Los senadores postergaron los temas a debatir en el Congreso y consolidaron sus dietas en más de nueve millones de pesos en bruto. Al no tomar una decisión respecto a la última resolución de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que venció el pasado 31 de marzo, los ingresos de los legisladores se verán beneficiados por el aumento de 2,7% por enero y febrero, logrado por el gremio de la Asociación del Personal Legislativo (APL), que comanda Norberto Di Próspero.
Los legisladores dejaron pasar el tiempo y cualquier discusión por sus ingresos quedó para un debate futuro, pero en mayo ya estarán recibiendo en mano siete millones de pesos, lo que motivó el reclamo de algunos legisladores, como el caso de José María Carambia, el senador de Santa Cruz, que forma parte del armado político del gobernador Claudio Vidal.
“Hace un mes le presenté una nota a la vicepresidenta de la República Argentina (Victoria Villarruel) rechazando el aumento a los senadores y pidiendo la suspensión de este. Al no ser escuchado y completamente desoído, se ha realizado el aumento igual. Por eso, he decidido que, la mitad de este, un millón de pesos, sea sorteado para ONGs de la provincia de Santa cruz y el otro millón de pesos será sorteado para dos vecinos de nuestra querida provincia de Santa Cruz”, posteó en las redes el senador nacional Carambia, dejando aclarado que el sorteo se realizará el próximo 8 de mayo a las 18.
Otro senador, el cordobés Luis Juez (Pro), le pidió por nota a Victoria Villarruel que “mantenga congelada” su dieta como senador por todo el transcurso del corriente año (2025). Y agregó: “No son momentos para discutir los salarios de la política, todo lo contrario, es precisamente la oportunidad indicada para acompañar el esfuerzo que hace el pueblo en conjunto”, expresó Luis Juez.
La discusión por los ingresos
Hace un año los senadores sancionaron, a mano alzada, una resolución a propuesta del salteño Juan Carlos Romero, por el cual engancharon sus ingresos a los trabajadores del Congreso, calculando sus dietas con base en un sistema de módulos. Cada senador cobra 4000 módulos, divididos en 2500 por dieta, 1000 por desarraigo y 500 por representación. Cada módulo tiene un valor con relación a la escala salarial del trabajador legislativo. Con el último aumento del 2,7%, el monto del módulo es de 2285 pesos. Lo que lleva el ingreso mensual a 9.200.000 pesos por representante de las provincias.
Pero aquella sanción de abril del 2024, y ante el escándalo público que generó, los propios senadores se suspendieron los aumentos hasta el pasado 31 de diciembre. Posteriormente, la mayoría de los bloques parlamentarios le enviaron, en los días previos al cierre del 2024, notas a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, facultándola para detener los aumentos “hasta que se trate este asunto durante las sesiones ordinarias del año 2025″, dijeron. Por tal motivo, la titular del Senado prorrogó hasta el pasado 31 de marzo la resolución DR 27/24 votada en el recinto que congeló las dietas de los senadores.
Pero como los legisladores decidieron no discutir más el tema, incluso, algunos, lo intentaron introducir en la pasada sesión del jueves en homenaje al Papa Francisco, pero en la reunión de Labor Parlamentaria se cerraron esas posibilidades. Vencieron los plazos que estableció Villarruel y se retrotrajo la situación a la primera decisión de abril del año pasado.
Proyectos sobre dietas a discutir
Ante el escándalo por los ingresos de los senadores nacionales, durante el 2024, se presentaron en la Cámara Alta iniciativas tendientes a fijar una posición y de esa manera cerrar el debate.
El senador Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) trabajó en un proyecto para regular la renuncia a las dietas y promover la transparencia y la austeridad en el Congreso. La iniciativa, de siete artículos, establece que los legisladores, sean diputados o senadores, podrán renunciar total o parcialmente a sus dietas mediante una solicitud formal presentada por escrito ante la secretaría administrativa correspondiente.
En sus fundamentos, Paoltroni señaló: “Proponemos una medida concreta de austeridad en las remuneraciones de los legisladores nacionales, adecuándolas a un estándar que refleje las condiciones económicas del país. La dieta legislativa se establece en un monto equivalente a diez jubilaciones mínimas vigentes, un parámetro que simboliza un compromiso ético con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.
Mientras que desde UXP, José Mayans presentó un proyecto para fijar un tope máximo a los haberes de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado, así como de órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional y empresas estatales. También establece límites a la remuneración de las máximas autoridades.
El proyecto fija que las remuneraciones mensuales del presidente, el vicepresidente, los jueces de la Corte Suprema, los senadores, los diputados, el Procurador General, el Defensor General, los consejeros de la Magistratura, los auditores generales, el Defensor del Pueblo de la Nación y el personal del Servicio Exterior no podrán superar los 20 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto.
