El conflicto por la toma de tierras en la Patagonia argentina por parte de grupos violentos que “abrazan” la causa mapuche ya acumula varios capítulos oscuros. Incluso, la usurpación y los atentados como método de lucha muchas veces han amenazado o restringido las tierras de familias de mapuches que pudieron ratificar la posesión por vías legales y pacíficas. Es por eso que, según un estudio que impulsó la Fundación Perito Moreno y que fue realizado por la encuestadora Trespuntozero, los vecinos de Neuquén, Chubut y Río Negro, no perciben a todos por igual. El 59,6% de los encuestados tiene una muy buena o buena imagen del pueblo mapuche a pesar de la tensión de los últimos años.
De hecho, a los impulsores del conflicto no se los considera, mayoritariamente, como parte del colectivo mapuche, sino que se los percibe como personas que se hacen pasar por tales, al menos eso respondió el 34,2% de los encuestados. En segundo lugar, con el 22,9%, se responsabiliza como impulsores de las usurpaciones a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuyo líder, Facundo Jones Huala, fue beneficiado anteayer por la Justicia chilena con la libertad condicional mientras cumplía una condena de nueve años por el incendio, en 2013, de una propiedad en el campo Pisu Pisue, cerca de Valdivia, y por tenencia ilegal de armas. En síntesis, la mayoría de los encuestados considera que las tomas no las hace el pueblo mapuche, sino gente que se hace pasar por esa comunidad o la RAM.
La encuesta se realizó entre el 10 y el 20 de diciembre del año pasado sobre una muestra de 1400 casos en las tres provincias mencionadas. La población objetivo fueron mayores de 16 años que residen en casas particulares con acceso a una computadora, internet y un teléfono móvil inteligente.
El 80,6% de los encuestados piensa que el conflicto mapuche es muy grave o grave. Ese porcentaje seguramente se explique a partir del recrudecimiento de los incidentes en los últimos seis años. Por ejemplo, en 2015, la comunidad Pu Lof, en Chubut, de la que Facundo Jones Huala era el principal referente, inició lo que denominaron un “proceso de recuperación territorial productiva a la multinacional Benetton” e irrumpió en campos de la Compañía Argentina de Tierras S.A., en el Paraje Leleque, sobre la ruta 40.
En 2017, la comunidad Lafken Winkul Mapu tomó tierras de Parques Nacionales en Villa Mascardi, en Río Negro. Desde entonces, los que allí viven o tienen una propiedad empezaron a sufrir ataques, usurpaciones y amenazas.
Hubo casos de cabañas que fueron incendiadas por esa comunidad y los vecinos de la zona dijeron sentirse indefensos frente a las agresiones. Además, la violencia no tuvo como único objetivo a las viviendas cercanas al lago Mascardi, sino que también han agredido físicamente a los dueños de algunas cabañas.
Esa toma ya lleva cuatro años. Si bien hay causas judiciales abiertas, en junio del año pasado la Administración de Parques Nacionales (APN) desistió de impulsar la elevación a juicio en la causa que investiga la usurpación, lo que generó sorpresa e indignación en los vecinos de la zona por el “dudoso accionar” de la APN, según expresaron en un comunicado. Mientras que en los primeros días de octubre del año pasado un grupo prendió fuego el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón y dos máquinas de Vialidad rionegrina cerca del cerro Catedral, en Bariloche. Y la lista de conflictos sigue.
Toma de tierras, grave
“Queda claro que, para la gran mayoría de los encuestados, la problemática de toma de tierras en la Patagonia está vista como un tema muy grave. La escalada de violencia desatada en la Patagonia por parte de grupos de personas bajo la denominación de mapuches, amparados en pretendidos derechos ancestrales, afecta la imagen del pueblo mapuche y viola el derecho a la propiedad privada”, indica Mariano Sarmiento, director ejecutivo de la Fundación Perito Moreno, entidad que fue creada para afrontar la problemática de la toma de tierras desde distintos ángulos.
