Un abogado acudió a los tribunales penales para solicitar que se dé inicio a una investigación por la entrega de subsidios por un total $ 15 millones a una veintena de empresarios que organizan bailes y otros eventos masivos.
El denunciante, Gustavo Morales, requirió al Ministerio Público Fiscal (MPF) que determine si el gobernador interino Osvaldo Jaldo incurrió en los posibles delitos de “fraude en perjuicio de la Administración Pública, en concurso ideal con violación de los deberes de funcionario público”.
Según la presentación, se debe investigar un posible “perjuicio patrimonial de $ 15 millones al Estado Provincial”, a partir del dictado del decreto 509/1 del 23 febrero pasado.
“Sin motivación alguna, con el pretexto de ‘presentaciones efectuadas por representantes de entidades de nuestro medio dedicadas a organizar eventos masivos y bailes de carnaval, mediante las cuales solicita que se les otorgue un subsidio’, se considera procedente ‘acudir en ayuda de los mismos, brindándoles la asistencia económica solicitada, en la medida que las posibilidades del Estado así lo permita’ (sic), haciendo entrega de la suma señalada a las personas físicas que se individualizan en dicho instrumento”, apuntó Morales en la denuncia.
Además, asevera que, “sin desconocer las facultades constitucionales y legales de quien ejerce el Poder Ejecutivo, lo cierto es que tratándose de un acto administrativo constituye un requisito esencial el cumplimiento de la ‘motivación’, que son las razones fácticas, técnicas y jurídicas que justifican su dictado; y que además permiten al pueblo conocer la finalidad del decreto para permitir su contralor”.
“En la especie, además de inmotivado, se aprecia que no existe un estudio contable previo ni un dictamen ni siquiera de asesoría letrada que respalde (la decisión)”, añade.
Morales pidió que se incorpore el decreto 509/1 como evidencia en el marco de la investigación, además de la posibilidad de ratificar la denuncia formulada ante la Fiscalía General del Ministerio Público. En principio, el abogado apuntó sólo contra el gobernador en su denuncia.
El instrumento había sido dictado a partir de la decisión del titular interino del Poder Ejecutivo de suspender los eventos masivos en Tucumán, en el marco de la tercera ola de contagios de covid-19 registrada en la provincia por la variante Ómicron. La semana pasada, representantes del sector habían destacado el apoyo estatal, y habían considerado un “gran paliativo para todos aquellos que no pudimos hacer los carnavales”.
Según el decreto consignado en la denuncia, los empresarios beneficiados con las órdenes de pago fueron:
1) Julio Ignacio Heredia, por $100.000;
2) Ricardo José Farías Randisi, por $100.000;
3) Héctor Eduardo Coria, por $50.000;
4) Hugo Mariano Albornoz, por $1.400.000;
5) Alejandro Homero Córdoba, por $500.000;
6) Javier René Farhat, por $500.000;
7) Edmundo Antonio Ortiz Tanco, por $2.750.000
8) Nancy Beatriz Sifón, por $500.000;
9) Andrea Paola López, por $1.100.000;
10) Carlos Eduardo Mesón, por $400.000;
11) Elsa Nora Almirón, por $100.000;
12) Diego Fernando Molina, por $400.000;
13) Víctor Manuel Imperio, por $200.000;
14) Rubén Urueña, por $3.500.000;
15) Abel Domingo Gómez, por $100.000;
16) Julio Rodolfo López, por $200.000;
17) Emmanuel Campero, por $3.000.000;
18) Víctor Sebastián Zamorano, por $100.000.
