El colectivo feminista “Ni Una Menos Tucumán” realizó un pronunciamiento público exigiendo que se separe a la fiscal Adriana Gianonni de la causa en la que se investiga a Cecilia Ousset y José Gigena, los ginecólogos que realizaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)en el denominado caso “Lucía”.
“Esta persecución no solo es en contra de los profesionales que intervinieron en el caso, si no, en nombre de ellos, de todos los profesionales de la salud que garantizan el acceso al aborto no punible en Tucumán. Confirmarla como fiscal en la causa, no solo pone en peligro a todos los profesionales de la salud, sino a todas las niñas y mujeres tucumanas y perpetúa las violencias y torturas del embarazo infantil forzado”, escribieron en un comunicado.
Al respecto, la abogada Luciana Gramaglio, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM) y del colectivo “Ni Una Menos”, explicó en diálogo con eltucumano.com que “cuando se debatió el proyecto de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Gianonni había puesto en su fiscalía carteles en las que dejaba en claro su postura en contra. Y ahora en esta denuncia no está siendo objetiva, lo hace con la intención ideológica de perseguir a los médicos que garantizan los derechos de las mujeres”.
Cabe aclarar, en este sentido, que la legislación vigente contempla la posibilidad de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en tres casos: 1.- si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2.- si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud como el bienestar físico, mental-emocional y social); 3.- si el embarazo proviene de una violación. Por ese motivo, el “Caso Lucía” se circunscribe en ese contexto dado que la menor quedó embarazada a los 11 años producto de una violación intrafamiliar.
Gramaglio agregó que “creemos que esto no solamente impactaría en los médicos que están siendo investigados, sino en todos los profesionales de la salud que garantizan este derecho. Está amedrentando a todos ellos, y creemos que va a impactar de manera directa en la salud de las niñas y mujeres tucumanas”.
Por último, la letrada señaló que “ya tenemos muchos obstáculos para acceder a derechos en hospitales públicos, y si esta fiscal continua va a repercutir de manera negativa en esto”.
