Los demoledores datos de pobreza en la Argentina difundidos por el Indec el martes último, entre los que sobresale que casi 6 de cada 10 menores de 14 años están bajo la línea de pobreza medida por ingresos, habilita un análisis sobre la administración de los recursos públicos para paliar esta situación. En otras palabras, es hoy más válido que nunca poner la lupa sobre cuánto y cómo gastó el Estado los fondos destinados a la inversión social en la niñez y adolescencia.
De los datos oficiales, surge que el gasto total destinado ascendió a los $ 969.697 millones, equivalentes a 3,6% del PBI. Pero una importante proporción de esa cifra, casi una tercera parte equivalente a más de 1% del PBI, tuvo carácter excepcional en el marco de la emergencia del Covid-19 y, en principio, no está contemplado que se repita este año.
Se trata no sólo de la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) sino también de los bonos y refuerzos a la AUH o la Tarjeta Alimentar, políticas identificadas para la niñez y adolescencia a los efectos del análisis presupuestario.
Dicho análisis fue actualizado días antes de conocerse la cifra oficial de pobreza por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en cuyo informe se destaca que “en el marco de la pandemia por COVID-19, el Estado Nacional ha implementado una serie de medidas con carácter de excepción para atender los efectos asociados a dicha problemática (como ser el IFE, los bonos especiales otorgados a los beneficiarios de las asignaciones universales y de las tarjetas alimentarias, y los refuerzos a comedores comunitarios en forma de complementos alimentarios, entre los más destacados) y que se encuentran consideradas dentro del total enunciado puesto que se trata de políticas identificadas para la niñez y la adolescencia. Estas erogaciones representaron en conjunto aproximadamente el 1,1% del PBI no encontrándose prevista a priori su reproducción en el año 2021”.
Se sabe ya, al menos hasta el momento no se produjo ninguna modificación en el Presupuesto de este año para habilitar partidas especiales destinadas a paliar las consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, la redistribución de partidas y modificaciones presupuestarias fue previsiblemente la norma durante el año pasado, en virtud de la crisis sanitaria.
Así, se recortan dos datos contundentes respecto de cómo se gastaron los fondos destinados a las políticas enfocadas en niñez y adolescencia, o bien aquellas que la impactan. El primero de ellos es que el Ministerio de Desarrollo Social ejecutó un gasto casi 3 veces mayor al previsto en comedores comunitarios, con un desvío de la meta pautada de 269%, al tiempo que, en modo inverso, el Ministerio de Salud registró una alta subejecución en la política de vacunación prevista en el calendario obligatorio en los que, en ningún caso, superó el 40% de cumplimiento.
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Así se desprende de algunos de los puntos principales analizados por la OPC. A saber:
– A nivel general, se observan desvíos -ejecuciones por encima y por debajo de lo planificado- en el cumplimiento de las metas para todos los organismos como consecuencia de la pandemia por Covid-19. En este contexto se implementaron medidas extraordinarias y de la reorganización de partidas presupuestarias para atender situaciones urgentes o de extrema necesidad, relegando otras funciones del Estado Nacional que no se cumplimentaron de la forma tradicional, ni por métodos alternativos. En el ámbito del Ministerio de Salud, no se alcanzaron en general las metas previstas en el programa de atención de la madre y el niño, destacándose una entrega de leche fortificada un 33,9% inferior a lo previsto y la realización de sólo el 8,3% de las evaluaciones del estado de salud de niños de 1º y 6º grado planificadas.
– En cuanto a la política de vacunación, se cumplieron las previsiones respecto a la distribución de dosis del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la vacunación contra la influenza y la vacunación contra la gripe. Por su parte, las metas físicas sobre vacunación de niños y niñas contra enfermedades previstas en el calendario de vacunación evidenciaron porcentajes bajos de ejecución, sin superar en ninguno de los casos el 40% de lo planificado. El anexo del informe de la OPC incluye el nivel de cumplimiento por vacuna, entre las que se destaca un cumplimiento de apenas 18% y 14,3% en las vacunas Triple Viral niños de 1 año y Triple bacteriana para los de 11 años.
– En el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, la asistencia a comedores comunitarios fue un 268,9% superior a lo previsto y se otorgaron un 35,4% más de complementos alimentarios a comedores comunitarios. Adicionalmente, se cumplió en líneas generales con lo previsto en cuanto a la distribución de tarjetas alimentarias y en la asistencia a comedores escolares. No obstante, las acciones juveniles y el apoyo al plan nacional de primera infancia evidenciaron un cumplimiento inferior a lo previsto.
