En los 243.943 km² de superficie que tiene la provincia de Santa Cruz, Lázaro Báez recibió 51 obras viales en doce años. Lo hizo, sostuvo el fiscal Diego Luciani, “sin ninguna capacidad de contratación, ni capacidad de obra. No había manera de que pudiera recibir esa cantidad de contratos”. ¿Cómo lo logró? “Mintió en las declaraciones juradas” que el holding presentaba ante el Registro Nacional de la Construcción, para “no reducir su capacidad anual y así seguir ganando”. Según dijeron los fiscales del juicio por la obra pública durante su alegato de este lunes, “todo fue parte del mismo plan criminal, beneficiar a Báez violando todas las leyes”.
Báez ganó cuatro contratos en 24 horas: entre el 5 y 6 de marzo de 2007, el Estado le otorgó obras por más de 714 millones de pesos, pero por las que Báez terminó cobrando 1.260 millones, “duplicando y hasta triplicando los plazos de obra”, señalaron los fiscales. En un año, el Grupo Austral ganó 22 obras. Todo un logro.
El grupo empresarial se imponía sistemáticamente, señaló la justicia, en cuanto concurso licitatorio se presentaba. A veces, los plazos de terminalidad de los contratos se superponían o se acercaban notablemente. Las máquinas comprometidas por Báez, eran las mismas. En 39 de los 51 contratos adjudicados y financiados por la Nación, “no presentó el certificado de capacidad y el de contratación actualizado”, indicó Luciani.
Para el Ministerio Público Fiscal, ignorar la falta de capacidad de construcción anual de Austral Construcciones, era “parte de la misma organización criminal” que tenía como finalidad “beneficiar al mismo grupo empresarial, a Lázaro Báez que era Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”.
Fue la incapacidad del Grupo Austral para ganar 51 licitaciones el eje central de la cuarta jornada de alegatos en el juicio por la presunta corrupción de la obra pública, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta. La fiscalía buscó demostrar que si se “hubiera cumplido con la ley de contrataciones, con los exigido en cada pliego licitatorio, lo que determinaba el Registro Nacional de Contratación, Báez nunca habría podido ganar 51 obras”.
Entonces, se señaló que de la única forma en la que pudo hacerlo fue “porque había una decisión desde las más altas autoridades: simplemente, que siempre gane Báez. No tenía que realizar la mejor oferta, ni cumplir con la ley, estaba decidido: tenía que ganar”.
Se analizaron los contratos viales que representaron una erogación de 46.000 millones de pesos a favor del Grupo Austral. Estos datos se entrecruzaron con la información proporcionada por el Registro Nacional de constructores de Obras Públicas.
Por ejemplo: Los montos comprometidos por Austral y Kank & Costilla (del mismo grupo) entre 2006-2007 fueron de 199.670.000 pesos, y la capacidad otorgada de era de sólo 72.373.403. Se le adjudicaron obras pese a no contar con capacidad financiera para hacer frente a dicho compromiso.
Algo ya se había señalado en la pericia ordenada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo del juicio. Allí los peritos de la Corte y el que intervino en representación de la fiscalía señalaron que Austral Construcciones comprometió montos en 2006 por $ 400.730.366 “mientra que su capacidad otorgada de $ 72.88.93, lo que arroja una diferencia capacidad de – $407.470.295. “Este certificado de capacidad demuestra que a Austral Construcciones se le adjudicaron obras por un monto muy superior a su capacidad de contratación”, reiteró la fiscalía.
Luciani reiteró en varios tramos que en “39 de las 51 licitaciones adjudicadas, las empresas nunca presentaron el certificado de contratación”.
La primera violación a la ley, repasó el fiscal, “fueron los incumplimientos de los pliegos de cada licitación”, agregó Luciani. Luego, las empresas “debían tener disponible y actualizada su capacidad de contratación anual, y estar al día con el Registro Nacional de Obras Públicas”, leyó el fiscal.
Esa capaciodad “era un requisito ineludible, cuya inexistencia era causal de rechazo automático de la oferta”, indicó Luciani. Pero esa exigencia “nunca se aplicó a Báez”.
En función de ese análisis, el Ministerio Público Fiscal, el fiscal dijo que “Lázaro Báez mintió”, en la presentación de las declaraciones juradas ante el Registro Nacional de la Construcción, que emite para las empresas el certificado exigido en los pliegos licitatorios para saber si cuentan con la capacidad técnica y financiera para hacer frente a la obra. “A Báez nunca lo controlaron y por eso fue exitoso este plan criminal”, añadió Luciani.
El dueño de Austral “nunca fue sancionado, nunca le exigieron su certificado de contratación de obra. Porque Lázaro Báez mintió siempre, no informó cada vez que le adjudicaban una obra porque eso le iba restando su capacidad anual para ganar otras”. Por ejemplo, “la última declaración jurada muestra que no declaró diez obras y este artilugio le permitió incrementar en $ 1.300 millones su capacidad”.
Según Luciani, otro truco era “simular Unidades Transitorias de Empresas (UTE) sólo para usar la capacidad técnica de la firma Gotti SA, y a su vez utilizar este mecanismo para ampliar su capacidad de contratación, algo de lo que Austral carecía”, sostuvo Luciani.
Cualquier adjudicación que se haya realizado ignorando este requisito “expresa un claro direccionamiento”, concluyó el fiscal. Austral Construcciones, que ganó 51 contratos, “nunca disminuyó su capacidad de contratación, todo lo contrario, la aumentaba rápidamente bajo un sistema de mentiras”.
En función de este sistema que contó con una “mentira constante de Báez en las declaraciones juradas de la empresa” es que la fiscalía ponderó que se montó un “Estado paralelo”, con organismos que no controlaron, que no exigieron los certificados y que funcionó al margen de toda ley”.
