El fiscal federal Eduardo Taiano y su colega Sergio Rodríguez solicitaron la citación a declaración a indagatoria del ex ministro de Salud Ginés González García por la aplicación de vacunas del COVID de manera irregular a funcionarios, diputados, periodistas kirchneristas y otras personas en el Ministerio de Salud, en la causa conocida como el Vacunatorio VIP.
El fiscal federal y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, solicitaron a la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, que indague a González García, Alberto Alejandro Maceira, María Elena Borda, Marcelo Ariel Guille y Alejandro Salvador Costa. Entre los delitos imputados, se encuentran el abuso de autoridad y el peculado.
Cuando el expediente fue reabierto hace más de un año -por orden de los Sala I de la Cámara Federal- los jueces comprendieron que la situación no revestía sólo el carácter ético que en su momento alegó Capuchetti para cerrar la investigación: “no permite descartar que sea producto de una conducta ilícita, que -por otro lado-siempre es antiética”, advirtieron los camaristas.
Para los jueces “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.
Con la investigación nuevamente en curso, la misma fue delegada en la fiscalía a cargo de Taiano y con la intervención de la PIA. Después de una sere de medida de prueba, los fiscales redactaron un extenso listado de personas que fueron beneficiadas con la vacuna contra el COVID en un momento en que el acceso a esos medicamentos era prácticamente imposible en el país, y consideraron que era momento de que los imputados den explicaciones ante la justicia.
En otros términos, los representantes del Ministerio Público Fiscal entendieron que los hechos investigados en el marco de la causa corresponden a actos de corrupción. “La corrupción (se cometió) al propiciar la concentración de recursos, desdibujar los fines públicos de las instituciones estatales y desviar el poder hacia intereses privados, estimular el mantenimiento de la discriminación y exclusión social”.
Entonces, añadieron que “la discriminación producto de la corrupción tiene como base el otorgamiento de un privilegio que no es legítimo, ya que busca un beneficio privado con bienes públicos”. Cuando el resto de las personas se ven impedidas o demoradas en el acceso al derecho de que se trate, “la corrupción ha perfeccionado su capacidad de producir esta desigualdad”.
Bajo este entendimiento se determinaron tres hechos específicos por los que deberán responder las personas a las que se pidió que el juzgado llame a indagatoria.
El primero ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando Salud ordenó retirar diez vacunas que estaban asignadas para el Hospital Posadas “para la inoculación de diez personas, que no se encontraban habilitadas para recibir su dosis”.
Con esas vacunas, se inmunizó al periodista kirchnerista Horacio Verbitsky, a familiares del empresario Florencio Aldrey Iglesias, entre otros. La lista completa es “Seza Manukian, Horacio Verbitsky, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Enrique Taiana (ex canciller), Salomón Schachter y Eduardo Felix Valdes (diputado nacional)”.
Al respecto, el Ministerio Público Fiscal indicó que el traslado y aplicación de esas vacunas “se realizaron con recursos humanos y técnicos del Hospital Nacional Posadas”.
De este modo, se entendió que la sustracción de esas dosis de la órbita administrativa legalmente asignada (Hospital Posadas), “provocó que, de forma momentánea, se armara en el segundo piso del Ministerio de Salud de la Nación una especie de centro de vacunación precario”.
Respecto a Ginés González García se recordó que en calidad de Ministro de Salud de la Nación “fue el encargado de instrumentar todas las políticas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia, revistiendo competencias en todo lo inherente a la salud”.
Entre sus funciones debía fiscalizar a los establecimientos sanitarios públicos nacionales y dirigir programas de vacunación: el ministro “mantuvo en todo momento el control general de la distribución y administración de las vacunas”, se indicó en el dictamen.
Al recorrer las categorías impuestas por el propio Ministerio de Salud para la aplicación de vacunas, los fiscales señalaron que las dosis asignadas al Hospital Posadas “no se encontraban destinadas a inocular a otras personas que no integrasen -de manera real y bajo acreditación expresa- otra categoría que no fuera “Personal de Salud o Estratégico”.
El segundo hecho, fue el retiro de cinco vacunas asignadas al Ministerio de Salud para “su traslado al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Alberto Mao, quienes no se encontraban habilitados para recibir su dosis”.
El tercer hecho “comprende la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 (treinta y cinco) vacunas” para vacunar a 23 personas entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 en el Hospital Posadas. Esas personas, dicen los fiscales, fueron “elegidas discrecionalmente y por motivos particulares”, ya que no estaban habilitadas para ser elegidas.
A la hora de ponderar toda la prueba reunida, los fiscales entendieron que el ex ministro de Salud “ordenó ilegítimamente a Alberto Maceira, Director Ejecutivo del Hospital Nacional Alejandro Posadas, que sustrajera 10 (diez) vacunas contra la COVID-19, asignadas a ese efector nacional y las trasladara con su equipo a la sede del Ministerio de Salud de la Nación para la inoculación de diez (10) personas que no estaban autorizadas para recibir esas dosis”.
La elección de las personas “fue por una decisión ilegítima, es decir contraria al bloque de legalidad, y motivada en compromisos y afinidades personales”.
A Maceira, Director Nacional Ejecutivo del mencionado hospital, se le atribuyó haber “ejecutado dicha orden ilegítima y trasladó diez dosis asignadas a ese efecto a la sede del Ministerio de Salud. Para el traslado y aplicación de esas dosis, Maceira se valió de recursos humanos y técnicos del hospital a su cargo”.
El “vacunatorio VIP”
El expediente judicial se inició con la del fiscal Guillermo Marijuan después de una investigación publicada por Clarín dando a conocer el circuito irregular de las vacunas que debían ir sólo a personal de salud o estratégico.
Si bien en el Ministerio de Salud hay un área de enfermería, los fiscales explicaron que no fue acondicionada como tal y no cumplió esa función.
“Lo cierto es que allí funcionó de forma momentánea un vacunatorio precario. No sólo por la forma en que se organizó y se llevó adelante la aplicación de dosis”, indicaron los fiscales Taiano y Rodríguez.
También se le dio esa categoría de vacunatorio precario, porque “desde el Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas se trasladaron los recursos humanos (tanto técnicos como administrativos), material descartable y hasta distinta documentación administrativa que debía entregarse a cada vacunado una vez efectivizada su inoculación”.
