Ni la campaña electoral desatada en Tucumán luego de que se definieran las listas de candidatos para las PASO, ni la interna que sacude al peronismo local han logrado detener las causas en la Justicia en las que se encuentra muy complicado el legislador jaldista Daniel Deiana. En ese marco, se conoció que en el transcurso de las últimas horas se impulsó otra denuncia en los tribunales en su contra.
En este caso, un grupo de ex empleados de la Mutualidad provincial lo acusan de haber incurrido en un presunto fraude. La presentación de la denuncia en contra de Daniel Deiana es motorizada por parte de Brenda Acosta, hija de Marcela Alejandra Delgado, una trabajadora de la Mutualidad Provincial que falleció mientras se encontraba en actividad a causa de haberse contagiado por COVID-19.
Cabe mencionar que, en el lapso de un año, Brenda Acosta perdió a sus padres y quedó a cargo de dos hermanos, de los cuales uno es menor de edad, mientras que el otro padece una discapacidad. Así, dejaron trascender los ex trabajadores mediante la publicación de un comunicado. Marcela Alejandra Delgado se desempeñó desde su ingreso en 1991 hasta su fallecimiento, como empleada administrativa de 1° Categoría de la Mutualidad Provincial.
En el texto dado a conocer a la opinión pública se dejó constancia acerca de que la hija de Delgada concurrió en varias oportunidades a la Mutualidad para solicitar los recibos de sueldo de su madre fallecida, atento que desde el año 2018 ella no los recibía. Y es que formuló esa solicitud para poder realizar los trámites de cobro de la indemnización fijada por la Ley de Contrato de Trabajo para el caso de extinción del vínculo laboral por muerte del trabajador.
Este trámite era necesario también para acceder a la prestación dineraria a cargo de la ART para casos de fallecimiento por enfermedad profesional. Pero desde la Mutualidad le entregaron tres recibos de sueldo donde le consignaron número de legajo, categoría y fecha de ingreso distintas a las reales, en este último caso omitiendo 9 años de antigüedad, precisaron los ex empleados en el comunicado.
Cabe aclarar que la omisión, tergiversación y/o supresión de la información laboral de los trabajadores por parte del empleador a la ART configura el delito de estafa y defraudación. No en vano, el texto publicado deja en claro que los ex empleados esperan que la Justicia castigue a Daniel Deiana. En esa línea, aprovecharon la ocasión para alertar sobre la protección que el sindicado recibe de parte de la legislatura.
Al respecto, los damnificados dejaron en claro que esto hace más necesaria la pronta respuesta de parte de la Justicia “podrá diferenciarse, antes los ojos de la sociedad, de un sector de la legislatura que sigue cobijando y protegiendo a Deiana”. Esto último fue resaltado por los ex trabajadores, en alusión a la pertenencia de Daniel Deiana al espacio jaldista en la Cámara legislativa. ¿Será justicia?
