Un abogado presentó a autoridades de la Legislatura un pedido para que se remueva del cargo al legislador José Orellana (bloque Justicialista) luego de que la Cámara de Casación Penal confirmara una condena en su contra por el delito de abuso sexual que habría ocurrido en 2006, cuando era diputado. El famaillense, en tanto, advirtió que la sentencia no está firme, que en instancias anteriores se dictó la falta de mérito y ha sido sobreseído, y cuestionó la ética del letrado que impulsa la sanción.
El escrito contra Orellana fue presentado por el abogado Alfredo Aydar y está dirigido al vicegobernador Miguel Acevedo. En el texto solicita de manera formal que el legislador sea removido del cuerpo colegiado “debido a su inhabilidad ética y moral para continuar ejerciendo el cargo público que desempeña”. Hizo referencia a la sentencia de la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal, que establece una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “No se discute si la condena ya está en su última instancia, sino si el legislador es hábil o inhábil”, aclaró.
“Sostener un solo día más en el ejercicio de un cargo como representante del pueblo a quien se encuentra condenado con confirmación de tribunales superiores resultaría totalmente encaminado hacia la impunidad”, expuso el letrado. “Los hechos involucrados que hacen al sometimiento de una mujer, haciendo uso y abuso del poder conferido, agravados por ser cometidos dentro de la institución, sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de una provincia. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”, añadió.
Facultad constitucional
El artículo 58 de la Constitución de Tucumán advierte que la Legislatura podrá -con dos tercios de los votos- corregir a cualquiera de sus miembros “por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno”. En tanto que en el artículo 132 del reglamento de la Cámara se establece que por indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros se decidirá por una votación sin discusión si hace uso de la facultad que confiere la Constitución. De resultar afirmativa, el asunto pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que proponga las medidas que el caso demande.
Aydar consideró suficiente el fallo para sustentar la solicitud de exclusión del legislador por inhabilidad moral. “Sin ningún lugar a dudas, con esta ratificación de condena, de forma inmediata debe determinarse el apartamiento del legislador Orellana de manera preventiva, siendo que ya no hablamos de una simple denuncia, sino de un proceso analizado por distintos jueces que entienden que el hecho criminal sí existió”, acotó en el escrito.
El 22 de agosto, los jueces de la Cámara Nacional de Casación Criminal confirmaron la sentencia de primera instancia dictada por el juez Federico Salvá condenando al diputado (MC) Orellana, como autor del delito de abuso sexual. La causa fue impulsada por la víctima, Agustina Poch (colaboradora de la Diputada Gabriela Troiano MC) quien denunció haber sido abusada por el parlamentario el 11 de noviembre de 2016, en el interior de su despacho.
“Mi inocencia total”
Al tomar conocimiento de la presentación en su contra en la Legislatura, Orellana expresó a LA GACETA que “el denunciante es un abogado con varios apercibimientos por mala praxis y accionar éticamente reprochable en su práctica profesional”. Señaló que la causa es un proceso que lleva ocho años y que siempre estuvo a disposición de la Justicia, a la vez que recordó que, además de las tres faltas de mérito, fue sobreseído en diciembre de 2019 por la jueza Alejandra Provitola (Juzgado Criminal y Correccional N° 6) al no hallar “ningún indicio ni prueba relevante que pueda romper el principio de inocencia a mi favor”.
El ex diputado cuestionó la “velocidad inusitada” con la que la Cámara de Apelaciones revocó en mayo el pronunciamiento de la primera instancia y elevó el caso a juicio oral. “El juez Ignacio Rodríguez Varela tiene un encono con el peronismo ya que el Senado le había rechazado más de 36 veces su pliego para diferentes cargos que se había postulado”, dijo. Agregó que la sentencia no se encuentra firme ya que quedan pendientes recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La sentencia recurrida está mal fundada en derecho y hechos. Soy totalmente optimista que, después de tantos años de proceso, se ratificará mi inocencia total, como ya ha sucedido en primera instancia judicial”, concluyó.
