizado a repartir en beneficio del directorio de YMAD, mientras la empresa alegaba que la venta de oro “obedecía a un requerimiento basado en las malas condiciones económicas y financieras de la empresa”, según el mencionado portal. Serían también investigados los directores Juan Fermín Iraizoz, Ángel de Jesús Mercado, Carlos Francisco Palacios, Florencio Gilberto Aceñolaza -ya fallecido-, Faustino Siñeriz, Manuel Fernando Valdez, Juan Alberto Cerisola.
Cerisola, ex Rector de la UNT, es hoy sometido a juicio oral y público en la causa donde la Justicia Federal investiga presuntos sobreprecios en obras, las colocaciones financieras con fondos de YMAD y esa reducción de utilidades, y no el delito de fondo: El Robo de la Ciudad Universitaria.
Valdez es abogado, profesor de la Facultad de Derecho, amigo personal de José Hugo Saab y ex compañero de fórmula para el Decanato de Derecho de Augusto González Navarro, arquitecto legal del Robo de la Ciudad Universitaria al permitir con los dictámenes de su servicio (anti) Jurídico que el campus de San Javier sea reemplazado por obras de refacción y que esas obras se realicen al margen de la Ley de Obras Públicas al considerar que los fondos de YMAD son privados aún en una Universidad Pública.
Benítez, dueño de su propio estudio de abogados y co-fundador de Noa Lithium según Linkedin, era presidente de YMAD cuando el propio directorio -según denunció La Nación- se otorgó a sí mismo “al menos” $537.000.000 de pesos (poco más de 180 millones de dólares de aquel entonces) en “bonificaciones extraordinarias para los integrantes del directorio y a gastos discrecionales” junto con los directores por la UNT, Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano -ya fallecido-, al tiempo que declaraban falsamente terminada la Ciudad Universitaria.
La Ciudad Universitaria se declaró finalmente terminada cuando la UNT se declaró “satisfecha” en su derecho a cobrar el 40% de las utilidades líquidas y realizadas de YMAD el 2 de enero de 2008. Esa acta fue firmada por el por entonces Rector Cerisola.
YMAD es una empresa interestatal creada mediante Ley 14.771 conformada por la UNT, Catamarca y el Poder Ejecutivo, que designa a su Presidente. La Universidad tucumana y la provincia vecina tienen cada uno dos representantes en su directorio. El artículo 18 de la Ley que creó la empresa establece el destino de las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances:
a) El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50% del total general, destinándose el 10% restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán;
b) El cuarenta por ciento (40%) restante será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados;
c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40%) se destinará el cincuenta por ciento (50%) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50%) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado.
Mala investigación: la Justicia en la mira y maniobras familiares en la UNT minera
Señala El Pucará que la Cámara Federal “destruyó” la investigación de primera instancia y que absolvió a Benítez y los ex miembros del directorio de YMAD cuando investigó las presuntas irregularidades y aceptó que hubo sobreprecios en las compras de cianuro “pero que debía considerarse la inflación y la devaluación de la moneda, lo que restaba relevancia a la superación de los montos”.
Los jueces consideraron que la investigación fue “deficiente” al “negarse a investigar los montos que otras empresas mineras pagaban, por ejemplo, por el cianuro de sodio o a cuanto vendían el oro que producían”. Se deberá determinar si las empresas proveedoras de cianuro estaban cartelizadas, ya que siempre le compraban a Logischem S.A; Volpor S.A y Heat Sales S.A.
En YMAD se habría realizado una maniobra similar a pergeñada por Augusto González Navarro y José Hugo Saab para crear el Régimen Especial de Contrataciones de Obras con fondos de YMAD que permitió eludir la Ley de Obras Públicas, y se teme cuestionamientos judiciales a la no-investigación encubridora del fiscal Carlos Brito y la falsa querella encubridora a cargo de Rodolfo Tercero Burgos, múltiple agente de la UNT y La Gaceta denunciado por abuso sexual.
