Mostrar las cuentas de la Legislatura, conocer el listado de los empleados de bloque y que la información esté disponible en internet. Ese es el espíritu del pedido de acceso a la información pública que el constitucionalista Luis Iriarte presentó en el cuerpo, dirigido a su presidente, el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Pretende conocer específicamente el monto del presupuesto del Poder Legislativo año a año, la dieta de los legisladores y el listado de contratados políticos.
La solicitud de Iriarte se funda en un artículo de la Constitución provincial, reformada en 2006, que fija las tareas del Poder Legislativo. El artículo 67, en su inciso 4, establece que será una atribución de la Legislatura: “fijar para la Administración Provincial el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos que deberá elaborar y someter anualmente el Poder Ejecutivo, como así también fijará e incorporará a éste, su propio presupuesto. Esta incorporación no podrá ser vetada”. El constitucionalista y docente universitario apunta a conocer cómo es el acto de elaboración del presupuesto legislativo y su incorporación.
Consultado por este diario, el vicegobernador aclaró que se enteraba de la requisitoria por LA GACETA. “No he tenido la posibilidad de ver el pedido de acceso a la información que solicita el abogado porque estoy a cargo del Poder Ejecutivo, pero me comentan que ha sido presentado el jueves de la semana pasada, por lo que tiene un día hábil en la Cámara. No obstante así, en los conceptos en los que hace referencia, como la dieta del legislador, es pública así que no es ningún secreto. Si el señor Iriarte no las conoce, las pondremos a disposición”, expresó Jaldo por teléfono. Y agregó: “no tenemos ningún inconveniente en presentarle los presupuestos de los últimos años. En el momento en el que me haga cargo del Poder Legislativo y acceda a esa nota, no tengo ningún problema en responderle al interesado o a quien pregunte”.
Jaldo le respondió al constitucionalista por su requisitoria: “me gustaría preguntarle al doctor Iriarte, que fue legislador, qué proyectos o qué modificaciones ha introducido para mejorar y aportar a la transparencia de la Cámara. Lo invito a que me responda de manera concreta y públicamente cuando él se desempeñó como legislador.
La dieta de los legisladores ya fue objeto de litigio. En 2018, tras más de una década de litigio con la Provincia, Iriarte y su esposa, la también constitucionalista Carmen Fontán, obtuvieron una sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán por una serie de objeciones a artículos de la Constitución provincial de 2006. Los abogados habían apuntado el apartado que faculta al vicegobernador, en su carácter de presidente de la Legislatura, a fijar el monto de la dieta. Con sentencia firme, los emolumentos de los legisladores no pueden ser fijados por el vicegobernador por una resolución interna, sino en sesión.
El pedido
En 10 puntos, Iriarte solicitó que Jaldo precise, año por año entre 2015 hasta 2019 (primer mandato de su vicegobernación), el monto global del presupuesto legislativo que fijó, adjuntando copia certificada de los instrumentos en que se plasmaron esos presupuestos y los rubros y montos aplicados. Requiere que se precise el monto del presupuesto legislativo fijado para 2020. Y que se informe “si la determinación de los montos presupuestarios anuales para el Poder Legislativo, desde 2015 hasta el presente, fueron decididos exclusivamente por el vicegobernador” o si fueron puestos a consideración de todos los legisladores.
Respecto a las dietas de los legisladores, solicitó que se le informe el monto de la dieta, mes a mes, durante la gestión 2015-2019. Solicitó también que esa información sea cargada en la página web de la Legislatura. También requirió que se le informe el monto de la dieta de los legisladores fijada en noviembre y diciembre de 2019, y también para enero de 2020, precisando quién fijó esos emolumentos.
Con respecto a los empleados, el constitucionalista pidió que se le informe y que se publique online “el total de empleados permanentes, transitorios, de bloque y por legislador que se desempeñan o desempeñaron en ése órgano durante 2015-2019, y que se consigne esa información mes a mes. Se deberá precisar nombre y apellido, DNI y remuneración mensual percibida por los empleados y el bloque o legislador al que fueron asignados”.
“Se tenga presente que el silencio a este pedido de informes y de publicación de datos en internet, imprescindibles para la información y participación del elector en los procesos electorales, una vez vencido el tiempo establecido, generará el derecho a accionar judicialmente para obtener una sentencia favorable, con sustancia republicana, que obligue a las autoridades de la Legislatura a dar las respuestas reclamadas”, finaliza el pedido.
