“Hay altas probabilidades de que el paro de la semana que viene se levante”. Con esas palabras definió el estado del conflicto del transporte urbano de pasajeros del interior un dirigente que sigue minuto a minuto las negociaciones para destrabar el reclamo salarial de los choferes.
Todavía no hay certezas sobre si finalmente estarán los fondos que pueden desbloquear automáticamente la huelga de 72 horas decretada por la Unión Tranviarios del Automotor (UTA). Pero hay expectativas de todos los sectores en llegar a un acuerdo que evite la medida de fuerza. “Inestable pero con buen pronóstico”, graficó otro referente, utilizando una metáfora meteorológica.
Algunos de los actores en esta pulseada que conocen la trama de cerca mantienen firmes esperanzas en que el próximo lunes en la reunión prevista entre los choferes y los empresarios Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (Fatap) en el Ministerio de Trabajo de la Nación se levantará la huelga.
Ninguno todavía arriesga una confirmación. De hecho uno de los dirigentes habló de un “salto de confianza”. No hay certezas de que lleguen recursos de la Nación en los próximos días. A última hora de ayer desde esa cartera le señalaron a este medio que no había novedades sobre la posibilidad de nuevos recursos para descomprimirlo.
La pregunta, entonces, es de dónde saldrán los 13.500 millones de pesos que necesita el sistema de transporte urbano del interior para hacer frente al aumento del 50 por ciento que reclaman los choferes, tal como el que recibieron sus pares del Área Metropolitana del Buenos Aires (Amba).
Las respuestas apuntan a que las gestiones estarían avanzadas para que el Ministerio de Economía de la Nación que conduce Sergio Massa finalmente dé luz verde a la erogación de esos fondos. Con esos recursos se podrá garantizar el funcionamiento del sistema de trasporte urbano de pasajeros sin interrupciones hasta fin de año.
Luego de varios días de reuniones, la presencia del secretario Transporte de la Provincia, Franco Mogetta, y su par de la Municipalidad de Córdoba, Marcelo Rodio, en Buenos Aires y la presión realizada por distintos frentes en el Congreso de la Nación -que en el caso de Córdoba reunió a diputados de Córdoba Federal y de Juntos por el Cambio bajo un mismo paraguas de reclamo- hay expectativas políticas de una solución.
Por lo pronto la promesa de inclusión dentro del presupuesto 2023 de un cálculo para subsidios a las provincias de 85 mil millones de pesos más una cláusula gatillo si la inflación se dispara por encima del 60 por ciento llevó algo de tranquilidad. Para las provincias, ese cálculo debería partir de 113 mil millones, pero el número incluido es sustancialmente superior al que se había estimado en el proyecto enviado en primer término al Congreso.
“El paro no le conviene a nadie, no lo quiere nadie”, dice otro actor interesado dando a entender que espera que el lunes en la próxima audiencia fijada quede todo resuelto.
El martes pasado la UTA anunció un paro de 72 horas luego de que volviera a fracasar la reunión paritaria. Era una reacción previsible ante de la falta de respuestas al pedido de aumento salarial después de la huelga de dos días durante los primeros días de octubre.
Este escenario de conflicto tiene un contexto único para la UTA: las elecciones de autoridades previstas para diciembre. En este contexto debe interpretarse la palabra “Lealtad” que apareció los otros días en comunicado de la huelga.
Vale recordar que los choferes reclaman por una suba del 50 por ciento para el último semestre dividida en tres tramos: 15 por ciento para octubre, 15 por ciento para noviembre y 20 por ciento para diciembre.