Lo que indica Sarmiento respecto de la imagen de la comunidad mapuche se comprueba en los números. Si bien guardan un nivel alto de imagen positiva (59,6%), cuando a los encuestados se les preguntó por las comunidades indígenas en general, esa cifra ascendió al 67,9%.
Como se mencionó, una cuestión central en este conflicto es la acción de la RAM. Esa organización desconoce al Estado argentino y en la Justicia acumulan causas por delitos que van desde la privación ilegítima de la libertad hasta incendios en estancias.
Al momento de consultarles a los encuestados cuál creen que es la relación entre el pueblo mapuche y la RAM, solo el 17,8% opinó que se trata del brazo armado de esa comunidad. El 30,7% señaló que esa organización no es representativa de esa colectividad, el 14,9% indicó que es solo una organización entre tantas otras que hay en la comunidad y el 36,6% contestó que “no sabe”.
“La mayoría de las comunidades mapuches patagónicas están pacíficamente integradas a la sociedad y ejercen su derecho de propiedad y posesión de la tierra de conformidad con lo establecido por las normas vigentes, el grupo de violentos es una minoría”, agrega Sarmiento.
Razones del conflicto
En esa línea, los vecinos consultados creen que entre las razones que dieron lugar al conflicto se destacan principalmente los motivos económicos para quedarse con tierras (37,2%) y, en segundo lugar, los intereses políticos (21,5%).
Uno de los debates de fondo en este conflicto, es el del valor del derecho a la propiedad privada. Sobre ello, el 32% de los encuestados expresaron que la propiedad privada es un derecho primordial, mientras que el 40,8% señaló que todos los derechos son igualmente importantes y el 17,4% coincide en que hay derechos más importantes que la propiedad privada.
“La propiedad privada tiene raigambre constitucional desde el nacimiento del Estado Argentino, mientras que la propiedad comunitaria indígena ha sido reconocida constitucionalmente en el año 1994 [con la reforma de la Carta Magna]. Nada permite hacer prevalecer un derecho por sobre el otro, lo cual significaría una gravísima violación de la ley y, por lo tanto, un quiebre en la convivencia social”, aduce Sarmiento.
Y los principales afectados, según el 52,5% de los consultados, son los habitantes de la Patagonia, mientras que en segundo lugar, con el 20,4%, señalan que los propios mapuches se ven damnificados por la discriminación que padecen como consecuencia del conflicto. De hecho, el 57,6% piensa que los mapuches son muy o bastante discriminados.
En la percepción de los encuestados, la resolución del conflicto es responsabilidad del gobierno nacional, a la vez que le reconocen mayoritariamente a los pueblos indígenas el derecho a algún tipo de reparación (57,5%) por parte del estado argentino. La medida más votada como posible vía de resolución del conflicto mapuche es la entrega de tierras (42,3%), seguida por beneficios económicos a las comunidades indígenas (24,3%). Entre quienes están de acuerdo con la entrega de tierras para resolver el conflicto, la representación mayoritaria sobre esta medida implica el ofrecimiento de una extensión de tierra para trabajar (43,8%).
Al mismo tiempo, el 65,9% evalúa que el desempeño del gobierno nacional frente al conflicto es malo o muy malo. Algo similar sucede con las fuerzas de seguridad y la Justicia. El 51,9% tiene una mala o muy mala evaluación del desempeño de las fuerzas del orden y el 72,5% piensa que el accionar de la Justicia es malo o muy malo.
“La resolución del conflicto por la toma de tierras es responsabilidad del Estado nacional y de los estados provinciales. Aquellas comunidades que han ejercido sus derechos por las vías legales y administrativas, deberían tener una justa y pronta reparación de sus derechos, por el contrario, los grupos de violentos que toman las cosas por las vías de hecho, violando normas fundamentales del estado de derecho, deberían someterse al designio de la justicia penal”, concluye Sarmiento.
