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Pedido al Pte. de la LEGISLATURA

Solicitan a Osvaldo Jaldo de no incurrir en tráfico de influencias en favor de Antonio Estofán

Edificio Legislatura de Tucumán
Descacharreo

Ayer ingresó a la Cámara legislativa un pedido del Dr. Gustavo Morales dirigida a su titular, Osvaldo Jaldo. Se le solicitó abstenerse de ejercer su influencia en el pedido de juicio político de uno de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Daniel Estofán. Y es que el vicegobernador de la provincia podría incurrir en tráficos de influencias a fin de jugar a favor del juez sobre quien pesa el pedido de destitución.

Pero además, por medio del mismo escrito, se le notificó al titular del Poder Legislativo la acreditación probatoria de su relación con el empresario Antonio Oscar Mahtuk, quien es el titular de la compañía Yuhmak Sociedad Anónima. Según la presentación realizada, este ciudadano también mantiene una relación económica todavía vigente con el integrante de la Corte Suprema, Antonio Estofán.

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Osvaldo JaldoAntonio Oscar Mahtuk

De hecho, según el escrito oportunamente presentado ayer en la Legislatura, esta relación es una de las más importantes descalificaciones que se le pueden hacer al magistrado en cuestión. El vínculo, según el escrito, estaría dado por medio de los hijos del vocal de la Corte: Mariano Estofán, Juan Pablo Estofán y María Marta Estofán. Justamente, esta última fue denunciada por representar jurídicamente a Mahtuk y a su empresa Yuhmak SA.

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La circunstancia que envuelve a Antonio Estofán con el empresario es fundamental a la hora de fundamentar porqué Osvaldo Jaldo no debe incurrir en el tráfico de influencias. Y es que de acuerdo a lo expuesto en el escrito presentado en la Cámara legislativa, el vicegobernador debería abstenerse de cualquier tipo de intersección en favor del vocal de la Corte a causa de que mantuvo encuentros con Mahtuk en diversas oportunidades.

En esa línea, se solicitó también que se le brinde un trámite urgente a la presentación de ayer considerando que la cuestión planteada implica una extrema gravedad institucional. Y es que, en el último tiempo, ha quedado evidenciado como pocas veces en la historia reciente que las relaciones indebidas más allá de lo estrictamente institucional entre los tres poderes que conforman la República, desató una profunda crisis.

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En ese marco, desde el poder se plantea la posibilidad de castigar a quienes descubren lo que se halla en el sótano de las instituciones, al mismo tiempo que se busca salvar a los amigos de turno. Éstos pueden ser políticos, jueces y hasta empresarios, tal y como se deja constancia en el escrito presentado en la Legislatura. En este contexto, es que se busca alertar a la sociedad sobre los riesgos de naturalizar el tráfico de influencias.

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