En las últimas se conoció la salida del administrador de la oficina local del PAMI, Martín Fernández González, con vínculos en Fuerza Republicana, ante una auditoría que reveló un presunto perjuicio por unos $1.500 millones contra el organismo nacional, informa el sitio Primera Fuente.
Se conocieron más detalles sobre las irregularidades que tienen lugar en el ámbito del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) de Tucumán. A partir de una denuncia periodística, fuentes vinculadas al Instituto convalidaron lo afirmado y señalaron que se podría estar ante la comisión de varios delitos, tales como fraude contra la administración pública, lavado de activos y tráfico de influencias, entre otros, por unos 1.500 millones de pesos.
Entre los apuntados sobresalen el director del ente tucumano, Martín Fernández González, que ya fue separado del cargo, el gremio sin personería Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA), y el legislador provincial Ricardo Bussi, socio político de La Libertad Avanza (LLA).
Como nuevo titular del PAMI en Tucumán asumirá este lunes Ernesto Iramaín (empleado de carrera)
Una de los puntos que llaman poderosamente la atención de propios y extraños, es el proceder de los dirigentes del SUTEPA tucumano (un gremio sin personería, valga la paradoja). Es que mientras desde la conducción nacional de esa entidad embate permanentemente contra el presidente Javier Milei y su Gobierno mostrando un neto sesgo opositor, la filial tucumana está estrechamente ligada a Ricardo Bussi, defensor a ultranza de las políticas que impulsa el jefe de la Casa Rosada.
La relación entre SUTEPA y Bussi llega a tal punto que el presidente de la Fuerza Republicana ampararía sin tapujos al gremio y sus dirigentes.
En tanto, el gremio apañaría al director del Instituto y al coordinador médico, el doctor Guillermo Brito el cual, en concreto, es quien maneja la salud y de algún modo la vida de los jubilados y pensionados nacionales residentes en Tucumán.
A su vez, estas maniobras supuestamente habrían estado dirigidas para favorecer a la empresa: Cena y Reinoso SRL o “Clínica del Pilar”, según el nombre de fantasía.
Es que la citada institución médica aparece supuestamente favorecida por la conducción del organismo ya que, mientras cobra por una cápita de 77 camas mensuales, en los hechos solo tiene disponibles para los afiliados de PAMI un total de 56 camas por mes, de las cuales 21 pertenecen al sector de terapia intensiva.
De una auditoría surgió que el PAMI estaba pagando por un servicio que aparentemente no recibía, sobre todo considerando que el último monto abonado a la clínica de Cena y Reinoso fue de 236.697.715,81 pesos, tal como consta en el expediente 2023-83959080-INSSJP-GAP#INSSJP está contenida la Auditoría 471/2023.
De esa auditoría, desde luego a disposición del director Fernández González, y también de la que por su lado realizó PAMI Central, surge supuestamente que la citada clínica Del Pilar no reúne los requisitos mínimos como para atender la salud de las personas de la tercera edad.
Todo indica que el director Fernández González leyó esa auditoría y todo hace pensar que tras ello debió enviarla a las autoridades nacionales del Instituto. Sin embargo, al menos esto último supuestamente nunca se hizo. ¿Por desidia? ¿Por desconocimiento? ¿O por complicidad?
Según la publicación, un párrafo aparte merecen las repentinas y frecuentes reuniones que últimamente habrían sostenido en lujosos hoteles tucumanos el legislador Bussi, el titular de la clínica, el diputado nacional Gerardo Huesen y el director del PAMI, Fernández González. Cuesta mucho creer que se reúnan para hablar de política; o, en todo caso, cuesta creer que solo se reúnan para hablar de política.
El tema parece haber llegado a conocimiento de las autoridades nacionales del Instituto, que tomaron nota del resultado de la auditoría y desplazaron a Fernández González y en los próximos días llevaría el caso a la Justicia Federal ante el supuesto delito de defraudación contra el Estado Nacional.
