La Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, elevó un pedido de informes a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, para conocer el destino real que se le dará a los fondos que el Gobierno comenzará a percibir si se da de baja a las 154.441 personas beneficiadas con el programa Potenciar Trabajo. El espacio opositor quiere saber a qué organizaciones sociales estará destinado ese dinero que, según el decreto 728, debe ser utilizado para la compra de máquinas y herramientas para emprendimientos de cooperativas que dependen, en su mayoría, de organizaciones oficialistas como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras.
Los líderes de esas organizaciones son funcionarios públicos. Uno de los principales dirigentes del Evita es Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y quien administra el multimillonario Potenciar Trabajo; el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie es Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social; la CCC es conducida por el diputado nacional Juan Carlos Alderete, integrante de la bancada del Frente de Todos. Pero hay otras, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, de Juan Grabois, que, a diferencia de Pérsico, se manifestó abiertamente contra las bajas en el Potenciar Trabajo y hasta lo habló con Alberto Fernández.
La Coalición Cívica estima que la mayor parte de los 50 mil millones de pesos que Desarrollo Social se “ahorraría” por las bajas en el Potenciar Trabajo terminará en cooperativas del Movimiento Evita
Un cálculo de los referentes de la Coalición Cívica que firman el pedido de acceso a la información pública, Hernán Reyes, Héctor “Toty” Flores y María Fernanda Reyes, estima que, si las actuales 154.441 suspensiones, que este mes cobraron la mitad de sus haberes y que si no validan su identidad en marzo serán separados de manera definitiva del plan, las arcas de la cartera social se “ahorrará” en transferir a las cuentas de esas personas de aquí a fin de año, y sin contar los bonos, $50.705 millones.
Una verdadera fortuna que, tal como lo denunció Eduardo Belliboni, el referente del Polo Obrero, y basado en el decreto 728, quedaría, en su mayor porcentaje, en manos de los movimientos oficialistas.
La trama no es sencilla, pero es de fácil comprensión. El decreto 728/2022 firmado por el presidente Alberto Fernández y varios de sus ministros, entre ellos la de Desarrollo Social, y la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Olmos, dispone —en su artículo sexto— que “no podrá ampliarse el número de titulares” del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, “Potenciar Inclusión Joven”, “Nexo” y “Plus Esencial”. Y aclara en ese sentido: “El ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital”. En palabras llanas, el dinero que debía ir a los bolsillos de los entonces beneficiarios de esos planes sociales es redireccionado a la adquisición de máquinas, herramientas e insumos para las Unidades de Gestión, como cooperativas, que en la mayoría de los casos pertenecen a los movimientos sociales oficialistas.
El legislador porteño Hernán Reyes
Las partidas presupuestarias son direccionadas hacia los convenios que se firman en la cartera social y su aprobación queda a criterio de los titulares de las secretarías a las que correspondan esos proyectos. Entre ellas destaca la Secretaría de Economía Social que está a cargo de Pérsico.
El pedido del espacio de Carrió le solicita a Tolosa Paz que “informe la totalidad de recursos asignados en el presupuesto del corriente ejercicio que corresponde al devengamiento de los salarios sociales complementarios de los titulares no renovados conforme las proyecciones elaboradas”. También quieren saber si “‘el ahorro’ supone la totalidad de los recursos referidos” y el detalle de los programas -incluyendo subprograma, proyecto, actividad, inciso y monto asignado- a los que se destinará el mencionado ahorro durante el ejercicio 2023.
En otro de los puntos, los dirigentes políticos quieren saber: “Si se han adoptado criterios objetivos para la admisibilidad y ponderación de los proyectos de adquisición de bienes de capital por parte de las unidades de gestión productiva a ser financiados con los recursos disponibles. En caso afirmativo, informar los criterios adoptados”.
Las “Unidades de Gestión” que se mencionan en el pedido de acceso a la información pública son las cooperativas a través de las cuales los titulares del Potenciar Trabajo deben realizar tareas productivas por 20 horas semanales y que dependen de los movimientos sociales.
Por esta razón, se reclama saber “si se ha abierto algún registro de inscripción para las unidades de gestión productiva para la presentación de proyectos para la adquisición de bienes de capital”.
La ministra de Desarrollo Socia, Victoria Tolosa Paz
Uno de los puntos centrales del requerimiento de la Coalición Cívica a Tolosa Paz es la “correcta identificación del destinatario; y copia del Informe técnico respecto de cada uno de los convenios”.
Consultado por Infobae, el legislador porteño Hernán Reyes opinó: “El Gobierno Nacional anuncia como un logro desvincular a 154.441 personas del Potenciar Trabajo y enviar ese ‘ahorro’ a convenios con las ‘unidades de gestión productiva’ para la adquisición de bienes de capital. Esto es plata directa y discrecional para las organizaciones sociales, la mayoría de ellas oficialistas y lideradas por los mismos funcionarios que deben decidir y controlar por el destino de los fondos”. Para Reyes, funcionarios como Pérsico “están de los dos lados del mostrador”.
Desde la CC le dijeron a este medio: “Los convenios de transferencia de dinero a las cooperativas, asociaciones y federaciones son el gran agujero negro del Potenciar Trabajo” y destacan que: “Hacen foco en los titulares, pero se hacen los distraídos con transferencias millonarias a las organizaciones como el Evita y Somos Barrios de Pie”.
El decreto presidencial 728 dispone que el dinero que el Estado no paga a los beneficiarios dados de baja en el Potenciar Trabajo, sea destinado a las Unidades de Gestión y cooperativas de los movimientos sociales
Reyes, por su parte, recuerdó: “Hace meses que estamos insistiendo para ver los convenios de financiamiento con las organizaciones del Movimiento Evita que fueron promovidos por sus propios integrantes en el Ministerio de Desarrollo Social, pero no obtuvimos respuesta”. Y agregó: “Ahí se esconde el dinero de las organizaciones sociales”.
La decisión del Gobierno de diagramar la reasignación presupuestaria para ministerios como Desarrollo Social, Obras Públicas, Salud, Interior y Relaciones Exteriores pone en vilo a los funcionarios de la cartera social que tiene bajo su órbita la distribución de la ayuda social y de todos los programas vinculados a las organizaciones sociales.
En la cercanía de Tolosa Paz evaluaban en las últimas horas si la iniciativa del la jefatura de Gabinete, a cargo de Juan Manzur y del ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, se choca o no con el decreto 728.
Otros dirigentes sociales, en cambio, se aventuraban a especular que sería muy difícil que se deje en las discrecionales manos de Pérsico más de cincuenta mil millones de dólares en un año electoral y en momentos en que el Movimiento Evita se apresta a lanzar, el 17 de marzo, su propio partido político -La Patria de los Comunes- para competir en las PASO del Frente de Todos e intentar competirle de igual a igual a los “barones del conurbano” y a La Cámpora.
Pero, más allá de esta cuestión, que se develará en los próximos días, desde la Coalición Cívica observan con escasa posibilidad que desde la cartera de desarrollo social respondan los requerimientos ya que tampoco lo hicieron con los anteriores.
