Numerosas cajas repletas de computadoras, documentación escrita, facturas al parecer apócrifas y más de una docena de celulares hoy le quitan el sueño a 14 imputados, acusados de perpetrar una millonaria evasión al Estado, situándo a la delegación Santiago del Estero de la Afip en el centro de un escándalo de imprevisibles consecuencias.
“Presunto cohecho y asociación ilícita” son los cargos dominantes que enrostró el fiscal Federal, Pedro Simón, a un total de 14 usinas apoc y a 22 contribuyentes socios de las empresas, junto al contador jefe de la organización y su secretaria. Se encontrarían en una posición delicada María Patricia Godoy, Manuel Alejandro Azar, Daniel Aparicio Lazarte y el jubilado Luis Alberto Fincatti.
El primer capítulo se produjo en diciembre del 2019. La ex jefa interina de la Sección Penal Tributario de la Afip, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía de las Mercedes Trabadelo, denunció la existencia de una organización criminal que, a través de la emisión de comprobantes apócrifos, habrían evadido $ 800.000.000 en concepto de saldo a ingresar de IVA e Impuesto a las Ganancias.
La investigación indaga en empresas fantasmas, tanto por quienes emitían las facturas apócrifas, como en el grupo de beneficiarios. Según los períodos 2017, 2018 y 2019 habrían obtenido créditos fiscales ficticios e impulsado una industria del IVA.
La funcionaria imputada, quien presta servicios en la sección de Recaudación, junto con dos empleados de la sección Jurídica -uno activo y otro recientemente jubilado-, “regularizaban” deudas de contribuyentes existentes hasta alcanzar saldo “0”. Ello, previo desembolso de vastas sumas de dinero de parte del contador Gustavo Coronel Medina, según la investigación. Los pagos individuales para cada una de las personas imputadas alcanzaron $ 200.000 por cada trámite, se supo.
Dos semanas atrás fueron allanadas las oficinas de la Afip, a solicitud del juez Federal, Sebastián Diego Argibay. Los procedimientos se realizaron en computadoras de los imputados de la Afip de Santiago del Estero y en sus domicilios, donde se habrían hallado cheques librados por las usinas ya imputadas, comprobantes de transferencias bancarias y otros elementos.
Ni bien arriben a destino, los celulares serán peritados en el laboratorio de la Policía Federal (PFA), Dirección Regional Tucumán. También habrá computadoras por ser analizadas.
La causa incluye otras pericias hechas con antelación por oficiales de la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero. En una, se habría trabajado con un celular del considerado jefe de la organización. De las escuchas, se advertirían conversaciones con un empleado de la Afip.
Ello habría posibilitado armar un complejo rompecabezas. En la práctica, funcionaba un sistema de retribuciones monetarias indebidas, por las que el contador otorgaba grandes sumas de dinero al personal de la Afip a fin de que estos cancelen embargos y permitan la inscripción de empresas “fantasma” al único fin de emitir comprobantes apoc.
Las conclusiones fueron presunto resultante de meses de entrecruzamiento de llamadas telefónicas, prueba vital a la cual las defensas intentan derribar, deslizó un funcionario.
