Finalmente, el Gobierno confirmó que el aumento de tarifas de electricidad y gas serán a partir de marzo, pero con una importante novedad, y es que se implementarán por medio de un esquema diferenciado según los ingresos de cada usuario. En ese sentido, aclararon que hay un porcentaje importante de la población que continuará con una tarifa subsidiada. Y es que en pleno año electoral, el Gobierno nacional no quiere ajustar demasiado.
En ese sentido, fue el propio secretario de Energía, Darío Martínez, quien manifestó que se irá rumbo a una tarifa que denominó de transición. Incluso, reconoció abiertamente que aplicar la tarifa que estaba vigente con la anterior administración, tendría un impacto muy alto. Según admitió, la idea del Gobierno conducido por Alberto Fernández es la de avanzar hacia un uso más inteligente de los subsidios.
Ahora bien, ¿Qué quiere decir esto? En principio, la intención del Poder Ejecutivo pasa por el hecho de que los subsidios lleguen realmente a los sectores más vulnerables, es decir, a aquellos que no pueden hacer frente al costo real de la tarifa con el fin de que no se van a obligados a salir del sistema. De hecho, la idea pasaría por no aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante aunque usándolo de mejor manera.
Y es que el Gobierno quiere estudiar con minuciosidad la capacidad de afrontar tarifas que tiene la sociedad argentina. En ese marco, aseguraron que, una vez que se salga del congelamiento, la idea sería la de ir hacia una tarifa de transición, en lo que sería la implementación de una especie de esquema estratificado donde se dividiría a los usuarios entre varios grupos estratégicamente diferenciados.
En ese sentido, se los dividiría entre los que no pueden pagar las tarifas, los que puedan pagar, pero sin que les consuma un porcentaje más alto de sus salarios, y los que puedan acercarse a pagar el costo real de la energía, sin un gran impacto en sus ingresos en términos porcentuales.
El fin del oficialismo sería la de mantener el porcentaje de los ingresos que se destina a la energía, mientras que aspiran a que esto no le quite a la población capacidad de consumo.
Por esta razón, se está elaborando una tarifa de transición, la que se comenzará a aplicar entre marzo y abril. De esta manera, se tratarían de los mismos plazos que había anticipado la semana pasada el presidente Alberto Fernández. De hecho, para aplicar una tarifa de transición, se recurriría a herramientas disponibles como los datos de la Anses, para realizar la estratificación de los usuarios mientras se crea una nueva revisión tarifaria integral. En los hechos, la realidad es que el último sector al que quiere disgustar el Gobierno nacional en medio de un año electoral clave como lo será el 2021, es justamente el de los sectores más vulnerables. Por lo que recurrirán al entrecruzamiento de datos con la Anses, debido a que en el oficialismo saben que lo que les cuesta más detectar es a aquellos sectores que consideran que pueden pagar el costo de la energía.
