En plenario de comisiones para el tratamiento de la ley ómnibus, el diputado nacional Pablo Yedlin aseguró que esta nueva norma “le haría un enorme daño a la economía del Norte Grande y sobre todo a Tucumán”. Según el legislador, esta ley genera inseguridad jurídica y haría que el país no sea atractivo para inversiones en el sector productivo.
“El artículo 59 deroga la ley 25715, lo que permitiría la exportación de azúcar desde otros países, básicamente de Brasil, que a nosotros nos pondría en riesgo la industria azucarera”, dijo Yedlin. “Esta medida haría que la industria azucarera, que lleva 57.000 puestos de trabajo en el Norte, cerrara. Nosotros ya lo vivimos en el año 66. Onganía cerró 11 ingenios en Tucumán y 25% de la población de Tucumán vino a engrosar el cono urbano bonaerense. No repitamos la historia”, señaló.
También planteó el tema del biocombustible, por el que consideró que la ley ómnibus generaría “una enorme inseguridad jurídica en la inversión privada”. Dijo que si se modifica la ley 27640 de biocombustibles, que fijaba que hasta el año 2030 el corte del bioetanol en la nafta (6% de caña y 6% de maíz), “habilitan a las petroleras a que puedan decidir si importar bioetanol o comprarlo en la Argentina y a qué corte lo usan”.
Por ende, según dijo el diputado, “esto haría que inversiones millonarias que han hecho algunos de los ingenios azucareros queden en la nada y genere una enorme inseguridad jurídica”. También hizo reparos en la reforma propuesta para la Ley de Mil Días. El proyecto prevé que el ministerio de Salud deje de coordinar la Unidad Ejecutora que debía proteger persona gestante y al bebé en los primeros mil días.
“Nosotros creemos que el monitoreo del Ministerio de salud de la Nación era importante. En este proyecto de ley todo esto se deroga con una mirada, que para mí, tiene más de prejuiciosa que de utilidad técnica”, manifestó el tucumano. Por último, señaló que la atención de la salud mental no se mejora cambiando la ley, “se mejora con más inversión en esta área”.
Consideró que el proyecto de ley del Gobierno vuelve “para atrás en forma regresiva” y permitiría que jueces y abogados decidan la internación o el alta de pacientes con enfermedad mental, más que un equipo intersectorial. “No es la ley el problema el tema, es la inversión jurisdiccional y nacional en temas como la salud mental, sobre todo en la formación y el pago al recurso humano”, advirtió.