“Las compras de cianuro se fraccionaban para que no superaran determinados montos y de esa manera mantenerlas bajo la esfera de licitación privada y no pública que obliga a publicidad, difusión, la transparencia y la igualdad para la concurrencia de distintos oferentes“, señalan desde Catamarca.
De acuerdo al mencionado portal, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentó un dictamen -luego de revisar 20 expedientes de la causa- que asegura que YMAD utilizó el desdoblamiento para evitar la contratación pública con un lapso promedio entre cada una de ellas de un mes y 12 días (entre enero de 2014 a marzo de 2016).
Además, señalan que la propia comisión de preadjudicación de YMAD le pedía al directorio que “arbitre los medios necesarios para conseguir proveedores alternativos de ese insumo (cianuro) tanto locales como del exterior o evaluar un contrato de suministro similar a fin de asegurar el abastecimiento de este y lograr mejores condiciones comerciales”.
“Al parecer ya era público y notorio dentro de la empresa el pago de esos montos por fuera del precio del mercado y que el juez se negó a investigar consultando a otras empresas mineras radicadas en la Argentina”, afirma El Pucará.
Respecto de la venta de oro, advierten que su comercialización “se hacía en licitaciones privadas y no públicas, las que en teoría se realizan con procedimientos más transparentes y de conocimiento de toda la comunidad, en la que se operó en el periodo investigado una cantidad superior a la registrada en los históricos de la empresa y se denuncia que a un precio muy menor al del mercado”.
Las empresas que compraban el oro de YMAD incluían Proydesa S.A; Acori S.A y Daea SRL y se investigarían presuntas maniobras de lavado de activos. El juez no habría comparado en su momento los precios del oro en otras firmas.
“En la instrucción se revisaron 142 expedientes de licitación privada para la venta de oro. En ellas destaca el fiscal que siempre se invitaba a participar a unas 20 personas jurídicas que -sin razón justificada- figuraban en una ‘lista’. Luego esta convocatoria cerrada era anunciada mediante el envío de correos electrónicos. Finalmente, siempre se presentaba el mismo grupo de 9 empresas, lo que permitió la concentración del 87.11% de las ventas”, denuncian en la causa.
Todos los ganadores de la compra de oro “compartían directores y apoderados en los bancos y se repartían las personas que estaban autorizadas a retirar el oro de la bóveda del Banco Nación, asesores contables y escribanos; incluso coincidían los domicilios (según la documentación secuestrada en los allanamientos y en la información brindada por la AFIP).
Cabe recordar que en YMAD, los ex rectores Rodolfo Martin Campero y Mario Marigliano llevaban a sus bolsillos los millones que escamotearon a la UNT: Tribunales Federales de Tucumán y Catamarca tienen acreditado que, además de falsear la Construcción de la Ciudad Universitaria que ordena la Ley 14.771, los directores de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio privaron a la UNT de la mitad del dinero que le correspondía por Ley y al mismo tiempo se autorizaron a sí mismos en “premios y bonificaciones” más de 180 millones de dólares durante su gestión.
Finalmente, se indica que “en el análisis de los camaristas, la empresa debe efectuar sus compras y contrataciones conforme a los principios básicos de publicidad y competencia de precios -mediante la licitación pública o privada, el concurso de precios y la contratación directa, según las normas que se establezcan en su reglamento interno”.
Sobre Manuel Benítez, el portal Minería y Desarrollo señala: “Manuel Benítez es abogado especializado en Derecho Administrativo y Derecho empresario. Es director de Wincul SA, la empresa que perfora Cerro Amarillo en Mendoza, una de las más importantes que aparecen como atractivas para explorar en esa provincia. Además, Benitez aparece en áreas mineras principalmente de oro y cobre en la cordillera de San Juan. También es el presidente de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN). En 2007 fue electo presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Anteriormente, se desempeñó como director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Minería de la Nación, director General de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Minería de la Nación, asesor de la Secretaría de Minería y fue docente de la Universidad de Buenos Aires”.
Cerisola declarando ante el TOF semanas atrás. (Foto: eltucumano)
